Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. (GFR Media)

El Senado irá por encima del veto de la gobernadora Wanda Vázquez a una medida que prohibía a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico realizar cambios al sistema de retiro de la institución.

La legislación que fue rechazada por la mandataria impedía que los miembros del ente rector enmienden el Plan de Retiro de Beneficios Definidos vigente, incluyendo aumentar la edad de jubilación y detener cualquier intención de congelar las aportaciones de los empleados al Fideicomiso de Retiro de la universidad.

En declaraciones emitidas en su cuenta de Facebook, Rivera Schatz dijo que la medida persigue "lo justo y lo correcto".

"La Junta de Control Fiscal (JCF) dijo recientemente que cambiaba su visión sobre los recortes a las pensiones. La JCF dijo que evaluaba no recortes a las pensiones y ahora se opone a la RCC655. ¡Increíble!”, comentó el senador.

De hecho, hace cerca de un mes el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, José Carrión III, indicó que apoyaría frenar el recorte propuesto de pensiones a los retirados ya que la emergencia provocada por COVID-19 trastocó la capacidad económica de Puerto Rico.

Para que la Resolución Conjunta entre en vigor, la Cámara tendría que también ir por encima del veto de Vázquez. En dicho cuerpo legislativo, la medida fue aprobada con un solo voto en contra de José Aponte Hernández.

La Junta de Gobierno de la UPR busca, precisamente, congelar el plan de beneficios definidos para los participantes activos. Igualmente, mantener la edad de retiro para los que han cumplido los requisitos de jubilación, pero aumentándola prospectivamente a 65 años para los demás participantes activos.

También establece un plan de contribuciones definidas para todos los participantes activos, con un pareo de la administración.

Al defender su veto, Vázquez sostuvo que la ley que creó el plan de pensiones de la UPR no identifica un modelo específico y destacó que el total de pensionados supera al total de empleados activos 9,316 a 9,283. Subrayó que una brecha positiva de 5,732 registrada en el 2009 se ha desvanecido.

Indicó, también, que se le debe permitir a la Junta de Gobierno de la UPR tomar “aquellas medidas que entienda necesarias” para garantizar un sistema de pensiones “robusto y seguro”.

“La situación fiscal de dicho sistema de pensiones está entrelazada a la situación fiscal de la UPR como centro docente”, sostuvo Vázquez en su veto expreso de la medida de los representantes Denis Márquez, José Perez Cordero y Luis Pérez Ortiz.

La primera ejecutiva sostuvo al vetar la medida que la deuda actuarial del sistema de pensiones de la UPR es de $4.4 millones y que el estado auditado de la situación financiera de la UPR, afectada ya por las dificultades financieras del gobierno central y un recorte para este año fiscal a su presupuesto de $332 millones, “muestra un panorama preocupante que, en opinión de la firma de auditores Enst & Young, podría ser determinante en la toma de decisiones sobre el modelo, diseño, operación y solventación del sistema de pensiones”, dijo la gobernadora.

De hecho, la asignación proveniente del Fondo General al presupuesto de la UPR continuará reduciéndose de $501 millones en este año fiscal vigente hasta $388 millones en al año fiscal 2023-24, según dispone el plan fiscal certificado de la UPR con la Junta de Supervisión Fiscal.

En el veto expreso se establece que las inversiones a la cartera del sistema de pensiones de la UPR ascienden a $1,400 millones, aunque con un bajo rendimiento reciente. En el 2015, según Vázquez, se esperaba un crecimiento de 7.5%.

“Todos estos cambios en la forma y manera en que se establece la subvención procedente del gobierno suponen un cambio paradigmático para la UPR que la obliga a considerar ajustes a todos los niveles”, sostuvo la gobernadora.


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