Los casos más recientes de Valerie Ann Almodóvar y la desaparición de Rebeca Roldán Nieves no han sido descartados por la Policía como unos relacionados a la violencia machista. (GFR Media) (semisquare-x3)
Los casos más recientes de Valerie Ann Almodóvar y la desaparición de Rebeca Roldán Nieves no han sido descartados por la Policía como unos relacionados a la violencia machista. (GFR Media)

El año pasado culminó con la muerte de 23 mujeres por violencia de género, y se convirtió así en el año con el mayor número de feminicidios desde el 2011, cuando asesinaron a 25 mujeres.

La cifra oficial del 2018, sin embargo, podría alcanzar o sobrepasar la registrada en 2011 con el esclarecimiento de varios casos aún bajo investigación, como el asesinato de la joven teatrera Valerie Ann Almodóvar y la desaparición de Rebeca Roldán Nieves. En ninguna de esas pesquisas, la Policía ha descartado el móvil de violencia machista.

Sumamente impactante la cantidad de asesinatos de mujeres en el 2018 y, sobre todo, cómo se disparó el asunto luego que no se declarara el estado de emergencia que se estaba solicitando”, expuso Mariana Iriarte, profesora de Derecho y Estudios de Género.

A pesar de los retos, voces expertas coinciden en que hay opciones -que se pueden generar tanto desde el Estado como desde las organizaciones que trabajan con este sector- para que la escalofriante cifra no se repita en el 2019.

Lo anticiparon

Para Edda López, secretaria de Asuntos de la Mujer y Género del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el 2018 se perfilaba como uno violento contra las mujeres desde el último trimestre del 2017, cuando el país enfrentó el impacto del huracán María.

No obstante, a pesar de que organizaciones y portavoces de la academia advirtieron lo que se avecinaba, el gobierno no fue efectivo al ejecutar medidas cautelares, criticó López.

Destacó que estudios de entidades como la Organización Mundial de la Salud posteriores al paso del huracán Katrina por Nueva Orleans, en el 2005, y el tsunami de Indonesia, en el 2004, revelaron que las mujeres quedan en una posición de más riesgo tras un desastre natural.

Esa situación se replicó en Puerto Rico.

El aumento del desempleo, la pérdida de vivienda, la carencia de servicios básicos se tornaron en estresores que dejaron a las mujeres en situaciones de extrema vulnerabilidad. “Desde el principio, no hubo una medida para evitar el alza en violencia de género y agresiones sexuales... y ahora estamos viendo las consecuencias”, señaló López.

En total, fueron 51 las mujeres asesinadas el año pasado, incluidas las 23 víctimas de violencia de género. Esa cifra representa 18 más que los casos registrados en 2017, cuando 33féminas murieron en incidentes violentos.

“Desde la oficialidad, se debería tener el poder para trabajar la crisis porque se tienen las leyes, los recursos y el mandato, pero no hay voluntad para hacerlo”, subrayó López.

“Aquí, una de las cosas que veo es que se plantean los problemas, se le pide explicación al gobierno, y el gobierno habla desde lo que pensaría es lo que el pueblo querría escuchar y no desde la realidad. Nos está pasando una crisis en la vivienda de las mujeres, en los cuidos, en los trabajos, en el desplazamiento”, sostuvo López.

Pocos esclarecimientos

Este año, la tasa de esclarecimientos de asesinatos alcanzó solo el 23%, según estadísticas oficiales de la Policía provistas a El Nuevo Día. En años previos, la tasa de esclarecimientos rondaba el 30%. Esta baja se ha atribuido, en parte, al éxodo de unos 1,000 agentes en el 2018.

Esta situación -aunque no está atada exclusivamente a los casos de violencia de género- tiene un impacto directo en las mujeres víctimas de este u otro tipo de manifestación de violencia.

“Al no tener una cultura de investigaciones, esclarecimiento y convicción de las agresiones sexuales, se crea un ambiente de impunidad y permisividad... básicamente los casos de agresiones sexuales que se están esclareciendo son aquellos que fueron cometidos por familiares”, dijo López, al insistir en que esa es una de las áreas a trabajar.

¿Cuál es el impacto en las mujeres víctimas?, se le preguntó.

“Llega el momento en que me miran y me dicen: ‘voy a dejar que esto se caiga y que me mate porque mi mamá o mi hermana pueden criar a los nenes’... No es solo lo que viven, sino que ven cómo el sistema las degrada”, relató López, quien acompaña a mujeres sobrevivientes.

