El director de investigación del CNE, Deepak Lamba-Nieves, y Raúl Santiago-Bartolomei, investigador asociado del CNE. (Suministrada)

Para septiembre de 2017, cuando los huracanes Irma y María se asomaban por el Caribe, en el registro federal de licitadores, conocido por el acrónimo de SAM, había 3,246 compañías puertorriqueñas, de las que 1,104 (34%) estaban capacitadas para atender desastres naturales.

Pese a la significativa cantidad de empresas aptas para dar servicios al gobierno federal, solo 276 (8.5%) fueron en algún momento contratadas por el gobierno estadounidense para manejar algún aspecto del desastre natural provocado por el paso del huracán María por Puerto Rico, según un análisis del Centro para la Nueva Economía (CNE) basado en los datos publicados por el portal del gobierno federal USA Spending.

Esta información contradice algunas versiones en las que se alegaba que en Puerto Rico no necesariamente existían los recursos suficientes para atender la devastación provocada por los ciclones y, por eso, se optó reiteradamente por adjudicar contratos a empresas estadounidenses, en lugar de compañías locales como exige la ley orgánica de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), explicó el director de investigación del CNE, Deepak Lamba-Nieves en un encuentro con periodistas en la sede de la organización en San Juan.

Un informe del CNE de septiembre de 2018 evidenció que cerca del 90% del gasto en contratos federales asociado al huracán María fue a parar a empresas estadounidenses sin operaciones ordinarias en la isla. Esta distribución del origen de las empresas contratadas apenas ha variado desde entonces, precisó Raúl Santiago-Bartolomei, investigador asociado del CNE.

Esta aparente preferencia en la otorgación de contratos a empresas estadounidenses podría responder a que las agencias federales tienen a unir iniciativas bajo un mismo proyecto o contrato, abultando el volumen de trabajo y requiriendo que las compañías tengan altos niveles de flujo de efectivo para desarrollar las obras en lo que el gobierno federal inicia a desembolsar fondos.

“Tanto FEMA como el Cuerpo de Ingenieros tienen a aprobar contratos grandes. Si das un contrato grande, puessolo un puñado de empresas tienenla capacidad (para ejecutar el contrato)”, dijo Lamba-Nieves.

La actualización de este análisis con los contratos federales asociados al huracán concedidos en el último año fue anunciada hoy por el CNE junto a la publicación de una versión depurada de los datos publicados USA Spending en la que se agrupan los contratos asociados a la emergencia ciclónica que vivió Puerto Rico.

Lamba-Nieves explicó que este tipo de análisis solo se ha podido hacer con el portal de datos estadounidense, que no incluye aquellas contrataciones entabladas por el gobierno puertorriqueño o los municipios usando fondos federales de la reconstrucción.

Esos contratos otorgados a nivel estatal o municipal, en teoría, deberían estar publicados en el portal de la Oficina de la Contralora. Sin embargo, el sistema está ordenado de manera que no se puede distinguir entre aquellos acuerdos legales asociados al huracán y los que responden a las operaciones ordinarias del gobierno central, las corporaciones públicas o los municipios.

Otras fuentes de información, como los portales del Departamento de la Vivienda local y la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, que contienen datos asociados específicamente a la emergencia y la reconstrucción, no contiene la información suficiente para llevar a cabo este tipo de análisis a nivel local, explicó Lamba-Nieves.


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