Durante la protesta se produjeron diversos enfrentamientos entre las autoridades y y parte de los manifestantes (semisquare-x3)
Durante la protesta se produjeron diversos enfrentamientos entre las autoridades y y parte de los manifestantes. (GFR Media)

Un informe de la Comisión de Derechos Civiles  (CDC) reveló que durante las manifestaciones del 1 de mayo de 2017, la Policía de Puerto Rico exhibió una carencia de controles y estructuras institucionales apropiadas para evitar el abuso discriminatorio de las prácticas de vigilancia durante la protesta pública.

“Por la historia reciente de persecución política en este país resulta  imperativo que las instituciones de vigilancia policiaca de Puerto Rico sean repensadas en toda su extensión desde una perspectiva de derechos humanos”, señaló la presidenta de la CDC, Georgina Candal Segurola.

El informe sale a solo días de que nuevamente, organizaciones civiles, ciudadanos y sindicatos hayan convocado al pueblo a manifestarse este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, en rechazo a políticas públicas establecidas que van en contra de los servicios esenciales del país.

La intervención de la CDC fue como resultado de una querella presentada por los legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño,  Denis Márquez y Juan Dalmau, tras expresiones emitidas por la coronela Michelle Hernández de Fraley, entonces Superintendenta de la Policía de Puerto Rico, quien indicó que la Uniformada monitoreaba las redes sociales de los y las manifestantes, en anticipo a las actividades del primero de mayo.

En la querella, Márquez y Dalmau alegaron que dichas expresiones eran una práctica de espionaje digital tan repudiable e ilegal como el carpeteo sufrido por cientos de miles de independentistas en el pasado. La querella planteó, a su vez, la necesidad de examinar las prácticas y políticas de la agencia de ley y orden de Puerto Rico que inciden sobre la supervisión de la actividad de la protesta pública.

“Este informe confirma y valida múltiples señalamientos contenidos en nuestra querella como por ejemplo que la Policía de Puerto Rico monitorea selectiva e indebidamente las redes sociales de personas que protestan en este país y que graban ilegalmente actividades públicas de protesta sin cumplir con la ley, la Constitución y sus propias normas”, expresó Márquez.

Sobre las expresiones realizadas por la entonces superintendente de la Policía, la CDC determinó que las mismas probablemente tuvieron un efecto disuasivo o “chilling effect” sobre las personas, lo que afectó adversamente el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, asociación e intimidad.

Otro hallazgo fue que la Policía adquirió ‘drones’ sin las políticas, planificación, permisos de uso ni adiestramientos necesarios, acciones que no aseguraron el uso adecuado de la tecnología. Además de que las grabaciones examinadas del 1ro de mayo de 2017 muestran grabaciones dirigidas a identificar personas, concluyó el organismo.  

Claro que hay que investigar las redes sociales cuando se trata de ataques de violencia de género, de pornografía infantil…peor no es utilizar las redes sociales para investigar actividades legítimas de protestas, de disidencia y de liberta de expresión”, sostuvo Márquez.

La CDC también señaló, además, serias deficiencias en los archivos del material grabado. Según el organismo, no hubo unos criterios uniformes por parte de la Policía, por lo que el material “no es confiable, pues son continuamente editados y borrados selectivamente”. “La Policía altera los vídeos grabados a su total discreción antes de decidir cuáles guardan finalmente”, indicó Márquez.  

Como parte del proceso de investigación, la Comisión celebró tres vistas públicas con participación de personas de la comunidad y funcionarios públicos; realizó múltiples requerimientos de información a la Policía de Puerto Rico, así como a un proveedor de servicios de internet. Igualmente, realizaron una inspección ocular en el  Centro de Recopilación, Análisis, Diseminación de Inteligencia Criminal (CRADIC) y en la División  de Crímenes Cibernéticos de la Policía.

“Por  la seriedad de los hallazgos y conclusiones del  informe, la Comisión de Derechos Civiles considera apremiante que el Negociado de la Policía de Puerto Rico cese y desista de forma inmediata de las prácticas y políticas de vigilancia y monitoreo de las actividades de protesta que vulneran los derechos de libertad de expresión, asociación e intimidad de las personas,” expresó Candal Segurola.

En el informe, la CDC recomienda, además, que cualquier petición de información de una persona por acciones o expresiones en las plataformas sociales tiene que hacerse a través de un recurso de supina, notificándole previamente.

El documento también reconoce que ha habido unos cambios en los reglamentos de la Uniformada, aunque hay trasnformaciones adicionales por hacer, dijo Márquez.

El representante reconoció el trabajo y la atención prestada por la CDC a la querella, incluso en momentos donde ha recibido recortes presupuestarios. “El trabajo de la CDCPR es de suma importancia porque en este país el carpeteo, la persecución política, la violación de derechos civiles, humanos y la intimidad de las personas han sido desafortunadamente parte de nuestra historia particularmente contra el independentismo como una manera de desarticularlo”, manifestó el también abogado.

Ante los señalamientos divulgados hoy por la Comisión de Derechos Civiles, el comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera, dijo en declaraciones escritas que han transcurrido dos años de los hallazgos y que, desde entonces,  a través de la Reforma Sostenible en la que se encuentra la agencia, se han enmendado políticas que han permitido atemperar las prácticas utilizadas por los miembros de la Uniformada durante este tipo de actividades.

“No obstante, el Negociado mantiene el deber de proteger los derechos de libertad de expresión y también cumple cabalmente con su labor de proteger la vida y la propiedad de todos. De ninguna manera, la publicación de este informe significa que el próximo 1ero de mayo la uniformada atentará contra los derechos constitucionales, sino todo lo contrario. Es nuestro interés que las manifestaciones se realicen y que no ocurra ningún incidente”, señaló Escalera.


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