El plan fiscal dispone un ahorro de $5.3 millones por el cierre de cuatro instituciones penales, además de las cinco que cerraron ya en el año anterior. (GFR Media) (horizontal-x3)
El plan fiscal dispone un ahorro de $5.3 millones por el cierre de cuatro instituciones penales, además de las cinco que cerraron ya en el año anterior. (GFR Media)

La directora de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila, descartó que la población penal pueda recibir fondos Medicaid, como proponía el administrador de la cubierta de salud correccional contratado recientemente por el Departamento de Corrección y Rehabilitación.

“El preso, cuando único aplica a nosotros, es cuando sale del sistema de corrección”, dijo Ávila, al explicar que la aportación de la ASES se limitaría a ayudarles a preparar una propuesta para solicitar financiamiento del programa de salud correccional del gobierno federal.

El presidente de Physician, Raúl Villalobos, había expresado que proyectaba generar más de $2 millones en economías al sustituir parte de la cubierta médica de los presos con fondos Medicaid. “Tenemos una opinión de que, una vez tenemos a un confinado más de 24 horas en un hospital, puede calificar para esos fondos”, dijo en una entrevista reciente.

Villalobos indicó que pretenden superar la restricción que existe para que los sistemas de corrección estatales accedan a los fondos federales disponibles para los servicios de salud.

Physician pretende, además, lograr ahorros en la compra de medicamentos, particularmente, para los pacientes de VIH, cuyo tratamiento representa el 70% del presupuesto de farmacia. Contempla, para ello, llegar a un acuerdo con el Departamento de Salud para atender a los confinados en sus instalaciones, y así acceder a fondos federales y de organizaciones sin fines de lucro, que están restringidos de otro modo.

El plan fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) obliga al gobierno a hacer recortes por la cantidad de $558 millones a Corrección, en un período de cinco años. En este año fiscal, exigen reducir el presupuesto de la agencia por $44.5 millones, la mayor parte de ello en nómina.

La Junta justifica la reducción al concluir que la proporción de empleados a tiempo completo por recluso (0.84) es la más alta en comparación con los estados.


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