La secretaria de Educación, Julia Keleher, durante la vista que realizó la Comisión de Derechos Civiles.  (GFR Media) (horizontal-x3)
La secretaria de Educación, Julia Keleher, durante la vista que realizó la Comisión de Derechos Civiles. (GFR Media)

La Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico concluyó que el proceso de cierre de escuelas “lesionó” el derecho a la educación de los estudiantes del sistema público.

El organismo, en esencia, no se opone a los cierres, sino que recomienda que se otorgue un año de moratoria al proceso de cierres.

“Se lesionó el derecho a la educación de los niños y niñas del sistema público al llevar a cabo un proceso desorganizado y sin orientación ni consulta”, indica el informe de la Comisión.

La determinación surgió a raíz de una querella iniciada por la Asociación de Maestros de Puerto Rico en contra del Departamento de Educación (DE).

La Comisión señaló que “no se dio un peso adecuado al criterio de aprovechamiento académico para el cierre de escuelas”, particularmente en la asignación de estudiantes por maestros, “ignorando las deficiencias en el aprovechamiento académico de las y los estudiantes que el sistema público ha padecido por décadas”.

También expone que no se consideraron los efectos en los estudiantes de Educación Especial ni las condiciones socioeconómicas de los estudiantes y los efectos por el “aislamiento de éstos de las comunidades a las que pertenecen”.

De igual manera, apuntó que el DE rechazó los planteamientos de la Asociación de Maestros, comunidades, estudiantes, padres, alcaldes y la Asamblea Legislativa para tomar en consideración criterios adicionales en el proceso del cierre de escuelas.

“Se violaron derechos de las y los estudiantes de educación especial y de sus padres y madres al no darle participación”, agregó.

“La ley federal IDEIA establece la obligación del Departamento de Educación de asegurar que los padres, madres o encargados de las y los estudiantes de educación especial participen u formen parte del grupo que tome las decisiones sobre su ubicación”, agregó. “Igualmente requiere que los padres, madres o encargados participen en todas las reuniones en que se lleve a cabo la identificación, la evaluación y la ubicación del estudiante de educación especial”.

La Comisión también destacó que el DE no ha sido consistente en aplicar el criterio de 85% de ocupación de los planteles, pues la agencia ha optado por cerrar escuelas escuelas en regiones donde se ha alcanzado esa proporción.

“Respaldamos la recomendación de la Asociación de Maestros para que el Departamento de Educación provea una moratoria de un año que permita un proceso ordenado”, afirmó el informe.

Considera que la posposición del proceso permitirá que “se consideren las opiniones de los miembros de la comunidad escolar, incluyendo al estudiantado a los padres y madres de estudiantes, a las maestras y maestros, al personal administrativo y al no docente, a la comunidad y a los alcaldes y alcaldesas en las determinaciones de qué planteles escolares se cierren, cómo y cuándo se llevan a cabo los cierres”.

En ese sentido, recomendó que se lleve a cabo un proceso de transición dividido en fases o etapas, desde consultas a las partes afectadas, hasta la orientación de los traslados.

En las mismas conclusiones, la Comisión denunció que la “negación de servicios y las actitudes hostiles contra los padres y madres ha tenido un impacto negativo sobre la calidad de vida de las familias de estudiantes con condiciones especiales de aprendizaje”.

Antes de emitir el informe, el organismo realizó varias vistas públicas con la Asociación de Maestros, líderes de organizaciones que representan a estudiantes y padres, y la secretaria de Educación, Julia Keleher, junto con otros funcionarios de la agencia.

El DE proyecta cerrar 265 escuelas, aunque la clausura de varios planteles está detenido por una orden judicial.

Reacciona Educación

El reaccionó a través de declaraciones escritas. Indicó que no podía comentar sobre el contenido del informe, pues su personal todavía evaluaba el informe.

No obstante, alegó que la Comisión ya tenía una postura formada antes de recibir los argumentos del DE.

Sostuvo que al comparecer ante la Comisión “la posición del organismo con respecto a la controversia era clara”.

“La agencia (DE) se reafirma en que ha estado implementando los procesos de transformación de acuerdo al plan y la logística que se había establecido a la luz de la realidad fiscal, de las necesidades de mejorar las condiciones y el ambiente académico y de optimizar el uso eficiente de los recursos del sistema”, expuso.

Añadió que “el proceso estuvo basado en datos que fueron ponderados y respondió a la necesidad urgente de atender la consistente reducción en la matrícula que había producido una considerable despoblación de los planteles escolares”.

También aseguró que “el Departamento de Educación ha trabajado con sensibilidad para hacer ajustes en algunas determinaciones en las distintas etapas de la implementación de los procesos”.

Conformes los maestros

La presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz, catalogó el informe como una confirmación de las denuncias que ha realizado el gremio desde que se anunciaron los cierres.

“Están cometiendo una barbarie contra los componentes que dan razón de ser al DE, los niños, los maestros y sus progenitores. No hay forma de dar una educación de calidad cuando los gerentes del Departamento creen que se trata de mercancías que puedes moverlas de un lugar a otro”, mantuvo Díaz.

La sindicalista reconoció que los niños de educación especial son los más afectados en estos procesos.

“Había que tomar en cuenta las necesidades particulares de cada estudiante porque con estos procesos se afectan todos. Sabemos que el DE no pudo presentar evidencia que sostengan estas acciones porque no tienen las tienen, no tienen justificación”, puntualizó Díaz.


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