La votación sobre el Plan Fiscal Revisado terminó en un empate de 5-5, por lo que, según el reglamento, la medida fue derrotada. (Teresa Canino)

Dos miembros de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) defendieron la votación del pasado viernes que culminó en la no aprobación del Plan Fiscal Revisado de la institución, porque consideran que miembros de dicho ente fueron intransigentes en torno a discutir y llevar a votación disposiciones que afectarían el sistema de retiro de los empleados.

Además, argumentaron que los demás miembros del organismo rector de la universidad no siguieron las reglas parlamentarias durante la reunión.

La votación fue un empate de 5-5, por lo que, de acuerdo al reglamento del organismo, la medida fue derrotada.

La profesora y doctora en psicología Mayra Olavarría Cruz, y el representante del estudiantado subgraduado ante la Junta de Gobierno, Josué Rodríguez Cintrón, señalaron el lenguaje "cargado" hacia los miembros que votaron en contra del Plan Fiscal Revisado que el ente envió a los medios en una comunicación y subrayaron que no podían aprobar un documento que contenía disposiciones "que no se han manejado apropiadamente y con transparencia".

La profesora explicó que el viernes se llevó a cabo una reunión del Comité de Asuntos Financieros donde se propuso una enmienda para sacar del Plan Fiscal Revisado las disposiciones concernientes al sistema de retiro. La académica explicó que, al momento, hay dos propuestas sobre la mesa: el proyecto de la Junta de Gobierno de la UPR y otra del Comité de Retiro.

"Las propuestas (para el sistema de retiro) del Comité de Retiro y el de la Junta de la UPR son bastante similares; lo único es que en la propuesta de la Junta de Gobierno se congela a los empleados de 10 años o menos y pasan a un sistema tipo 401k, y en la propuesta del Comité de Retiro a ese mismo grupo se le ponen unos topes de pensión de $2,500 y un tope de cotización de $60,000. Ahora, el congelamiento (contenido en la propuesta de la Junta de Gobierno) podría lacerar y llevar a una insolvencia al plan de pensiones a futuro y la comunidad universitaria nos ha demostrado a nosotros, a sus representantes, que no están de acuerdo con eso", recalcó Olvarría Cruz, quien añadió que la UPR cuenta con un Plan Fiscal aprobado (por la institución) desde el 2017 y al que se le han hecho enmiendas según son requeridas.

La profesora señaló los intentos realizados durante la reunión extraordinaria del viernes para que la Junta de Gobierno, presidida por Walter Alomar Jiménez, removiera el lenguaje del sistema de retiro, para que incluyeran una explicaciónde que las propuestas son solo recomendaciones y que no buscaban que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) las aprobara, que las propuestas se llevaran a discusión ante el pleno y que el pleno votara sobre las disposiciones.

No obstante, la Junta de Gobierno se negó a realizar los cambios solicitados, como se apreció en los dos vídeos de la reunión publicados en el canal de YouTube del ente universitario.

"No podíamos permitir que se votara por algo que no estaba escrito, que no estaba consignado. Luego de varios intentos infructuosos, pues entendimos que esa disposición, como estaba allí, se iba a enviar e iba a ser aceptado o tomado como por lo que era por la JSF. Eso nos llevó a replantear cómo podíamos votar por un Plan Fiscal que contiene una disposición que no se ha manejado apropiadamente y con transparencia. Inclusive, solicitamos que los empleados de la universidad votaran sobre las disposiciones (del sistema de retiro), pues son los dueños de ese dinero, pero la Junta de Gobierno tampoco lo aceptó. Hubo intransigencia en el proceso, y más adelante en la reunión, se violentaron todos los procesos parlamentarios", enfatizó Olavarría Cruz.

Olavarría Cruz añadió que los puntos positivos del Plan Fiscal Revisado (eliminar los aumentos en los costos de matrícula y cuotas, detener las reducciones de presupuesto por los próximos dos años, y asignar una partida adicional de $54.6 millones del gobierno central a la universidad para subsanar el impacto provocado por la pandemia de COVID-19) dependen de que la JSF acepte el Plan Fiscal del gobierno.

"Esas bondades emanan de unas medidas que está tomando el gobierno que nos van a favorecer, lo que nos lleva a pensar que si en ocasiones anteriores la Junta de Gobierno ha decidido aceptar o imponer sus pensamientos sobre los de la JSF, que, de paso, nunca nos ha aprobado un Plan Fiscal y siempre vienen a imponer el suyo, cuando vengan con su plan nosotros podemos decidir e implementar estas medidas aún contra lo que la JSF nos diga porque ese dinero va a estar ahí, si es que el gobierno pausa los recortes a la universidad", señaló la profesora.

