Los contratos de Nydia Cotto Vives con la Adsef comenzaron en septiembre de 2009. En octubre de 2010 fue confirmada al Panel del FEI. (GFR Media) (semisquare-x3)
Los contratos de Nydia Cotto Vives con la Adsef comenzaron en septiembre de 2009. En octubre de 2010 fue confirmada al Panel del FEI. (GFR Media)

La presidenta del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), Nydia Cotto Vives, figura entre los testigos que los fiscales de esa entidad podrían presentar en el proceso por corrupción que llevan contra el exjefe de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), Esteban Pérez Ubieta, cuya vista preliminar continúa mañana en el Tribunal de San Juan.

Según el expediente judicial de este caso, Cotto Vives figura como una testigo entre la treintena que pudiese declarar en el proceso que está ante el juez Rafael Taboas.

Si los fiscales especiales decidieran sentar a declarar a Cotto Vives, sería en el contexto de sus labores como asesora de esa agencia, función que desempeñó desde septiembre de 2009 hasta el 2012, y no por que tenga alguna relación con los delitos imputados al exfuncionario.

En octubre de 2010, Cotto Vives fue confirmada como presidenta del Panel. La Ley del PFEI no impedía ese tipo de contratación de asesoría ni para los miembros de Panel ni para los fiscales especiales independientes.

Como parte de su labor como asesora, la funcionaria mantuvo comunicación con el Departamento de la Familia para explicar el proceso de evaluación y selección de lo que Adsef llamaba agencias delegadas, que son compañías privadas contratadas para ofrecer servicios que encaminaran hacia la autosuficiencia a los participantes del Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF).

Las presuntas irregularidades en la contratación de estas compañías fueron las que desencadenaron la radicación de cargos contra Pérez Ubieta y su mano derecha, Elaine Porrata Toro.

En entrevista con El Nuevo Día, la presidenta del Panel señaló que su inclusión en la lista de potenciales testigos obedece únicamente a que ella, si fuera necesario, podría autenticar una comunicación que tuvo con Pérez Ubieta con la única finalidad de editar un documento que él había redactado.

“No conozco nada de los hechos”, mencionó la exjueza delTribunal de Apelaciones, quien aclaró que ni ella ni los fiscales podían abundar sobre el caso porque no ha llegado todavía a la etapa de descubrimiento de prueba.

Aunque reconoció que, desde el 2016, este diario reportó detalles sobre sus contratos con la Adsef, en esta ocasión, Cotto Vives atribuyó la divulgación de la información sobre sus servicios de asesoría con esa agencia a la cercanía de la presentación de cargos contra la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, y a un interés externo -que no identificó- en desacreditar la figura de la OPFEI. La vista contra la titular de Justicia es este viernes.

Las denuncias en Adsef

Pérez Ubieta y Porrata Toro están imputados por, entre julio de 2010 y marzo de 2012, supuestamente fabricar documentos e intervenir con las operaciones gubernamentales con el propósito de aparentar que se cumplió con el procedimiento para contratar servicios y limitar la competencia abierta para favorecer a las compañías Torna Sol Inc., y Platinum Advisors Corporation. Ambas contrataciones conllevaron el desembolso de $1.7 millones de fondos públicos.

Platinum es presidida por el exrepresentante del Partido Nuevo Progresista (PNP) Pedro Figueroa y Torna Sol, por Dana W. Cruz Pérez, quien dirigió la oficina de Desarrollo Económico del Municipio de San Juan durante la administración de Jorge Santini. Ni las empresas ni sus dueños están imputados de delitos.

Suspicacia ante acciones de Cotto Vives

La presentación de cargos contra los exdirectivos de Adsef fue el resultado de una auditoría de la Oficina del Contralor (OCPR). Ese análisis también propició que la contralora Yesmín Valdivieso, quien al igual que Cotto Vives fue nombrada por el exgobernador Luis Fortuño, enviara en el 2014 una comunicación al entonces secretario de Justicia, César Miranda, en la que advertía que habían “detectado ciertas situaciones que podrían constituir violaciones a la Ley del PFEI”.

Las presuntas violaciones que expone Valdivieso no están relacionadas directamente con los delitos que se le imputan a Pérez Ubieta y a Porrata Toro, sino a la posible incompatibilidad de las funciones que hacía Cotto Vives como asesora de la Adsef y lo que exige la Ley del PFEI a los miembros de ese ente. Además, planteó la posibilidad de conflictos y de acciones impropias en su función como persona a cargo de la agencia de procesamiento criminal de funcionarios públicos.

Entre esos sucesos, está una comunicación a través de correo electrónico que Cotto Vives contestó a Pérez Ubieta, a raíz de un mensaje que el entonces administrador de la Adsef le envió a Grace Grana, quien era la segunda en mando en la secretaría de la Gobernación comandada por Marcos Rodríguez Ema. Este diario tiene copia de esas comunicaciones electrónicas.

En un correo del 19 de noviembre de 2010, Grana le preguntó a Pérez Ubieta si había entregado los documentos que le requería la asesora legal del Departamento de la Familia, Ileana Inserni, sobre el proceso seguido para contratar las agencias delegadas. Los mensajes dejan ver la existencia de fricciones entre el exadministrador de Adsef y la jefatura del Departamento de la Familia, comandada entonces por Yanitsia Irizarry.