Propulsores de violencia

Para la licenciada Johanna Pinette, coordinadora del proyecto Mujer de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), los próximos 12 meses deben servir también para reflexionar sobre las acciones que, por años, se han impulsado desde el aparato gubernamental contra las mujeres.

Medidas como el Proyecto del Senado 950, que pretende limitar el derecho al aborto, y las enmiendas que se proponen al Código Civil extienden a otras esferas el ataque que ya viven en la calle diriamente las mujeres, argumentó Pinette.

“No necesitamos la aprobación de medidas restrictivas a nuestros derechos”, aseveró.

Pinette, sin embargo, reconoció varios avances, como los frentes que se crearon desde diversos espacios para reclamar un cese a la violencia de género. “Hemos reclamado que esto tiene que ser una campaña educativa desde los niños. Hay que incluir la perspectiva de género en las escuelas. Lo hemos hablado hasta la saciedad y, por alguna razón, se entiende que no es tan importante”, mencionó.

Este cuatrienio se han aprobado varios estatutos, como la Ley 16-2017, que promueve igual paga por igual trabajo en busca de justicia salarial a las mujeres; la Ley 18-2017, que brinda más seguridad a víctimas de violencia doméstica; la Ley 81-2018, que crea el Maletín Empresarial de la Mujer, y las enmiendas a la Ley de Protección a las Madres Obreras, que extienden los beneficios cobijados por el estatuto a toda mujer que labore bajo contrato de servicios.

Medidas a emular

Aunque hay quienes sugieren replicar iniciativas que han resultado efectivas en otros países, como el desarrollo de una estructura separada del Estado que recopile estadísticas más detalladas sobre temas de género, Iriarte planteó que hay que tener cautela, ya que pudieran resultar en prácticas que no respondan a las particularidades de Puerto Rico.

Señaló, igualmente, que no se puede validar el discurso de esta administración de que el problema de la violencia de género no es exclusivo del Estado. “Es sumamente problemático porque deja de atender el asunto desde un punto de vista estructural a uno individual, y sabemos que esto es un tema de cómo se construyen las relaciones entre hombres y mujeres, donde ellas quedan en una posición subordinada”, puntualizó Iriarte.

Se habla de la promulgación de nuevas políticas públicas desde la Asamblea Legislativa, pero Iriarte advirtió que podría terminar siendo letra muerta.

“Puedes hacer política pública, pero si no cuestionas las relaciones de poder, son políticas públicas para las mujeres, pero no realmente son transformadoras en término de la equidad. El patriarcado ha cogido las necesidades e intereses de los hombres y los ha puesto como si esa fuera la norma”, sostuvo Iriarte.

Además de unirse al reclamo a favor de la educación con perspectiva de género, Iriarte dijo que hay que cuestionarse la función de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) y su alineamiento con la “política pública del gobierno”.

Otros aspectos identificados fueron la necesidad de desarrollar estadísticas más específicas que, entre otras cosas, permitan crear estrategias, y enfocar el problema en lo que viven las mujeres como consecuencia de su género.

De la misma forma, debe establecerse un proyecto educativo sobre la importancia de la defensa de los derechos humanos, iniciativa que ha resultado en México, resaltó López.

“Aquí, todo es demasiado bancario y paternalista, en términos de que yo dicto y otro ejecuta. Pero tiene que salir de las experiencias y del lenguaje de la mujer”, agregó.

Momentos difíciles

El recorte presupuestario y la normalización de la violencia en sus diferentes manifestaciones fueron dos de los mayores retos que enfrentó la OPM, indicó la procuradora Lersy Boria.

La eliminación de sobre $1 millón a la procuraduría limitó la fiscalización que viene a ejecutar la agencia, reconoció Boria, al asegurar que se están tomando medidas paraallegar nuevos recursos y establecer acuerdos colaborativos que le permitan maximizar sus funciones.

“No podemos sentarnos a mirar a futuro, sino que tenemos que asumir la realidad como ciudadanos. Fue un tema retante, pero en estos seis meses de trabajo ha habido mucho compromiso, mucho voluntariado e inclusión a todo el que quiere llegar a la erradicación de la violencia”, expuso.

Entre los logros de la OPM, Boria mencionó la identificación de los fondos y un local para establecer un albergue en Ponce durante el primer trimestredel 2019, la apertura de la sala especializada de violencia doméstica en eltribunal de esa ciudad y el inicio de una academia de intercesoras legales.

Sobre los planes para este año, Boria mencionó el desarrollo de una campaña educativa que se concentre en el agresor y no en la víctima.

“Queremos atender el aspecto del agresor y la rehabilitación para que no sea reincidente”, explicó la procuradora.


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