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(GFR Media)

Portavoces de la comunidad de personas VIH positivo en Puerto Rico denunciaron hoy, miércoles, que el Departamento de Salud (DS) ha impulsado durante meses la privatización de los Centro de Prevención y Tratamiento de Enfermedades Transmisibles (CPTET) a través de la isla.

En Puerto Rico hay ocho CPTET bajo jurisdicción del DS, ubicados en Bayamón, Arecibo, Caguas, Carolina, Mayagüez, Ponce, Fajardo y Humacao. La mayoría de los fondos con los que se paga los servicios a las personas VIH positivo provienen del gobierno federal a través de la Parte B de la Ley Ryan White HIV/AIDS.

De acuerdo a Ivette González, portavoz de la Asamblea Permanente de Personas con VIH y Hepatitis C, el 7 de septiembre de 2018 se llevó a cabo una reunión con Migdalia Lugo, secretaria auxiliar de la Secretaría de Salud Familiar y Servicios Integrados, en la que Salud se comprometió a establecer un comité de trabajo junto a líderes de la comunidad de personas VIH positivo para buscar alternativas a la situación de déficit que presuntamente enfrentan las clínicas, pero ese grupo no se ha creado.

“Nos reunimos con ella (Lugo) y le expresamos, le dijimos que nos oponíamos a la privatización de las clínicas. Ella quedó con nosotros, hubo un compromiso de crear un comité de trabajo”, aseguró González. De acuerdo a la portavoz, Salud “ha estado creando una situación de crisis en las clínicas para poder tener una justificación”.

El Programa Ryan White Parte B, adscrito a la Oficina Central para Asuntos del SIDA y Enfermedades Transmisibles del DS -que a su vez está bajo la secretaría auxiliar que dirige Lugo-, es quien administra los fondos. Estas asignaciones, según lo establece el mismo portal de Salud, van dirigidos a asegurar el acceso a servicios clínicos y de apoyo, incluyendo medicamentos para la población médico-indigente del país con VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida). 

Por su parte Rosa Rivera, también portavoz de la comunidad de personas VIH positivo en Puerto Rico, emplazó al gobernador Ricardo Rosselló Nevares y solicitó una reunión para discutir las alternativas.

“Emplazamos al gobernador porque tenemos alternativas. Lo que queremos es que el gobernador nos reciba, no el secretario de Salud (Rafael Rodríguez)”, subrayó Rivera, al tiempo que planteó que la intención de la agencia es privatizar el servicio.

“¿Si tienes una población que está estable, por qué la vas a desestabilizar?”, apuntó la portavoz, quien dijo temer que la situación pudiera redundar en una crisis de salud pública.

Lugo negó que Salud tenga un plan de privatizar los CPTET. “Eso no está en la agenda del Departamento de Salud, no está ahora y nunca ha estado”, afirmó en declaraciones a El Nuevo Día. Sin embargo, más adelante en la entrevista planteó que esa opción no está del todo fuera del panorama.

“Si no hubiese otra alternativa ante la crisis fiscal que estamos enfrentando y hubiera que cerrar las clínicas, están los Centros 330”, manifestó. “De igual manera están los IPAS contratados bajo el plan Vital (Reforma de Salud) que también bajo su cubierta pueden dar los servicios a esta población”, añadió.

La secretaria auxiliar indicó que una de las opciones que baraja Salud es una apertura a propuestas para que organizaciones sin fines de lucro que reciben fondos federales administren las clínicas. Es decir, que las clínicas operarían bajo un modelo de alianza público-privada.

“El Departamento de Salud continúa como dueño de ellas (las clínicas) al punto de que lo que la plantilla de empleados estatales seguiría trabajando bajo las clínicas, ellos tendrían que hacerse cargo de los médicos que son contratos y de aquella plantilla de empleados transitorios que trabajan para las clínicas”, expresó.

La funcionaria sostuvo que la Secretaría de Salud Familiar y Servicios Integrados enfrenta un déficit presupuestario de sobre $2 millones y que actualmente su oficina está analizando cuánto de ese déficit corresponde a la operación de los CPTET. Mencionó, por ejemplo, que la Secretaría paga unos $48 mil al año por la estructura donde ubica la clínica de Fajardo.

“Si una de las alternativas fuera cerrar esa porque es la que me cuesta, a través de los fondos federales que recibimos por Ryan White pudiéramos darle entonces transportación a los pacientes que son los menos, porque son los de Vieques y Culebra, a las clínicas de Río Piedras o la de Carolina”, explicó. “Todavía no hay nada final, no hay nada escrito en piedra”, subrayó.

Lugo sostuvo que “lo que vayamos a hacer es contando con el consenso de los pacientes”.

Otra de las opciones es que las clínicas atiendan solamente a los pacientes de VIH, cuyos servicios están cubiertos en su mayoría por el Programa Ryan White. De acuerdo a cifras de Salud del año 2019, los CPTET ofrecen servicios a 9,000 pacientes de VIH y unos 3,000 con otros diagnósticos de enfermedades de transmisión sexual.

La secretaria auxiliar dijo que uno de los problemas fiscales que enfrentan se debe a que los pacientes de enfermedades transmisibles como sífilis, clamidia y gonorrea que cuentan con una cubierta básica bajo el plan Vital se atienden en los CPTET, pero al momento de facturar las aseguradoras no aprueban el pago debido a que son condiciones que pudiera manejar un médico primario.

“Como es una cubierta básica ellos tienen que ser atendidos por el médico primario, en el centro primario que se lesasigna o ellos seleccionan”,apuntó Lugo, al tiempo en que insistió en que “estamos abiertos al diálogo y queremos que esto se haga en consenso para evitar precisamente el cierre de las clínicas”.


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