Mabel Cabeza es una de las personas referidas por la Comisión de Salud. (GFR Media)

La Comisión de Salud de la Cámara de Representantes presentó hoy un informe luego de su investigación sobre el escándalo de compras en el gobierno durante la emergencia por la pandemia del coronavirus que causa el COVID-19.

Once personas son referidas a diversas agencias estatales y federales.

A continuación te detallamos las alegaciones que se desprenden de la pesquisa:

Iris Santos, directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP): según el informe, Santos falló al limitarse a identificar que estaban los fondos disponibles para hacer la compra de $38 millones en pruebas rápidas COVID-19 a Apex General Contractors.

“Entendemos que esto se realizó sin evaluar el procedimiento usado para seleccionar la compañía que previamente se dedicaba a ofrecer servicios de mantenimiento en aires acondicionados al Departamento de Salud y sin tener conocimiento (ni procurarlo) sobre el procedimiento usado para seleccionar la compañía”, lee el informe. La Comisión de Salud concluyó que Santos falló en velar y trabajar correctamente el proceso de compras lo que implica una violación al artículo 263 del Código Penal (negligencia) y el artículo 264 (malversación de fondos públicos.

Alfonso Rossy, secretario Auxiliar de Contabilidad del Departamento de Hacienda: la Comisión de Salud imputa violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, igualmente negligencia, malversación de fondos y violaciones a la Ley de Contabilidad ya que autorizó el desembolso de los $19 millones por adelantado a Apex “sin contar con un expediente que tuviera evidencia que justificara tal concesión”, lee el informe. Rossy tomó esa decisión, según Morales, sin verificar primero si Apex era un suplidor único o sin verificar que escasearan las pruebas.

“Cabe destacar que el propio funcionario reconoció, en vista pública y bajo juramento, haber acatado la instrucción verbal (por vía telefónica) proveniente de Adil Rosa de que realizara el pago por adelantado, por meramente tratarse de una solicitud de una funcionaria del Departamento de Salud”, lee el informe. “Más alarmante aún lo es el hecho de que también haya autorizado el pago del 100% del importe de la factura de 313 LLC, compañía que aún no ha entregado la totalidad de las pruebas y que, al presente existe un pleito en los Tribunales”.

También le achaca a Rossy autorizar el desembolso de $718.5 millones a la empresa “Maitland 175 por un pago indebido de impuestos y también se le señala por utilizar la plataforma de Telegram “como medio oficial de comunicación”.

Segundo Rodríguez Quilichini, miembro del task force médico y rector del Recinto de Ciencias Médicas: la Comisión concluyó que Rodríguez Qulichini se excedió en su ejecutoria de las facultades, deberes y responsabilidades que se le otorgó al Task Force Médico, que se limitaban a realizar estudios, investigaciones y planes estratégicos.

“De ninguna manera, se desprende de los poderes anteriormente enumerados que el doctor Segundo Rodríguez tenía potestad para intervenir en la toma de decisiones sobre qué compras realizara el Departamento de Salud, como lo hizo, al ordenar que se procediera con la compra ascendente a 38 millones de dólares con Apex General Contractors”, lee el informe.

También se le señala brindar asesoría errada “aun cuando el Medical Task Force fue reclutado para ofrecer asesoría a nivel médica”, dice el informe de 141 páginas. Morales se refirió a cómo “quedó demostrado” que el coordinador del Task Force Médico nunca se aseguró que las pruebas de Apex cumplieran -como mínimo- con la aprobación de la Administración Federal Antidrogas, “pero sí se ocupó de conocer cuál sería el precio, disponibilidad y tiempo de entrega, información que no requería de un ente experto para evaluar aspectos relacionados a la salud y seguridad pública”.

“Vemos que se preocupó más por el aspecto de la compra y a quien se le compraba que en verificar qué era lo que se estaba adquiriendo. Denotando así, su intención de influenciar para que el gobierno de Puerto Rico obviara los procesos de compras ya determinados, para obtener el resultado para una empresa particular. Resulta meritorio destacar, que, casualmente, Apex General Contractors fue una de las compañías referidas por el propio Dr. Segundo Rodríguez para realizar negocios con el Departamento de Salud”, sostiene el documento.

