La directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko. (semisquare-x3)
La directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko. (Juan Luis Martínez Pérez)

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó de manera unánime una nueva versión del plan fiscal de la Universidad de Puerto Rico que incluye nuevos cambios demográficos que reducen la matrícula y establece una nueva estructura para las pensiones para los jubilados del sistema público de educación superior.

La directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, explicó que el nuevo documento mantiene las reducciones en las aportaciones que hace el gobierno central a la UPR hasta llegar a los $389 millones para el año fiscal 2024. Para el 2018, esa aportación era de $879 millones, cifra que cubría cerca de dos terceras partes de los gastos del sistema.

Del mismo modo, se mantienen los aumentos en los costos de las matrículas a nivel graduado y subgraduado y se eliminan la mayoría de las exenciones, incluyendo las que reciben los familiares de los veteranos, los familiares de empleados de la UPR, los atletas y los alumnos en actividades extracurriculares especiales. Se mantienen las exenciones por matrícula de honor, por servicio militar y por trabajo en asistencia de profesores. La eliminación de estas exenciones es prospectiva por lo que no afecta a los estudiantes que ya tienen estos beneficios.

Según Jaresko, el plan está estructurado de modo que los alumnos de escasos recursos tengan acceso a la educación superior. Indicó, por ejemplo, que un estudiante que se matricula en 12 créditos al semestre le sobrará $1,000 anuales si recibe la beca Pell completa. Dijo, además, que se estarán estableciendo fondos de becas adicionales y que, en el peor de los casos, los estudiantes tendrían que trabajar a tiempo parcial para poder cubrir todos sus gastos.

“Tal vez algunos estudiantes tengan que trabajar a tiempo parcial. Yo lo hice cuando estuve en la universidad”, dijo Jaresko durante una conferencia de prensa en las oficinas de la JSF en Hato Rey.

La funcionaria indicó que el nuevo documento, que establece la ruta fiscal del sistema hasta el 2024, es distinto al recomendado por la Junta de Gobierno de la UPR debido a que algunas de las deficiencias detectadas no fueron corregidas por los directivos universitarios.

La directora de la JSF indicó que con los cambios que se proponen en el plan fiscal se podrá aumentar la facultad del sistema en 3% cada año. Del mismo modo, Jaresko indicó que las medidas evitarán el cierre de recintos y asegurará el pago de pensiones.

Esa seguridad en el cheque de los jubilados de la UPR, sin embargo, dependerá de que se cambie el sistema a uno de  contribuciones definidas (similar a los planes de pensiones en el sector privado conocidos como el 401k) y una reducción o recorte a los beneficios acumulados por los retirados.

El plan fiscal proyecta que, a partir del año fiscal 2021, la UPR tendría superávits primarios que variarán entre los $3.1 millones y $20.7 millones. Este sobrante primario, sin embargo, se eliminaría si la UPR comienza nuevamente su deuda tal y como fue contraída. Jaresko indicó que actualmente el gobierno negocia con los acreedores de la UPR una reestructuración bajo el proceso voluntario del Título VI de la Ley Promesa.

El presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Walter Alomar, manifestó hoy que no había recibido todavía la nueva versión del plan fiscal certificado por la Junta.

“La Administración no puede emitir ninguna expresión al respecto en este momento por no contar con la información requerida para hacerlo de manera responsable”, sostuvo Alomar en declaraciones escritas.

El funcionario también descartó que la administración de la UPR haya incumplido con alguna disposición del plan fiscal anterior o con los requerimientos de información que ha hecho la JSF o las firmas acreditadoras de educación superior.

Según Jaresko, la UPR no emite con regularidad toda la información fiscal que necesitan y retrasó la puesta en marcha de los aumentos en la matrícula para los estudiantes graduados.

Este tipo de decisión dijo la directora ejecutiva de la JSF, tiene el potencial de complicar la situación financiera del sistema universitario y, a la larga, provocar decisiones difíciles como ocurrió recientemente con la clausura del periódico Diálogo.

El gobierno, sin embargo, alega que no cerró este periódico, sino que se trata de un producto en línea que ahora se trabaja desde el recinto de Arecibo de la UPR y no en Río Piedras, donde está la principal escuela de comunicación pública del sistema.


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