Nota de archivo: Este contenido fue publicado hace más de 90 días

 (horizontal-x3)
La ley todavía no ha rendido los frutos que esperaba pese al interés de más de 11,000 trabajadores en acogerse. (Archivo)

A menudo se estudia desde el crisol financiero y gerencial. Cuando el Programa de Prerretiro Voluntario se abre a la discusión, caen con aplomo las palabras ahorro, administración, reestructuración, nómina, presupuesto. Ellas dominan la controversia. 

“Es bien importante que el prerretiro, además de ser un ejercicio financiero, sea un ejercicio gerencial. El jefe de agencia tiene que hacer un análisis de la estructura para ver si puede ofrecerle a su empleado el prerretiro”, advirtió a punto de culminar sus funciones el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Luis Cruz Batista.

Pero hay un factor que se ha quedado en el aire en medio de la discusión: el componente humano. No se trata de computadoras ni teclados, vehículos oficiales ni escritorios de oficina. Se trata de personas –hombres y mujeres– que durante décadas han brindado un servicio desde sus diferentes agencias, y que vieron en este proyecto un respiro, una posibilidad.

“Tenemos personas enfermas dentro de la Policía y no se hace nada para poderlos sacar y poder buscar el lado humano de la ley”, dice el policía de 56 años Alberto Arroyo Arroyo.

Son miembros de la Uniformada que a diario ponen en riesgo su vida; son empleados de Energía Eléctrica y Acueductos, entre plantas y cablerías; son médicos con más de 30 años de servicio en las salas de operaciones; son trabajadores sociales del Departamento de la Familia que durante años han absorbido el dolor de los pequeños, los demonios familiares; son muchos empleados públicos que cumplen con los requisitos pero a los que ahoga la incertidumbre de si les abrirán finalmente las puertas a esta nueva etapa vital.

Sin preguntarles, todos los entrevistados –de la Policía de Puerto Rico, del Departamento de la Familia, de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, del Departamento del Trabajo– se preocupan por que el programa genere los ahorros proyectados. No quieren convertirse en un número negativo para un país que colapsa a diario económicamente. 

Pero todos insisten en que en sus agencias hay espacio para la reestructuración, que con buenos programas de adiestramiento y un proceso de repensar la agencia y coordinar esfuerzos, se logra el ahorro proyectado desde el inicio. Solo piden que si cumplen con los requisitos les permitan irse, que les den el visto bueno de una forma más ágil, que no los mantengan tanto tiempo en la pesadumbre de la duda. 

 El cansancio es latente. Se trata de empleados que fueron testigos de la aprobación de la Ley 3, que enmendaba la Ley 447 del Sistema de Retiro debido al déficit actuarial, y congeló la acumulación de beneficios del Retiro, aumentó la edad de retiro e incrementó la aportación del empleado.

“Se suponía que yo me fuera en marzo del 2016 con la Ley 447, que son 30 años de servicio y 55 años de edad. Tenía eso visualizado cuando hubo el cambio de la ley. Eso fue bien impactante, pensar que tenía que trabajar hasta los 61 años, cuando ya uno se visualizaba fuera de la agencia y con unos beneficios que no vamos a tener”, dice una empleada de 57 años del Departamento del Trabajo, que prefiere no ser identificada por miedo a represalias.

El Programa de Prerretiro le levantó el ánimo. Desde marzo pasado, sometió sus papeles. Apuntó su nombre en una lista irrevocable, y hasta mediados de diciembre, nada. Recalca que el 60% de su sueldo que recibirá no es un monto muy alto, pero que al menos estará en su casa, fuera de la ansiedad emocional que le provoca no saber qué ocurrirá con su futuro. 

Cuando el Programa de Prerretiro Voluntario se convirtió en ley en diciembre del 2015, muchos abrazaron la reducción en la nómina sin recurrir al despido de empleados públicos. Algunos cuestionaron su capacidad de ahorro y un posible impacto adverso en los servicios gubernamentales. Serían 16,000 empleados para un ahorro de $500 millones.

El proceso es relativamente sencillo. Los empleados con más de 20 años de trayectoria en el servicio público, que comenzaron a cotizar para el Sistema de Retiro antes de abril de 1990, firman voluntariamente sus solicitudes para acogerse al programa. De ahí, el batón pasa a la Administración del Sistema de Retiro (ASR), que desencadena un estudio actuarial del “impacto de esa transacción de personal sobre el Sistema de Retiro”, dijo Pedro Ortiz Cortés. 