"(La Junta de Gobierno) Lo están planteando como que queríamos destruir un plan que, reconocemos, tenía sus bondades, pero no es tan cierto porque (la JSF) nunca nos han aprobado un Plan Fiscal y esos cambios están supeditados, primero, a que el gobierno detenga los recortes y, segundo, si en realidad le queremos dar lo que dice ese plan, lo podemos hacer una vez llegue el de la Junta Fiscal. En años anteriores, mira, hemos seguido otorgando el bono aunque la JSF dijo que no, hemos seguido con el mismo plan médico pese a la oposición de la JSF y que querían imponernos cómo lo íbamos a hacer. Esos cambios los podemos implementar, pese a la oposición de la JSF, si es que hay la voluntad para ello, que es bien importante", dijo Olavarría Cruz.

Por su parte, Rodríguez Cintrón resaltó, por ejemplo, que el plan contemplaba implementar una moratoria en el aumento de la matrícula para los estudiantes hasta el 2023, pero en el 2023 el aumento recogería el monto total de los aumentos que no se implantaron en el 2020-2021 y 2021-2022.

"Así que para el 2023 la matrícula aumentaría de $124 y $145 por crédito. El plan, según ellos también contemplaba unas ayudas económicas para los estudiantes; sin embargo, no nos han podido asegurar que ese fondo de becas estaría disponible para el semestre de agosto. Sería como un fondo dotal (una cuenta de inversión a perpetuidad cuyo principal se mantiene intacto y en crecimiento) y lo que genere es entonces lo que se le daría a los estudiantes. Pero una de las razones principales fue los cambios al sistema de retiro de los empleados", subrayó Rodríguez Cintrón.

"Si hay algo que hemos aprendido de los sistemas de gobernanza y del sistema dentro de la universidad es que las cosas tienen que estar bien claras o escritas, que tiene que haber pruebas definitivas de lo que se trae porque no sabemos, después, las repercusiones que podrían traer. Nosotros estamos en contra de cualquier aumento en los costos de matrícula y de cualquier medida de austeridad que vaya en contra y que expanda la brecha en la educación superior en Puerto Rico, pero se nos dificulta por las posturas que toman estas personas", añadió.

"No quisieron discutirlo (las disposiciones del sistema de retiro), tampoco quisieron removerlo del documento... así que, ¿qué me garantiza a mí que nosotros enviáramos ese documento, como estaba escrito, a la JSF y le hubiese pasado algo al sistema de retiro? Nos podrían haber dicho 'no, es que eso estaba incluído en el Plan Fiscal'. Tratamos de visualizar las consecuencias si hubiésemos aprobado el documento", enfatizó Rodríguez Cintrón.

Entretanto, Olavarría Cruz y Rodríguez Cintrón resaltaron que ahora resta esperar por la contestación de la JSF al resultado de la votación para determinar el próximo paso a seguir.

Por su parte, los representantes estudiantiles ante la Junta de Gobierno sometieron más puntos para no aprobar el Plan Fiscal Revisado mediante comunicación escrita.

"En el caso de los costos de la matrícula y las Escuelas Laboratorios de la UPRRP, para el 2023 a nivel subgraduado la matrícula subiría a $145 por crédito, incluyendo, un aumento adicional para el 2025 a $159 y aumentaría año tras año. Dicho aumento también aplicaría a nivel graduado. Respecto a los recortes que se suspenden por dos añosfiscales establece que en el 2023 se retomarán lo que significa un impacto al fisco de la institución de unos $100 millones", resaltó Jorge Rivera Velázquez, representante del estudiantado graduado ante la Junta de Gobierno.

"También, este Plan Fiscal Revisado deja sobre el tintero el pago de la deuda de la UPR que aún se está renegociando y que pondría en juego la acreditación de la institución. Cabe señalar que el Plan Fiscal Revisado del Gobierno Central entregado el 3 de mayo de 2020 no contempla recortes a la UPR para los próximos dos años fiscales, por lo que, de aprobarse este plan por la JSF, no habría recortes a la institución”, añadió Rivera Velázquez.

“Estos son los argumentos que Walter Alomar no menciona y esconde ante la comunidad universitaria. Ellos han sido verdugos y cómplices del Gobierno de turno en recortar y desmantelar el primer centro docente del país. Año tras año se han dedicado a presidir la debacle y destrucción de esta centenaria institución. Ha sido la comunidad universitaria la que constantemente ha luchado por la universidad y ha dado cátedra a través del tiempo”, expusieron Rodríguez Cintrón y Rivera Velázquez.


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