El senador novoprogresista Héctor Martínez se propone radicar en enero un proyecto que flexibiliza el carácter punitivo de la nueva Ley de Armas, considerada por expertos como una que incluye las penas más severas en su categoría en el mundo.
Como condición para convertir el proyecto del Senado 1050 en ley, la gobernadora Wanda Vázquez Garced insistió en que se incluyeran en el nuevo estatuto, que firmó el 11 de diciembre, las penas de la antigua Ley de Armas (Ley 404-2000).
Martínez indicó que solicitará una reunión con Vázquez Garced para discutir esta y otras medidas que planifica impulsar a partir de enero, cuando arranque la última sesión legislativa del cuatrienio.
En medio del proceso legislativo se incluyeron al proyecto 1050, en parte por solicitud de la Sociedad para la Asistencia Legal, penas menores a las de la Ley 404-2000, se eliminó el concepto de la presunción y se incluyó el beneficio de que los convictos pudieran beneficiarse de programas de desvío. Sin embargo, en la nueva ley 168-2019 se mantuvieron las penas, la presunción y se insistió en que las penas se cumplieran de manera consecutiva con infracciones a otras leyes o artículos del Código Penal.
El Senado sí logró incluir un lenguaje que le permite al convicto ser elegible para disfrutar de beneficios otorgados por la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) tras cumplir con el 75% de la prueba impuesta.
Martínez sostiene que hay estadísticas que apuntan a que una persona bajo la supervisión de la JLBP es menos propensa a cometer un delito que un exconvicto forzado a cumplir la totalidad de su sentencia.
Conoce más: Los nueve cambios más importantes de la nueva Ley de Armas
“Estoy redactando una medida a los efectos de que el juez tenga la discreción de imponer la sentencia que corresponda, tomando en consideración el informe presentencia y que no sea de forma automática”, dijo Martínez a El Nuevo Día. “Que se vea caso a caso… creo que las penas deben guardar proporción con el delito y, en este caso, veo que las penas (de la Ley 168-2019) son muy altas”.
Por ejemplo, en el artículo 6.05 de la nueva ley se dispone que toda persona que “porte, transporte o use” cualquier arma de fuego sin tener licencia será sancionado con una pena de reclusión fija de 10 años “sin derecho a sentencia suspendida o a disfrutar de los beneficios de algún programa de desvío, o a cualquier alternativa a la reclusión conocida en esta jurisdicción”.
La pena mínima por vender armas de fuego a una persona sin licencia es de 15 años fijos y la pena mínima por la venta de municiones a personas sin licencia será de cinco años.
“No estoy diciendo que si te cogen con un arma de fuego no cumplas, es que cumplas de acuerdo con el delito cometido”, dijo Martínez al presentar el escenario hipotético del dueño de un negocio que, ante una ola de robos en su comunidad, decide comprar un arma ilegal o un ciudadano que ha sido blanco de amenazas y no puede darse el lujo de esperar porque se complete el trámite de una licencia de arma de fuego.
“La visión del sistema de justicia no debe ser la imposición de penas altas, porque se ha demostrado que eso no es un disuasivo al momento de la persona cometer un delito. Entonces, al insistir en penas altas demuestras que no tienes fe en los programas de rehabilitación que pueden existir en los sistemas penales, máxime cuando eres primero ofensor”, dijo Martínez.
El senador por acumulación indicó que haber mantenido el concepto de las presunciones en la nueva ley “abre las puertas para especular”.
“No creo que sea justo especular sobre la comisión de un delito”, sostuvo el legislador.
Las presunciones se incluyen en el artículo 6.26 de la Ley 168-2019. Entre otras cosas, dispone que la posesión de un arma de fuego por una persona que no tenga licencia “se considerará evidencia prima facie de que dicha persona posee el arma con la intención de cometer delito”. Además, se dispone que la presencia de un arma de fuego o de municiones en cualquier vehículo robado también constituye evidencia de que “todas las personas que viajaren en tal vehículo” poseían el arma de manera ilegal.