Por esa conducta, Morales le imputa a Rodríguez Quilichini cinco violaciones al Código Penal (Negligencia en el cumplimiento del deber, Incumplimiento del Deber, Influencia indebida, Incumplimiento del deber y Usurpación de un cargo público.

Antonio Pabón, secretario de la Gobernación, y Lillian Sánchez, subsecretaria de la Gobernación: según Morales, incumplieron con sus deberes y responsabilidades, particularmente el aspecto de la fiscalización de contratos de servicios profesionales suscritos por agencias y corporaciones en exceso de $10,000 de acuerdo a varios memorandos firmados durante el cuatrienio.

“Ambos reconocieron que no se le está brindado cumplimiento a esta normativa y legislación. Irónicamente, son ellos dos, según designados por la gobernadora de Puerto Rico, los llamados a hacer cumplir dichas normas. Incluso, manifestaron, no haber examinado ningún contrato durante el transcurso de la emergencia a causa del COVID-19, incumpliendo así su deber de asegurarse que las agencias de nuestro gobierno cumplan con el proceso de compras establecido”, lee el informe.

Morales les señaló por incumplir con la Ley Promesa, la cual le confiere a la Junta de Supervisión Fiscal la autoridad de revisar y aprobar los contratos del gobierno.

Ambos pudieron haber sido negligentes en el cumplimiento del deber y haber violado la Ley de Ética Gubernamental “en lo que constituyen las funciones y deberes que acarrean sus cargos”.

Morales aprovechó la redacción del informe para sostener lo sorprendido que está con que, según él, “funcionarios de esta alta jerarquía en nuestro Gobierno… han declarado haber desobedecido nuestro estado de derecho”.

Mabel Cabeza, exfuncionaria del Departamento de Salud: la Comisión de Salud concluyó que, a pesar de haber cesado funciones en el Departamento de Salud, “continuaba interviniendo en los procesos de compra” de Salud y que, a pesar de que dijo bajo juramento que no intervenía en las compras de la agencia, la Comisión de Salud tuvo acceso a evidencia que la desmintió como requerimientos de cotización al empresario Ricardo Castro y a representantes de Apex enviados por ella.

“Mabel Cabeza utilizaba su poder para revertir decisiones de despidos en el Departamento de Salud, como lo fue el de la Anaís Lacaustra Ortiz, así como presionar para que se efectuaran contrataciones, muy en especial, la de su hermana Lumary Cabeza en la Administración de Seguros de Salud y que se le aumentara el salario a ésta de $50 a $85 la hora cuando el mismo no procedía, por ser contrario al contrato existente entre Manpower y el Departamento de Salud”, lee el informe.

Según Morales, Cabeza pudo haber violado el Código Político, haber cometido perjurio, ejercer influencia indebida, usurpar un cargo público y e intervenir indebidamente en operaciones gubernamentales.

“Su testimonio ante nosotros fue mendaz, con pleno conocimiento de lo que estaba haciendo, y con el firme propósito de engañar a los funcionarios electos que la componen”, lee el informe donde también se le imputa a Cabeza.

Juan Maldonado, abogado de Apex General Contractors: según la Comisión de Salud de la Cámara, Maldonado pudo haber cometido falsedad ideológica en varias instancias cuando le indicó al Departamento de Salud que Apex General Contractors era el distribuidor exclusivo en Puerto Rico de las pruebas de Covid-19, cuando incluyó un opúsculo con el logo de la empresa Promedical sin ser el representante de esa compañía en Puerto Rico y cuando se identificó como representante legal de Apex y de Robert Rodríguez.

“De los testimonios vertidos ante nos, y de la evidencia documental en poder de la Comisión, estas aseveraciones resultan ser falsas y,posiblemente, emitidas, con la intención de defraudar al gobierno de Puerto Rico, para obtener un beneficio económico para sí, o para terceros”, lee el informe donde se describe la transacción de $38 millones como “un proceso atropellado desde el principio hasta el final”.