Cuando Retiro les da luz verde a las solicitudes, el último eslabón de la cadena le toca a OGP, que está llamada a garantizar los ahorros prometidos para la nómina. Como regla general, la ley establece que se eliminen los puestos de empleados que se acojan al prerretiro. Si ofrece un servicio esencial, puede haber un proceso de readiestramiento interno. Si se recurre a un nuevo reclutamiento, se tiene que mantener como mínimo el 70% del ahorro generado gracias a la implantación del programa.

De ahí que haya incertidumbre, que el proceso sea tan tenso, que los empleados se sumerjan en la angustia de la larga espera. Según los datos generados por OGP, a mediados de diciembre, solo 672 empleados habían logrado acogerse al prerretiro, provenientes de 23 agencias, generando un ahorro total de $8.7 millones. De acuerdo con Cruz Batista, una cantidad similar de agencias había pasado a la segunda ronda de evaluación.

El martes pasado en la tarde, la empleada del Departamento del Trabajo recibió la noticia de que se había aprobado su prerretiro. Fueron 121 los aprobados, que empiezan en el año nuevo esa nueva etapa añorada, confirmó Ángel Agosto, empleado de la agencia. Del total de 138, 17 se quedaron con las puertas cerradas “por problemas de actuario”, añade.

Pero algunos ni siquiera han tenido acceso a los planes de sus jefes de agencia. Conoce el lado humano de la ley a través de tres voces.

Alberto Arroyo Arroyo - Policía de Puerto Rico 

Tiene los huesos débiles. “Es un peligro porque una caída o un empujón de una persona, a mí me puede costar la vida, fácil, dicho por el endocrinólogo”, cuenta. Durante 29 años y 10 meses, Alberto Arroyo Arroyo ha portado su placa y su uniforme. Como miembro de la Policía de Puerto Rico desde 1987, trabajó muchos años en la División de Asuntos Juveniles del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Humacao. 

No importa que su rutina consistiera en ingresar a menores por orden del tribunal. Alberto deja claro que el riesgo de perder la vida ocurre a diario. “Una vez tú te pones una placa, una vez tú te pones un arma encima, tú eres un blanco en la calle”, dice.

Ahora tiene 56 años y trabaja en el área de mantenimiento. Es en el único recoveco de la agencia donde ha podido soportar los días. Es paciente de osteoporosis –los huesos se ponen frágiles por la pérdida del tejido– y padece de una condición cardíaca. “En la Policía de Puerto Rico, de los que cualificamos, yo diría que más del 90% están interesados en irse... A la fecha de hoy, el gobierno saliente no nos ha dado el visto bueno para poder acogernos”, añade. Han preguntado. No han obtenido respuesta. “Ha habido un hermetismo total”.

Dice que un compañero suyo de Humacao casi no puede caminar, que otros dos fallecieron por condiciones de salud, que un colega asesinado a manos de sicarios había solicitado el prerretiro, podía irse. “Se desconoce cuánto policía ha muerto con cáncer, cuánto policía está enfermo ahora mismo”.

 Para la Uniformada, es un doble golpe. La agencia, como patrono, no aporta al Seguro Social. “Tenemos que hacer malabares con esa pensión: pagar luz, pagar agua, pagar medicamentos”. Aun así, sin que se le dé pie forzado, Alberto enfatiza que sí hay que generar ahorros, que para eso es la ley. Para eso, sugiere que se compartan los trabajos de la Uniformada con los policías municipales. “Lo que pasa es que no hay coordinación. Guardia hay mucha. Con la Guardia municipal, no hace falta tanto policía”, asegura. 

Con el rostro serio, sostiene copias de la ley en la mano. “Llevamos 30 años en el Cuerpo de la Policía con mucho sacrificio y exponiendo la vida a diario. A la Policía no se le ha hecho justicia”, reclama. 

Carlos Picart Clavell Departamento de la Familia

En el Departamento de la Familia, es el peso emocional el que cae como una piedra. Para los trabajadores sociales, son años y años –años que suman décadas– de remover menores maltratados de sus hogares, de confrontar a padres negligentes, de auxiliar a hijos golpeados, abusados, apedreados por las circunstancias más extremas.

