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La Junta de Supervisión Fiscal pasaría juicio previo a la entrega de cualquier dinero que soliciten el gobierno central y las autoridades de Energía Eléctrica y de Acueductos Alcantarillados. (GFR Media)

Washington - El gobierno federal hizo claro esta semana al gobierno de Puerto Rico que el acceso a una línea de crédito de más de $4,000 millones requerirá autorización de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla sus finanzas públicas y su distribución se hará por etapas.

El Departamento del Tesoro y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) acentuaron que el préstamo tiene que cumplir con los requisitos de la ley Promesa, por lo que la JSF pasaría juicio previo a la entrega de cualquier dinero que soliciten el gobierno central y las autoridades de Energía Eléctrica (AEE) y de Acueductos y Alcantarillados (AAA), supo El Nuevo Día.

Las dependencias federales subrayaron que el dinero se distribuirá dependiendo de la caja del Departamento de Hacienda, ante la sorpresa que les causó conocer que el gobierno de Puerto Rico cerró 2017 con $1,673 millones de liquidez y $6,875 millones en 800 cuentas bancarias.

Entre las advertencias hechas al gobierno de Puerto Rico –por lo menos a través del director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Gerardo Portela–, estuvo que el préstamo a los municipios, como se hace por ley permanente, se entregará directamente, dijeron dos fuentes.

“La Aafaf y el Tesoro continúan teniendo conversaciones y discusiones sobre los términos y condiciones (de la línea de crédito). La Aafaf urge al gobierno federal a acelerar el proceso de revisión para hacer efectiva la voluntad del Congreso y el presidente de EE.UU.”, indicó ayer Portela, en una declaración escrita.

Tradicionalmente, el programa de préstamos para comunidades que se han enfrentado a desastres (CDL, en inglés) ha estado destinado a gobiernos locales, como los municipios, que han sufrido una pérdida de ingresos y pueden acceder a préstamos de hasta $5 millones.

Pero, la resolución de asignaciones suplementarias para mitigar desastres, aprobada en octubre pasado, incluyó una línea de crédito de $4,900 millones que está accesible a “territorios o posesiones” que se enfrenten a una pérdida de ingresos debido a los huracanes Harvey, Irma y María.

La medida obvia el límite tradicional de los $5 millones.

Recientemente, el representante del gobernador ante la JSF, Christian Sobrino, indicó que reconocen que la JSF tendrá alguna participación en el proceso.

“Pero, el tranque principal está aún en el rol de la Junta”, dijo ayer una fuente federal cercana a las conversaciones que se han llevado a cabo entre el Tesoro, el gobierno de Rosselló y la JSF.

Controles al gobierno

Esta es la tercera instancia en la que el gobierno federal –después del escándalo Whitefish– busca ponerle controles al gobierno de Puerto Rico en el acceso a fondos de emergencia. Previamente, FEMA demandó que su coordinador en Puerto Rico, Michael Byrne, sirva de filtro a las nuevas asignaciones federales.

Y la más reciente resolución de asignaciones suplementarias para mitigar desastres, aprobada en la Cámara baja y pendiente en el Senado, ordena que la JSF certifique el plan de recuperación que presente el gobierno.

El gobierno de Puerto Rico legislaría para reglamentar el acceso de la AEE y la AAA a esa línea de crédito, que también está disponible para las Islas Vírgenes estadounidenses y gobiernos locales de Texas y Florida.

La Fortaleza reconoció el pasado 5 de enero que los municipios recibirán el préstamo directamente, con una tasa de interés de 2.25%, a pesar de que originalmente hubiesen querido administrarlo.

“Se espera que cada Legislatura Municipal apruebe la solicitud del préstamo y debe identificar un colateral, como posibles ingresos futuros a las arcas municipales restando en esta ecuación los ingresos que ya están obligados en su presupuesto”, según un comunicado emitido entonces por la oficina del gobernador.

Desde noviembre, el gobierno de Puerto Rico espera por la autorización para tener acceso a la línea de crédito. Ahora, su esperanza es lograrlo para la nómina de febrero.

El gobernador Ricardo Rosselló ha atribuido el retraso a las complicaciones legales y fiscales a que se enfrenta Puerto Rico. “No es un asunto de confianza”, alegó el gobernador la semana pasada.

La directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko –activa en las discusiones sobre el préstamo a la isla–, declaró en noviembre ante el Congreso que Puerto Rico necesitaría entre $13,000 millones y $21,000 millones para mantener las operaciones de su gobierno hasta junio de 2021.

Pero, el gobierno del presidente Donald Trump no está convencido de que, en estos momentos, el gobierno de Puerto Rico requiera que se le inyecte de golpe $4,000 millones para poder mantener su liquidez. Por eso ha pedido que la distribución del dinero se haga por etapas, dijeron las fuentes.

Ni la JSF ni el Tesoro ni FEMA respondieron ayer a solicitudes de información.

FEMA anunció en noviembre que Islas Vírgenes había ya cualificado para recibir $371 millones de los $4,900 millones asignados por el Congreso. El gobierno de Islas Vírgenes también tuvo que legislar para poder reclamar fondos del programa CDL.


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