El director ejecutivo de la AEE, José Ortiz (extrema izquierda), hizo énfasis en el uso del gas natural mientras se hace una transición hacia fuentes renovables de energía. (semisquare-x3)
El director ejecutivo de la AEE, José Ortiz (extrema izquierda), hizo énfasis en el uso del gas natural mientras se hace una transición hacia fuentes renovables de energía. (Teresa Canino)

A pesar del insistente impulso para alcanzar –en un período de cinco años– un 60% de producción de energía a base de gas natural, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Ortiz, pareció ponerle punto final ayer al Aguirre Offshore Gasport.

“Yo no soy proponente del Aguirre Gasport. Yo creo que sería afear y destruir un hábitat precioso que yo lo usaría mejor para desarrollo turístico… no construiría el Aguirre Gasport”, sostuvo el funcionario tras concluir la vista de la Comisión Especial de Energía del Senado, donde se discutía la política pública y el marco regulatorio que regirían la venta de los activos de la AEE.

Durante su comparecencia, Ortiz insistió en que, para bajar el costo energético a corto plazo y ser competitivos, urge comenzar a sustituir el uso del petróleo con gas natural.

Además de la conversión a gas natural de las unidades generatrices cinco y seis de San Juan, indicó que para noviembre estaría haciendo peticiones de propuestas para la conversión de la planta de Mayagüez que, actualmente, opera con diésel.

“Mientras más energía renovable, mejor, pero dentro de unas bases realistas”, dijo el presidente de la Comisión Especial de Energía, Larry Seilhamer.

A preguntas de la prensa, Ortiz descartó la construcción del Aguirre Offshore Gasport y aseguró que el proyecto no es necesario para la transición que propone.

“(El proyecto) es carísimo. Yo creo que la Autoridad no puede seguirse envolviendo en inversiones de capital de esa magnitud. Yo no lo veo ocurriendo”, insistió.

Hace dos semanas, el grupo de estudio Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (Ieefa) afirmó que es equivocado y sospechoso el nuevo impulso que buscan dar las autoridades de Puerto Rico y Estados Unidos al uso de gas natural para la producción de electricidad en la isla.

“Si vamos a tener un combustible en la isla en lo que vamos moviéndonos a lo renovable, ese va a ser el combustible. ¿Que puede durar 20 a 30 años? Sí”, planteó el titular de la AEE sobre el gas natural.

Ingrid Vila, en representación de la organización Cambio –entidad que investiga y promueve el desarrollo de políticas sustentables para Puerto Rico– cuestionó la “nueva era del gas” que, dijo, “perpetúa la irresponsabilidad ambiental y social de la era industrializada”.

La exsecretaria de la Gobernación bajo la administración de Alejandro García Padilla cuestionó la realización del intercambio legislativo cuando ya la dirección de la AEE “está tomando decisiones que impactan severamente el futuro energético, poniéndole una soga al cuello con inversiones significativas en gas natural”.

“Lo que nos fuerza la ingeniero Vila es a reconocer que existen unos cuestionamientos de para qué estamos haciendo este ejercicio”, señaló Eduardo Bhatia, portavoz popular del Senado.

Sobre 40 organizaciones e instrumentalidades participaron en la vista pública.

Deben revaluarse

Ortiz les propuso a los legisladores también que se revalúen los subsidios que se otorgan actualmente. Sostuvo que prefiere invertir en bajar el costo energético que en continuar otorgando estos alivios.

Para los años fiscales 2016, 2017 y 2018 el costo de los subsidios y créditos alcanzaron los $56, $53 y $42 millones, respectivamente.

Estas cifras no incluyen los costos del consumo a los municipios, alumbrado público y tarifa fija para residenciales públicos que para el año fiscal 2016 ascendieron a $61, $100 y $30 millones, respectivamente.

Los subsidios que se les otorgan a las personas encamadas deberían mantenerse, expresó Ortiz.

El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, dijo que si esta y otras propuestas se hubiesen aplicado a través de los años, la Autoridad estaría en una mejor posición económica y ofreciendo al consumidor un precio más accesible.

“Obviamente, frente a un escenario así, la persona que llega está en mejor condición de establecer un precio distinto en el momento”, indicó el líder obrero.

Otro cuestionamiento llevado a la vista pública fue que el proceso se realizara sin una pieza legislativa radicada a la que pudieran responder los deponentes.


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