En la foto, el presidente y la directora ejecutiva de la Junta fiscal, José Carrión y Natalie Jaresko, respectivamente. (GFR Media)

Tal como anticipó El Nuevo Día, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha llegado a un nuevo acuerdo con la Coalición de Deuda Legítima (CDL) y ciertos fondos de inversiones dueños de los Bonos de Obligación General (GOs, en inglés), repudiados por el organismo fiscal.

El acuerdo ha sido revelado esta noche por la JSF y debe ser notificado a la jueza Laura Taylor Swain, quien preside los casos de Título III de Puerto Rico.

De inmediato, la gobernadora Wanda Vázquez Garced indicó que no respaldará el acuerdo.

El nuevo acuerdo reduciría la deuda pública de la isla en aproximadamente 70% y tomaría 20 años en pagarse, indicó esta noche en declaraciones escritas el presidente de la JSF, José B. Carrión.

“Este nuevo acuerdo es otro paso adelante para Puerto Rico, uno que lleva a la isla más cerca de salir de la bancarrota”, agregó por su parte, Natalie Jaresko, directora ejecutiva del organismo.

En septiembre pasado y luego de llegar a acuerdos con el Comité Oficial de Retirados (COR), el sindicato Servidores Públicos Unidos (SPU) y la CDL, la JSF radicó un plan de ajuste (POA) con el objetivo de reducir dos terceras parte del principal adeudado en bonos en el gobierno central, la AEP y los bonos de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) y la Autoridad del Distrito de Convenciones (ADC). En total, el POA busca ajustar unos $35,000 millones en bonos vigentes.

Aquel plan contemplaba que los bonistas dueños de GOs emitidos por el gobierno antes del 2012 y de bonos emitidos por la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) cobrarían unos 64 centavos de dólar. Los bonistas con GOs emitidos a partir de ese año hasta el 2014, podrían evitarse la batalla en el tribunal, aceptando cobrar entre 35 y 45 centavos de dólar.

Según el parte de prensa de la JSF, el nuevo acuerdo provee un recorte promedio de 29 centavos de dólar y pone fin a los planes del organismo fiscal de impugnar la deuda considerada ilegal.

Tras darse a conocer el acuerdo, Matt Rodrigue, asesor financiero de la CDL y ejecutivo de Miller Buckfire indicó que el pacto alcanzado -que deja sin efecto, el entendido alcanzado el año pasado- representa “un importante paso adelante para que Puerto Rico salga de la quiebra sobre una base financiera sólida”.

“Además de reducir la deuda pendiente del (ELA) en, aproximadamente, $24,000l millones, el acuerdo acorta por diez años el plazo para el pago de la deuda y pone un límite al servicio anual de la deuda que mantendrá los pagos en o por debajo del 9.16% de los ingresos del gobierno”, sostuvo Rodrigue, quien antes ayudó a viabilizar la reestructuración de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

Mientras la JSF y los bonistas destacaban los méritos del acuerdo, la gobernadora Wanda Vázquez Garced dio un giro de 180 grados y rechazó, de plano, lo acordado.

En septiembre pasado, la mandataria favoreció el POA presentado por la JSF aunque dijo mostrar preocupación por el impacto en los empleados jubilados del gobierno, quienes estarían sujetos a un recorte de hasta 8.5% en sus pensiones.

“Tras analizar cuidadosamente los términos de este nuevo acuerdo y en vista de que la (JSF) se negó a mejorar el trato a los pensionados en el mismo, mi gobierno ha determinado no unirse a dicho nuevo acuerdo según sus términos actuales”, indicó Vázquez Garced.

Reviven los Cofina Junior

El pacto con los bonistas constitucionales, sin embargo, revive el instrumento de deuda subordinada de Cofina, por lo que parte de la recuperación de los bonistas de GOs será pagadero con los ingresos del Impuesto a la Venta y Uso (IVU).


💬Ver 0 comentarios