En la vista preliminar contra Pérez Ubieta ha trascendido que Inserni exigía que la Adsef le evidenciara todo el proceso seguido para esas contrataciones.

Porrata Toro declaró en corte que ordenó crear algunos documentos falsos para hacerle creer a Familia y a la Oficina del Contralor que todo estaba bajo cumplimiento, pero que, en realidad, ni Platinum ni Torna Sol entregaron a tiempo sus propuestas ni fueron examinadas por el comité evaluador creado en la agencia para considerar las ofertas para brindar servicios bajo el programa TANF.

Pérez Ubieta le contestó a la subsecretaria de la Gobernación ese mismo día -19 de noviembre- que se envió copia de lo requerido y mencionó el supuesto esfuerzo realizado para que Familia se incorporara al proceso.

Cerca de una hora después de enviar ese mensaje a Grana, Pérez Ubieta le escribió a Cotto Vives y a Diego Robles, quien también era asesor del jefe de la Adsef. Ese correo llevaba como asunto (subject) “Le debo enviar copia a Marcos… Ddespués de todo el recomendó a Platinum y Tornasol..!”

Cotto Vives contestó ese mensaje con una breve orientación de cómo organizarlo para que fuera conciso y evitara ser ambiguo.

“Si ya lo enviaste a Marcos, no hay problema. Si no lo has enviado, me atrevería a sugerir que el lunes imprimas los mensajes de texto y hagamos una comunicación a Marcos y se los anejamos”, señaló la presidenta del Panel.

Luego, le aconsejó no enviarlo durante el fin de semana porque “no lo va a resolver y me imagino que Marcos, con tantos problemas de las distintas agencias, se querrá desintoxicar un poco del agobio de la semana”.

Donativos requeridos a los proveedores

La carta de la contralora al exsecretario de Justicia alude a otros correos electrónicos en secuencia compartidos entre funcionarios de confianza y asesores de la Adsef en los que se coordinaba una actividad de recaudación de fondos para un comité. De manera independiente a la OCPR, este diario también tiene copia de esos mensajes electrónicos.

En esas comunicaciones se copió a Cotto Vives, al igual que a otros asesores, y en esa secuencia de correos, ella nunca contestó.

Cotto Vives rechazó cualquier vinculación suya con recogido de fondos. Dijo que, a su correo, se dirigían muchos mensajes que se copiaban a todos los asesores.

El 1 de noviembre de 2010, la exsecretaria de Pérez Ubieta recordaba a ocho personas, entre ellas, Cotto Vives, Robles y al consultor Marcus Sullivan, una reunión convocada por el exadministrador de Adsef con el grupo de consultores en un salón de esa agencia. Ninguna de las comunicaciones precisa quién asistió a la reunión.

Al otro día -2 de noviembre-, los asesores recibieron un mensaje de parte de Sullivan bajo el asunto “Desayuno 12 de noviembre”, que invitaba a que, según lo “acordado ayer en reunión”, iniciaran el trabajo de recaudación de $30,000.

Establece que la taquilla sería $1,000 por persona y que la fecha límite para entregar los cheques sería el 11 de noviembre y deberían ser entregados a la mano y contener el número de licencia y estar “hechos a nombre del comité”.

En ese correo se hace una distribución de tareas, entre ellas, la de “facilitar la lista de patronos, suplidores y agencias delegadas de Adsef por email a todos para llamar ASAP”.

También pedía explorar alternativas de lugares para celebrar la actividad “en caso de que no pueda ser en Amadeus”.

El mensaje revela que cada consultor y funcionario de confianza copiado en el correo debía conseguir $4,000 en donativos, excepto el administrador, su secretaria y Cotto Vives. Más tarde, el asesor Robles advertía que se habían enviado emails a direcciones de gobierno y rogaba que lo hicieran a las personales.

Los mensajes no especifican el comité que se beneficiaría con los donativos de $1,000 cada uno. Sin embargo, el expediente de la Oficina del Contralor Electoral muestra que el 12 de noviembre, el PNP realizó un desayuno en Amadeus en el que se recogieron $1,000 por cabeza. En la lista de asistentes a la actividad hay varios contratistas de la Adsef de ese entonces y que aún lo son en el presente.

Tiempo después de la comunicación de Valdivieso a Miranda, Justicia intentó presentar directamente los cargos contra Pérez Ubieta y Porrata Toro sin hacer un referido a la OPFEI, pero el Tribunal determinó que la jurisdicción recaía en los fiscales especiales independientes.

Tal y como reportó este diario en 2016, Justicia solicitó a los miembros del Panel que se inhibieran de atender el caso. Ante ello, los miembros del Panel hicieron constar su inhibición, en su carácter individual e institucional, en una resolución del 2 de agosto de ese año porque Cotto Vives “podría ser investigada o citada como testigo”. No obstante, poco después, el Panel retiró esa resolución y asignó el caso a los fiscales Guillermo Garau e Iris Meléndez.


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