José Carrión y Natalie Jaresko. (GFR Media)

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha dado a la administración de Wanda Vázquez Garced poco más de una semana para que envíe a la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) unos $21.9 millones en retenciones a miles de empleados públicos y que no se han remitido a la agencia o se expone a ser referido a las autoridades por posibles actos de apropiación ilegal.

En una misiva con fecha del 21 de febrero, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, indicó al director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, que en o antes de la semana próxima se asegure de enviar a la ASR, el dinero retenido a los empleados que trabajan en seis corporaciones públicas y 15 municipios. La carta también se envió a Vázquez Garced y a los presidentes legislativos.

“Si estos balances adeudados no se remiten por los respectivos patronos, en su totalidad, a la (ASR) para el 6 de marzo, la JSF va a referir este asunto a ambos departamentos de Justicia, de Estados Unidos y Puerto Rico, para el más amplio procesamiento permitido bajo la ley”, reza la carta de Jaresko.

La carta de la JSF se produjo luego de que la Aafaf enviara al organismo fiscal el informe de pagos al sistema “PayGo” y de aportaciones individuales a sus planes de retiro.

Luego de que se aprobó la Ley 106 de 2017, que fue el estatuto para asegurar el pago de las pensiones y para que el dinero de los empleados públicos destinado a la jubilación no se utilizara en otros fines, la JSF requirió a la Aafaf informar los pagos que cada agencia debe enviar a la ASR.

El informe correspondiente al 18 de febrero pasado establece que la Administración de Servicios Médicos (ASEM), la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), la Junta de Calidad Ambiental (JCA), la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), la Corporación de Seguro Agrícola (CSA) adeudan $21.1 en dinero que retuvieron del salario de los trabajadores.

De igual forma, según el documento, 15 municipios adeudan otros $884 millones. Casi la mitad de esa deuda recae en los municipios de Ponce, Arecibo y Yauco.

El retraso en enviar el dinero retenido a los trabajadores para su jubilación no es nuevo. En abril del año pasado, la JSF escribió al gobierno para requerirle que cumpliera con la Ley 106, señalando iguales deficiencias.

El año pasado, el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, firmó la Ley 29 para eximir a los municipios de las aportaciones al sistema “PayGo”, un estatuto que la JSF busca anular en el tribunal. Pero la Ley 29 no eximió a los municipios de enviar el dinero que retiene a los empleados municipales cada quincena. Como parte de la Ley 106, las agencias deben enviar las aportaciones de los trabajadores a la ASR para que estos a su vez, puedan invertir ese dinero a través de sus cuentas de retiro.

“El mal manejo de las contribuciones (al retiro) que los empleados se ganaron con tanto esfuerzo (y retenido) de los cheques de los trabajadores del gobierno es antiético, inmoral y potencialmente ilegal”, indicó Jaresko al también requerir al gobierno que confirme la cifra de aportaciones no enviadas y planes específicos para poner fin al incumplimiento.

La retención de dinero devengado por un trabajador por parte de su patrono y que está destinado para el pago de impuestos, el seguro social, retiro o cualquier otra obligación suele considerarse como un acto de apropiación, según el estado de derecho vigente.


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