Nota de archivo: Este contenido fue publicado hace más de 90 días

Representantes de los sectores comunitario, profesional, médico y ambiental en Arecibo le expresaron ayer a la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA) sus posturas en cuanto al establecimiento de una planta de conversión de desperdicios sólidos a energía en dicho municipio.

 

En el denominado conversatorio comunitario, que tuvo lugar de 5:00 a 9:00 p.m. en el recinto de Arecibo de la Universidad Interamericana, unas 20 personas presentaron ponencias.

 

Uno de ellos fue Abel Vale, presidente de la organización Ciudadanos del Karso (CDK), quien advirtió que el establecimiento de "un incinerador" en Arecibo aumentaría la contaminación atmosférica que existe en la costa norte del País por la existencia de varias industrias.

 

"Un incinerador emite dioxinas, que son cancerígenas. Se afectarían la salud humana, los suministros de agua -fundamentales para el karso- y la industria ganadera", dijo.

 

Vale señaló que el proceso para establecer la planta "ha carecido de transparencia", toda vez que está siendo impulsado de forma expedita cobijado en la emergencia energética que declaró que el gobernador Luis Fortuño en verano pasado.

 

Rogelio Figueroa, quien se presentó como portavoz de la Comunidad de Profesionales de Arecibo, destacó que la incineración es una tecnología del pasado, tanto así que en los últimos 20 años apenas dos proyectos de esa índole han sido aprobados en los Estados Unidos.

 

"La planta que Energy Answers Arecibo quiere establecer aquí es muy grande. Su capacidad es de 3,000 toneladas de basura al día, cuando la región norte produce 700 toneladas al día. Eso implica importación de basura de San Juan, de las Islas Vírgenes y hasta de Estados Unidos", dijo.

 

Figueroa expresó preocupación sobre dónde serían dispuestas las cenizas que resultarían de la combustión, y cuestionó el que la empresa proponente aún no haya establecido "compromisos de basura" con nadie. "Aquí quieren construir la planta primero y obligar a los municipios a llevarles la basura, eliminando así las opciones de reciclaje, reuso y composta", apuntó.

 

Juan Luis Alsina, director de conservación del capítulo de Puerto Rico de la organización Sierra Club, recordó que la propia EPA ha establecido que para atender la disposición de los desperdicios sólidos la primera opción es reducir el consumo, seguido de reusar, reciclar, compostar, incinerar y construir vertederos.

 

"Aquí no se han seguido los primeros cuatro pasos y quieren brincar al quinto", dijo Alsina en referencia a que la tasa de reciclaje en Puerto Rico es de apenas 10%, pese a que existe una ley que establece que debería ser de 35%.

 

Como recomendación, expuso que el País debe moverse al modelo conocido como "basura cero", que propone el reciclaje del 100% de los desperdicios.

 

Juan Rosario, líder de la organización Mision Ambiental, coincidió con Vale en que la planta afectaría la salud y el ambiente a su alrededor, toda vez que "no existe tecnología" para capturar todas las emisiones tóxicas a la atmósfera.

 

"A nivel económico también es un desastre, porque es la opción más costosa", expuso.

 

Rosario emplazó a la EPA a que proponga soluciones para el manejo de la basura en Puerto Rico, faena que -afirmó- ha delegado por los pasados 15 años al gobierno estatal.

 

El conversatorio de ayer lo abrió Steve Riva, de la División de Aire de la Región 2 de la EPA, quien por 30 minutos le explicó a los presentes las regulaciones federales que debe cumplir Energy Answers Arecibo. Uno de los permisos que debe obtener es el Prevention Significant Deterioration (PSD), que regula las emisiones tóxicas a la atmósfera.

 

Carl Soderberg, director de la EPA para Puerto Rico y el Caribe, aseguró que los comentarios vertidos ayer serán tomados en cuenta durante la evaluación de la solicitud del PSD.

 

Informó, de paso, que la empresa proponente radicó dicha solicitud el pasado martes, 8 de febrero, y que la EPA no tiene un tiempo límite para decidir si aprueba o no el permiso.

 

"Cuando tengamos un borrador de nuestra determinación, convocaremos vistas públicas", indico Soderberg.

 

La planta propuesta, que estaría ubicada en el barrio Cambalache, tiene un costo de $500 millones. Su Declaración de Impacto Ambiental y consulta de ubicación están aprobadas, pero no cuenta con los permisos federales.

 


💬Ver 0 comentarios