Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal. (Teresa Canino )

El pasado domingo, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) llegó a un acuerdo con una treintena de fondos de inversión para reestructurar la deuda emitida por el gobierno central (GOs, en inglés) y la deuda emitida por la Autoridad de Edificios Públicos (PBA, en inglés).

La Junta alega que el acuerdo pondría fin al proceso de bancarrota bajo el Título III de la ley federal Promesa y que en mayo próximo cumpliría tres años. El acuerdo que pactó el organismo fiscal incidirá sobre el bolsillo de individuos y empresas en todo Puerto Rico, pues este será pagadero con los impuestos que paga al erario.

A continuación, te explicamos qué se acordó.

¿Cómo surge el acuerdo entre la Junta y los bonistas?

El año pasado, la jueza Laura Taylor Swain ordenó a la Junta, inversionistas y aseguradores municipales entrar en un proceso de mediación para definir las controversias que existían entre las partes y establecer un calendario para discutir estas en corte abierta. El Equipo de Mediación, nombrado por Swain, efectuó diversas sesiones de mediación durante la segunda mitad del 2019 y a finales del año pasado, surgió la posibilidad de que la JSF y ciertos bonistas llegaran a un entendido económico que pondría fin a los litigios en curso.

¿Con quién pactó la Junta?

El ente fiscal logró que los dueños de unos $8,000 millones en bonos GOs avalen el acuerdo. Estos son: la Coalición de Deuda Legítima (CDL), el “Grupo Go”, el Grupo de Deuda Constitucional, QTCB y Fir Tree Capital.

También firmaron el pacto, fondos de inversión que antes se oponían a la Junta Fiscal. Entre estos: Aristeia Capital, Aurelius Capital Management (firma que cuestionó la legitimidad de la JSF), Autonomy Capital, Blackrock Advisors, FCO Advisors, Monarch Alternative Capital y Whitebox Advisors, entre otras.

¿Qué gana Puerto Rico con el acuerdo?

Según la JSF, el gobierno reduciría en 64% el pago anual que debe hacer a los bonistas, de unos $4,200 millones a $1,500 millones; reduce el pago de interese y acorta, de 30 a 20 años, el tiempo de repago. La JSF alega que reducirá las obligaciones del gobierno central en 70%, es decir de unos $35,000 a unos $11,000 millones.

Sin embargo, ese ajuste responde mayormente a un recorte de un 98% en $16,000 millones en obligaciones no aseguradas con contratistas y suplidores del gobierno e individuos, así como ciertos bonos emitidos por la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la Autoridad del Distrito de Convenciones (ADC), entre otras. A estos acreedores, la Junta propone pagarles tres centavos de dólar por los servicios o bienes que dieron al gobierno y no ha cobrado.

¿Qué ganan los bonistas y sus asesores?

Si el nuevo RSA prospera, los bonistas que suscriben el pacto recibirán entre 72 y 75 centavos de cada dólar que se prestó al gobierno, independientemente de que estos pudieron comprar sus bonos por 20 o 30 centavos de dólar durante la crisis o de que su acreencia se considerara ilegal por parte de la JSF.

Esa recuperación, que totalizaría unos $11,000 millones en principal, se pagará de la siguiente forma: unos $3,400 millones en efectivo al momento de cerrar la transacción y la diferencia de la acreencia en bonos GOs y bonos subordinados de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina). Los bonistas también reciben la certeza de que su acreencia es válida y que tiene prioridad de pago antes que otros acreedores.

Los abogados y asesores de los suscribientes recibirán $400 millones en comisiones y honorarios.

¿Cuánto tiempo tiene la JSF para presentar este acuerdo al tribunal?

La JSF debe presentar el acuerdo con los bonistas como parte del plan de ajuste (POA, en inglés) enmendado en o antes del próximo 28 de febrero y espera que el plan se confirme para el mes de octubre de este año.

¿Qué pasa si el acuerdo no prospera?

Puerto Rico tendrá que pagar $100 millones a los bonistas por no haber consumado el acuerdo, bajo ciertas condiciones.

El ente fiscal decía antes que parte de la deuda era ilegal. ¿Qué pasa ahora con esas demandas?

El acuerdo establece que la Junta desistirá de la demanda para invalidar unos $6,000 millones en GOs y alrededor de $4,000 millones en bonos PBA. También requiere que la JSF otorgue a estos bonistas prioridad de pago sobre otros acreedores del gobierno.

La JSF alega que continuará con el litigio para invalidar los Bonos de Obligación de Pensiones (POBs en inglés) y las deudas pagaderas con recaudos sujetos a retención o “clawback” y las acciones contra los bancos de inversión que estructuraron la deuda de la isla.

Las acciones de repudio a ciertos GOs y bonos PBA se radicaron en conjunto con el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC). El grupo se opone a que se transe la controversia.

¿Conseguir un recorte mayor en los bonos evitará los recortes en las pensiones?

No. La JSF sostiene que el acuerdo facilitará el pago de las pensiones desde el Fondo General y la creación de una reserva, en caso de que no haya dinero suficiente, para hacer dichos pagos y se permitirá restituir unos $1,300 millones en aportaciones de empleados públicos activos para su retiro.

Como resultado, el recorte de hasta 8.5% a las pensiones de $1,200 o más al mes se aplicará una vez se apruebe el POA, si es el caso y según se acordó con el Comité Oficial de Retirados (COR).

¿Qué participación, si alguna, tiene el pueblo en este proceso?

La aprobación de un POA requiere que las partes o personas afectadas por los recortes o modificaciones a sus derechos se expresen mediante el voto. En ese sentido, empleados públicos, maestros, jubilados, contratistas del gobierno o bonistas podrán votar a favor o en contra del plan, pero solo en el tema que les afecte directamente. Si la JSF llega a esa etapa del proceso, el POA podría ir a votación en la segunda mitad de este año.

¿Se necesita legislación para que este acuerdo se haga realidad?

En principio, sí. Pero la ley federal Promesa establece que la JSF asume el rol de Puerto Rico como deudor. En ese sentido, tocará a la jueza Swain examinar el POA y determinar su razonabilidad. Para efectos prácticos, un plan de ajuste podría ser el equivalente a una ley federal que el gobierno de Puerto Rico podría estar obligado a implementar.


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