El Comité Oficial de Retirados (COR) radicó ante la jueza Laura Taylor Swain objetar las reclamaciones de pago que radicaron los bonistas de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) por entender que estos no tienen derecho sobre ninguna fuente de repago de sus acreencias.
Justo cuando Swain tiene ante su consideración un recurso de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) para determinar qué acciones y de qué forma podrá demandarse a quienes contribuyeron al colapso financiero de la isla, el COR planteó al tribunal que el reclamo de los bonistas de la ASR no procede, pues la escritura de los Bonos de Obligación de Pensiones (POBs en inglés) establece claramente que estos no pueden requerir el pago de esa deuda de otra fuente que no sean las aportaciones patronales al pago de pensiones.
El reclamo del COR radicado ayer trasciende a aquel que hace unas semanas presentó el UCC y que buscaba anular las reclamaciones de pago que se han radicado hasta la fecha en el caso de la ASR.
La deuda de la ASR por concepto de los POBs ronda unos $3,100 millones.
En este caso, el COR -el grupo nombrado por el Síndico de Estados Unidos para renegociar la deuda de la isla- pide anular no solo aquellas reclamaciones contra la ASR sino cualquiera otra que hayan radicado los dueños de los POBs contra el gobierno central si estas buscan que el gobierno les pague de cualquier otra fuente de fondos que custodie el erario.
El COR agrupa a representantes de diversas asociaciones de jubilados del sector público y en el agregado, es la voz de unos 167,000 pensionados del sector público.
El COR basa su pedido en el lenguaje de la escritura de los POBs y que establece que dichos bonos “no son una obligación del gobierno de Puerto Rico o de ninguna de sus instrumentalidades o divisiones subpolíticas”.
“Estas reclamaciones son nulas y no exigibles contra el gobierno central porque no hay, en lo absoluto, base contractual para que los bonistas de la (ASR) puedan tener una reclamación contra el gobierno y todas esas reclamaciones deben eliminarse o no tienen mérito”, indicó el COR en su recurso, suscrito por los abogados Robert Gordon, de Jenner & Block, y A.J. Bennazar-Zequeira, del estudio legal Bennazar, García & Millán.
El reclamo del COR supone un nuevo desarrollo en la disputa por los POBs y se produce luego de que los bonistas de la ASR parecieran marcar el paso en la controversia.
El año pasado, la jueza Swain determinó que los bonistas de los POBs no eran acreedores asegurados porque los trámites que los bancos de inversión y abogados que estructuraron esa deuda no se perfeccionaron en el Registro de Transacciones Comerciales. Ese fallo fue revocado por el Circuito de Apelaciones hace poco más un mes, foro que autorizó a los bonistas de la ASR a renovar sus reclamos. Tras el fallo favorable, los bonistas de la ASR reanudaron sus exigencias y han solicitado tomar el control de la ASR, un reclamo todavía por definirse.
Ahora, el reclamo del COR abre la puerta para la anulación de los POBs y a esos efectos, el grupo solicitó a Swain aprobar un proceso para determinar cómo se dirimirá la controversia.
Swain decidió este miércoles que a raíz del pedido del COR, los temas procesales relacionados a la invalidez de la deuda se discutan en la audiencia general de junio próximo.
