La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal, Natalie Jaresko. (GFR Media)

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) informó a la gobernadora Wanda Vázquez Garced y a los presidentes legislativos que no daría paso a una medida legislativa que asignaría $123 millones al Departamento de Educación para costear el pago de terapias y evaluaciones para estudiantes de Educación Especial, pues la movida va en contra de los lineamientos del Plan Fiscal certificado y de la ley Promesa.

En una carta enviada el martes, la directora ejecutiva del ente fiscal, Natalie Jaresko, detalló que el presupuesto certificado para el Departamento de Educación para este año fiscal asciende a $2,400 millones, lo cual aumenta a unos $4,000 millones cuando se incluyen las asignaciones federales. Aunque la JSF creó el presupuesto del gobierno para este año, Jaresko destacó que los usos específicos que se le daría a la mayoría de los fondos los determinaría Educación en conjunto con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

“De este modo, cualquier reducción hecha al presupuesto del programa de Educación Especial fue determinado únicamente por el Departamento de Educación y OGP, no por la JSF. Además, es difícil entender cómo una porción tan significativa de los ahorros que se esperaba que Educación alcanzara pudieron haber caído sobre ese único programa, en vez de en áreas detalladas en el Plan Fiscal certificado, como compras”, lee la misiva.

A principios de agosto, el secretario asociado de Educación Especial, Eliezer Ramos Parés, dio a conocer que esa oficina sufrió un recorte millonario en su presupuesto, particularmente en las partidas dirigida al pago de servicios directos para los estudiantes con impedimentos y condiciones de salud. La reducción fue de unos $100 millones al compararlo con el presupuesto del año pasado, por lo que Ramos Parés estimó que podrían operar si se asignaban $123 millones adicionales.

No obstante, Jaresko sostuvo que el ente fiscal ha determinado que Educación tiene unos sobrantes de años fiscales anteriores que puede utilizar. Tanto el secretario asociado de Educación Especial como el secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, rechazaron este argumento.

Hernández Pérez destacó que solo han identificado un sobrante de $23 millones de fondos estatales del año fiscal pasado, los cuales solicitarán usar este añopara Educación Especial.

“Nosotros estamos haciendo cortes dramáticos para lograr economías, pero como quiera va a haber una necesidad”, indicó Hernández. “Si la Junta de Supervisión Fiscal estima que la niñez de Puerto Rico no es importante, que sean ellos los que le digan esto al pueblo”, agregó.

En cuanto a los fondos federales, la JSF ha detallado que hay más de $300 millones que la agencia no usó en años anteriores. Sin embargo, estos son fondos restrictos para ciertos usos en las escuelas y no se pueden destinar para las terapias de estudiantes de Educación Especial, sostuvo Ramos Parés.

Hernández Pérez precisó que aunque el presupuesto consolidado de la agencia ronda los $4,000 millones, Educación solo puede disponer realmente de unos $1,253 millones luego que se descuentan los fondos federales con usos restrictos y se cumple con los pagos ordenados por legislación estatal, como sería el caso de las pensiones de los empleados, entre otros.

“La Junta nuevamente falta a la verdad cuando establece que el Departamento de Educación cuenta con un presupuesto que es más que suficiente para atender todos lo que nosotros atendemos”, indicó el secretario, al detallar que la reducción presupuestaria es de $173 millones al compararlo con el año pasado.

El secretario sostuvo que no ha tenido una reunión con miembros de la JSF o su directora ejecutiva para discutir las necesidades económicas de la agencia. Al momento, personal del ente fiscal se ha reunido con directivos de Educación Especial y han solicitado información financiera a varias oficinas de la agencia, destacó Ramos Parés.

“La Junta de Supervisión Fiscal no me brindó a mí esa oportunidad y tomó una decisión unitaleral y son ellos los que le tienen que contestar al pueblo cómo tomaron esa decisión. No tengo problema en sentarme con ellos a discutir exhaustivamente el presupuesto”, expresó Hernández.

El portavoz de la JSF, Edward Zayas, indicó que el ente fiscal no ha cerrado la puerta a reunirse con funcionarios de Educación para encontrar una solución a la falta de fondos para Educación Especial.

El pasado 19 de agosto, el Senado aprobó una resolución de la autoría del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, para asignar los $123 millones a Educación Especial. La medida aún no ha sido discutida por la Cámara de Representantes. Jaresko detalló que, de ser aprobada por la Asamblea Legislativa, violaría disposiciones de Promesa y “la JSF hará cumplir los mandatos de Promesa”.


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