El presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, José Carrión (horizontal-x3)
El presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, José Carrión. (GFR Media)

Mientras la jueza Laura Taylor Swain rechazaba el pedido del gobierno para que validara su presupuesto en lugar del certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el organismo federal determinó que el gobernador y todas las agencias de gobierno tendrán que consultarle antes de aprobar cualquier regla, reglamento u orden ejecutiva.

La nueva Política de Reglas, Reglamentos y Órdenes de la JSF, que el organismo federal identifica como “Política de RRO” requiere que en lo sucesivo, la Junta apruebe “ciertas reglas, reglamentos, órdenes administrativas y órdenes ejecutivas” antes de que el gobierno emita tales disposiciones.

La política RRO fue dada a conocer el martes, justo cuando la jueza Laura Taylor Swain -quien preside los casos de Título III- decidía que la JSF tiene poder para imponer su presupuesto, aunque las facultades del organismo federal no son lo suficientemente amplias como para exigir la aprobación de leyes o la derogación de otras.

Según la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, la nueva política “ayudará en la rendición de cuentas de todos los responsables de ayudar a Puerto Rico a lograr la responsabilidad fiscal, recuperar acceso a los mercados de capital, reestructurar la deuda pendiente y regresar al crecimiento económico”.

La disposición de la JSF, apunta de entrada a otro posible flanco de confrontación con la administración de Ricardo Rosselló Nevares, que ha decidido recurrir al foro apelativo tras el revés que recibió de parte de la jueza Swain.

De acuerdo con la declaración emitida por la JSF, la autorización previa a las órdenes ejecutivas que emite el gobernador o a la reglamentación que se adopta en agencias y corporaciones públicas de gobierno busca que no se adopten disposiciones contrarias a los planes fiscales vigentes. Particularmente, la JSF tendría vela en “asuntos relacionados con transacciones propuestas para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), asuntos relacionados con la gerencia y operación de la Oficina del Principal Oficial Financiero (CFO, en inglés), asuntos relacionados con la adecuación del tamaño del gobierno y las instrumentalidades cubiertas—incluyendo aquellos relacionados a compras, contrataciones, compensación o beneficios de los empleados—entre otros”.

Condiciones previas en proyectos críticos bajo el Título V

De otra parte, la JSF determinó que en lo sucesivo y cuando se trate de proyectos de desarrollo para los cuales el gobierno -sean agencias o corporaciones públicas- convoque a un proceso de solicitud de propuestas (RFP, en inglés), la empresa interesada en obtener la clasificación de proyecto crítico bajo el Título V de Promesa, tendrá –primero- que haber sido seleccionado en ese proceso de competición para desarrollar las obras. La disposición no aplicará en el caso de proyectos a desarrollados por iniciativa municipal.

En el caso de los proyectos de generación de energía con miras a ser vendida a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la JSF estableció que tales proyectos deben contar con un acuerdo de compra de energía (“PPOA”, por sus siglas en inglés) suscrito por la AEE y aceptado válidamente bajo el Título III de Promesa para luego ser considerado bajo el Título V de Promesa.

El Título V de Promesa establece que proyectos críticos para restaurar el crecimiento económico o que sean esenciales para atender la infraestructura de la isla reciban un tratamiento expedito en el proceso de permisos.

Esto es un ajuste en el proceso que hemos establecido para la consideración de potenciales Proyectos Críticos bajo el Título V que está justificado en términos de transparencia y eficiencia cuando se trata de proyectos públicos”, indicó Jaresko.

La ejecutiva agregó que sería “ineficiente” que un proponente de un proyecto que requiera un contrato o una concesión de RFP del gobierno busque las ventajas que provee el estatuto federal antes de haber obtenido la adjudicación requerida por el gobierno, pues ello podría dar a ese proponente una ventaja no intencionada sobre los competidores en el proceso de licitación.


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