Para Carlos Picart Clavell –50 años de edad, 27 años de servicio en el Departamento de la Familia–, es esa carga emocional la que desbarata las espaldas de sus compañeros de trabajo, que después de casi tres décadas han solicitado acogerse al nuevo programa. “En el prerretiro vemos la oportunidad, vemos la esperanza de poder salir”. En su diatriba, cede el protagonismo a sus colegas con condiciones de salud, con familiares enfermos. Él quiere dedicarse a la agricultura en Moca, pasar sus días allí, generando sus propios alimentos en su tierra.

Fue hace un mes, en noviembre, casi un año después de que el Programa de Prerretiro Voluntario se convirtiera en ley, que el Departamento de la Familia tomó cartas en el asunto. Reunieron a los empleados que cualificaban, les tendieron una hoja que debían firmar y les advirtieron que no podrían retractarse. “Ellos se pueden retractar pero nosotros no”, dice.

Sí, se pueden retractar, o algo parecido. Dependiendo del análisis de Retiro y OGP, es que el empleado que cualifica, que ya se veía con un pie fuera de la agencia, conoce finalmente si puede dar el paso previo al retiro o no. “Aquí ha habido demasiada poca información hacia los empleados. No sé qué está ocurriendo, si es que las agencias están arrastrando los pies”, reflexiona. Aumenta la duda con el cambio de gobierno, con las nuevas políticas que vaya a implementar. 

 Pero Carlos conserva la esperanza. Cree que el nuevo gobierno le dará seguimiento a esta iniciativa por los ahorros que presupone, porque esto puede ser un pie forzado para las reestructuraciones que tanta falta hacen, porque existe “una carga grande de servidores públicos”, insiste. “Para esos lugares que dejan vacantes esos empleados, se puede utilizar el personal excedente y reubicarlos en las áreas donde haga falta”. Dice que Familia es así, hay muchos empleados, pueden readiestrarse. Amortigua así el temor de que les cierren el paso.

Pedro Irene Maymi - Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 

Pensó que la Ley de Prerretiro venía a hacer algo de justicia, luego que la Ley 3 cambiara sus vidas “drásticamente”. Y todavía lo piensa, pero el proceso ha sido “demasiado lento”.

 “Pudo haber sido más ágil... Hay una preocupación generalizada de compañeros de distintas agencias, hay molestia por lo lento del proceso y por lo que pasará con el cambio de administración”, dice.

Pedro Irene Maymí tiene metales pesados en la sangre. Comenzó a trabajar en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) el 17 de enero de 1987, transportando productos químicos –cal y alúmina granulada– a las plantas. Luego, laboró en la represa La Plata, en brigadas reparando tubos, y actualmente ejerce como investigador de redes.

 Ahora, con 52 años, ha solicitado el prerretiro. “Uno entra al gobierno con la visión de que va a trabajar 30 años de servicio, que va a hacer unas aportaciones a los Sistemas de Retiro y que va a tener derecho a una pensión por mérito”, dice. 

Pero esa visión se derrumbó hace un tiempo ya, entre enmiendas a las condiciones de acceso a las pensiones y la mala administración que ha desangrado el Retiro. Por eso el respiro. Por eso el programa de prerretiro se vio como una salida. Todavía no ha rendido los frutos que se esperaba, y los miles se han reducido a cientos, por el momento. 

“Hablan de que no han tenido el ahorro, pero es que han liquidado pocas agencias”, insiste Pedro. 

Cree sin reservas que el terreno está fértil para readiestramientos y traslados internos, para que puestos complejos, como los de operadores de plantas, puedan ser ocupados por ese personal con el que ya cuenta la agencia. Y si es necesario realizar un nuevo reclutamiento, confía en personas más jóvenes que entran de cero al sistema.

 Existen reservas con las uniones, de que no han llevado una voz cantante fuerte para defender los derechos de los potenciales prerretirados porque no les conviene. Pedro es además presidente de la Unión Independentiente Auténtica (UIA), que agrupa a los empleados de la AAA. 

“La unión no está para defender el interés de la cuota… Los sindicatos, tengamos la cantidad de empleados que tengamos, tenemos que seguir brindando los mismos servicios”, concluye.


💬Ver 0 comentarios