El equipo económico del gobierno aseguró que hace lo indecible para contrarrestar los efectos de una economía paralizada. (GFR Media)

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El equipo económico del gobierno que lidia con el COVID-19 opera bajo la premisa de que el actual periodo de cierre de negocios no esenciales y toque de queda se extenderá más allá del domingo, una realidad que le costará al aparato público y a la economía -al menos- $4,000 millones, reveló ayer el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero.

En entrevista con El Nuevo Día, Marrero sostuvo que, si bien el período de encierro que comenzó a mediados de marzo pasado ha probado ser efectivo, la información que maneja el grupo médico a cargo de contener la propagación de la pandemia apunta a que Puerto Rico tiene poco margen para flexibilizar las normas de aislamiento social que entraron en vigor hace cerca de un mes.

Ante esa realidad, dijo Marrero, al equipo económico designado por la gobernadora Wanda Vázquez Garced no le queda otra alternativa que identificar más paliativos para que los grupos y sectores económicos más afectados puedan mantenerse a flote. Marrero sostuvo que el gobierno también intenta entender cómo allegar unos $2,200 millones que estarían disponibles para Puerto Rico a través de la llamada ley federal CARES Act (Coronavirus Aid Relief & Economic Stability).

“En este momento, con los datos limitados que tenemos, todo apunta a que el toque de queda ha sido efectivo, pero faltan picos por alcanzarse... Hay una posibilidad real de que esta situación se extienda con ciertas modificaciones, pero como ha dicho la gobernadora, tomando la salud de la gente como prioridad”, dijo Marrero sin precisar si el gobierno extenderá la cuarentena.

Marrero conversó ayer con El Nuevo Día, luego de que el equipo económico asegurara que hace lo indecible para contrarrestar los efectos de una economía paralizada.

La rendición de cuentas se produjo a través de una transmisión especial a través de la televisión pública, WIPR, en la que salió a relucir que existen múltiples ayudas a empresas, organizaciones sin fines de lucro e individuos, pero el gobierno no da abasto para procesar tales paliativos.

En dicha sesión, Marrero señaló que el costo del manejo de la pandemia del COVID-19 y el impacto económico podría rondar -al menos- $4,000 millones.

Mientras la cifra -que descansa en estimados de Estudios Técnicos- sería casi equivalente a la mitad del gasto presupuestario del gobierno, la parálisis de la actividad económica podría desplomar los recaudos del fisco hasta en $1,600 millones, reveló por su parte, el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea.

El funcionario reveló además que se trabaja en otro paquete de ayuda, con estrategias puntales para atender a sectores particularmente afectados por la pandemia, como sería la actividad turística y la salud.

Sin embargo, Marrero hizo claro que las estrategias en curso o en ciernes no serán suficientes para subsanar la secuela económica de la crisis sanitaria que ya deja 620 casos positivos y que ha cobrado la vida de 24 personas en Puerto Rico.

“Reconocemos que la normalización de la economía va a tomar un poco más de tiempo de lo que vivimos con (el huracán) María. Van a cambiar los patrones de consumo”, dijo, entretanto, Parés Alicea.

Se hacen agua los recaudos

Según el secretario de Hacienda, la posposición de la planilla de contribución sobre ingresos, al igual que la suspensión de la retención de 10% en contratos y del Impuesto a la Venta y Uso (IVU) en los muelles, entre otras medidas, explican lo que será una caída de entre $1,500 millones a $1,600 millones en los recaudos del fisco en los meses venideros.

El equipo económico tiene sus esperanzas cifradas en que el plan económico de $787 millones ayude a paliar la crisis.

Ayer, Marrero y sus homólogos, en el “task force” económico, buscaron acentuar los aciertos del plan y justificar la avalancha de quejas ciudadanas por problemas en los sistemas o centros de llamadas para atender las solicitudes de ayuda.

Hasta ayer, según Marrero, el gobierno central había transferido unos $80 millones a los municipios para ayudarles en la crisis.

Mientras, Parés Alicea indicó que sobre 100,000 cuentapropistas ya tenían en sus cuentas bancarias el estipendio de $500 aprobado para estos.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Laboy, sostuvo que unos 45,000 empresarios solicitaron la ayuda de $1,500 a través del programa Refuerzo Económico. Bajo dicho programa, el gobierno utilizaría unos $60 millones del plan de respuesta económica local.

El funcionario adelantó que conversa con la Aafaf y la Junta de Supervisión Fiscal para asignar más fondos a Refuerzo Económico, y reveló que la agencia recibió otra asignación de $8 millones del Departamento del Trabajo federal que también se hará disponible.

Sin respuestas concretas

En tanto, la secretaria del Trabajo, Briseida Torres Reyes, buscó justificar los problemas que encara esa agencia para procesar las reclamaciones por desempleo.

Sin ofrecer una sola cifra, Torres Reyes indicó que las solicitudes por desempleo han crecido exponencialmente, lo que ha impedido su procesamiento a través del centro de llamadas o la página de internet de la agencia.


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