La solicitud que le hiciera Maldonado a Rodríguez López y al también empresa Aaron Vick para que le proveyeran imágenes de sus respectivas firmas para ser utilizadas en la documentación que se presentaría ante del Departamento de Salud, la promesa de que las pruebas llegarían a la isla en cinco días, la solicitud de un pago por adelantado de $19 millones denotan “lo que aparenta ser una transacción fraudulenta desde su inicio”, según Morales.

A juicio, Maldonado pudo haber cometido fraude cuando ofreció la entrega de las pruebas “sin tener la certeza de que los materiales que iban a proveer tenían la calidad técnica para poder ofrecer el resultado esperado: ayudar al Pueblo de Puerto Rico en su desesperada lucha contra el COVID-19”, lee el informe.

Según Morales, Maldonado pudo haber violado la Ley Notarial, haber cometido falsificación, perjurio y haber violado los cánones de ética de la abogacía al haber otorgado una declaración jurada sin la presencia del otorgante cuando autorizó una Resolución Corporativa de Apex certificándola cuando Rodríguez López dijo ante la misma Comisión de Salud que él no había firmado el documento.

Robert Rodríguez, presidente de Apex: Morales indicó en su informe que no le confirió valor probatorio al testimonio de Rodríguez y consideró que actuó en concierto y común acuerdo con Maldonado “para defraudar al gobierno de Puerto Rico”. Le señala haber cometido fraude, falsedad ideológica y falsificar documentos.

“Muestra de ello es el hecho de que le haya provisto su firma para la transacción donde se utilizaría su compañía para contratar con el gobierno, de igual forma, le envió un cheque de su empresa aun conociendo que en las transacciones con el gobierno de Puerto Rico los cheques se solicitan para la emisión de pagos. Además, examinamos copia de los mensajes de texto que intercambiaron Juan Maldonado con Robert Rodríguez en los que aparentan (con insensibilidad) estar celebrando el que le aprobaran la orden de compra y los millones de dólares que iban a ganar con la venta”, lee el informe

También se le imputa a Rodríguez tener conocimiento de los documentos presuntamente fraudulentos que presentó a Salud, pero no refirió el asunto a las autoridades.

“No obstante, sí se preocupó por realizar las gestiones que le hubieran otorgado un beneficio económico, que fue comunicarse con su banco para darle seguimiento a la transferencia de los $19 millones”, sostuvo Morales.

Ricardo Vázquez, presidente de 313 LLC: Morales lo señala por no reconocer que le indicó falsamente al Departamento de Salud ser el principal contactoen la isla de la empresa Zogen-Genética Molecular cuando supuestamente reconoció que no existe un contrato que lo identifique como tal.

Según Morales, esa situación pudiera implicar falsedad ideológica.

Además, señala a Vázquez por no responder a múltiples preguntas realizadas por la Comisión de Salud durante la vista pública en que participó como revelar la ganancia que obtuvo 313 LLC por la venta de pruebas, si conocía a Maldonado y si ostenta participación o relación con varias empresas distintas a 313 LLC.

Según Morales, esta conducta refleja una violación al artículo 298 Negativa de testigos a comparecer, testificar o presentar evidencia a la Asamblea Legislativa o a las Legislaturas Municipales.

Guarina Delgado, exayudante del comisionado de Manejo de Emergencia José Burgos: según la Comisión de Salud, ella firmó el contrato para adquirir el millón de pruebas a Apex” sin tener conocimiento de cuál fue el proceso llevado a cabo durante el transcurso de la transacción y en total desconocimiento si el mismo se había llevado a cabo de la manera adecuada”, lee el informe.

Ottmar Chávez, exadministrador de Servicios Generales: según la Comisión de Salud, a pesar de ser el administrador de la Administración de Servicios General, resultó estar “enajenado de cuáles son las leyes y reglamentos aplicables a los procedimientos de compras en el gobierno”. Según Morales, Chávez preparó una carta circular designando un nuevo procedimiento de compras y subastas de bienes, obras y servicios profesionales, obviando disposiciones de la ley orgánica de la dependencia.

“De esta forma queda evidenciado su intento de desvirtuar la sana administración de fondos del gobierno de Puerto Rico”, lee el informe, donde se le imputan violaciones al Código Penal como negligencia, malversación de fondos públicos y violaciones a la Ley de Contabilidad del Gobierno.


💬Ver 0 comentarios