Con una Ley Marcial aumentaría la presencia militar en las calles. (Teresa Canino )

La gobernadora Wanda Vázquez Garced dejó abierta esta mañana la posibilidad de proclamar una Ley Marcial, si persisten violaciones al toque de queda que estableció ayer mediante una orden ejecutiva, como medida preventiva ante el coronavirus (COVID-19). Pero, ¿qué exactamente implica una Ley Marcial?

“Estamos hablando de una facultad que tiene la gobernadora que surge de la Constitución de Puerto Rico, que permite proclamar la Ley Marcial cuando la seguridad pública lo requiera en caso de rebelión o invasión inminente, o peligro de ella”, explicó el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas, Edgardo Román.

Sin embargo, para Román, la interpretación que la primera ejecutiva pudiera aplicarle a lo que establece la Constitución, en el contexto del toque de queda por el coronavirus, pudiera ser muy amplia, “a no ser que la gobernadora lo que se refiera es que el hecho de que el pueblo incumpla con la orden ejecutiva implique de alguna manera una rebelión”.

“Al día de hoy, yo no creo que se pueda hablar de una rebelión de parte de la ciudadanía”, apuntó Román.

Según el Artículo 4 de la Sección IV de la Constitución, la persona que ocupe el cargo de gobernador o gobernadora podrá “proclamar la Ley Marcial cuando la seguridad pública lo requiera en casos de rebelión o invasión o inminente peligro de ellas”.

La Constitución también añade que la Asamblea Legislativa deberá inmediatamente reunirse por iniciativa propia para ratificar o revocar la proclama. De modo que, si la gobernadora ejecutara dicha proclama, los líderes del Senado y la Cámara tendrían que sesionar de inmediato para atender el asunto.

Esta mañana en una entrevista radial con WKAQ-580 la mandataria dijo que tiene conocimiento de establecimientos y patronos que habían violado la orden ejecutiva, que estableció el cierre de todo comercio no esencial. “Yo no quiero llegar a una Ley Marcial”, sostuvo con un tono de molestia.

Una Ley Marcial, explicó Román, implicaría de facto la suspensión de derechos constitucionales fundamentales como el derecho a asociarse o el de libre culto. Además, si bien la Guardia Nacional ya ha sido activada para términos salubristas, aumentaría la presencia militar en las calles e incluso en los establecimientos.

“Pudiéramos ver una mayor presencia de militares, podríamos ver las carreteras cerradas al tránsito vehicular, bloqueos no anunciados, mayor presencia de policías o Guardia Nacional en los supermercados, farmacias, oficinas médicas”, indicó el licenciado.

Román ya había señalado ayer que la directriz de la gobernadora ya limita drásticamente derechos fundamentales como la congregación religiosa, el acceso a la justicia, la libertad de movimiento, el flujo de negocios, entre otros.

De otra parte, en una resolución emitida hoy por el Tribunal Supremo, sobre medidas judiciales ante la situación de emergencia de salud por el Covid-19, el juez asociado Rafael Martínez Torres sostuvo que "estoy conforme con la decisión de extender los términos. Luego de la cancelación de labores no tenemos alternativa. No obstante, esto no significa mi anuencia a una Orden Ejecutiva imprecisa que puede adolecer de problemas constitucionales de ambigüedad y sobreextensión".

Hasta esta mañana, la Policía ya había realizado 25 intervenciones en relación con violaciones al toque de queda. La orden ejecutiva de Vázquez Garced exige, con muy pocas excepciones, que la ciudadanía permanezca en sus casas las 24 horas del día hasta el próximo 30 de marzo.

Aunque favorecieron el mecanismo de toque de queda y la orden de cierre de la actividad de gobierno, los centros comerciales, cines y eventos públicos, desde una perspectiva de protección de la salud pública, tanto el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas, como el decano de la Escuela de Derechos de la Universidad Interamericana, Julio Fontanet, advirtieron ayer que la orden emitida por la gobernadora raya de por sí en una Ley Marcial.

Fontanet indicó que la extensión y aplicación del mecanismo no se justifican en el escenario que vive el país y está sujeto a un ataque constitucional. “Las personas tienen que proteger su propiedad, sus negocios y, además, mediante órdenes ejecutivas no se pueden crear delitos. Eso es exclusivo de la Asamblea Legislativa”, dijo.

“Hay que mirar con mucha cautela estas órdenes ejecutivas, porque limitan los derechos constitucionales. Pero, por otro lado, tenemos que reconocer que el tema del coronavirus es un asunto muy difícil de manejar y que el estado tiene que estar muy receptivo a la opinión de los expertos en el tema de la salud y ver cómo ambos conceptos, la salud y el derecho, pueden armonizarse”, señaló.


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