La gobernadora Wanda Vázquez. (GFR Media)

La gobernadora Wanda Vázquez Garced denunció hoy que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) detuvo el uso del fondo de emergencia del gobierno al no pasar revista sobre las más de 50 peticiones que ha hecho la Rama Ejecutiva para la compra de suministros y la contratación de servicios para los damnificados por el terremoto del 7 de enero.

Vázquez Garced explicó que, aunque la JSF había autorizado acceso a los $260 millones del fondo de emergencia, a partir del 31 de enero, cada desembolso debe estar autorizado por el organismo fiscal. Según la mandataria, la Junta no ha actuado con rapidez con cada una de las peticiones y rechazó extender de manera temporal el acceso a este dinero sin intervención de la Junta.

Indicó que por eso instruyó a Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) a continuar con el proceso de uso del fondo de emergencoia auqnue no tengan el aval del organismo fiscal.

“La JSF tiene detenida más de 50 peticiones de las agencias y municipios. No han aprobado la compra de suministros para alimentos”, dijo la gobernadora en una conferencia de prensa en Ponce. “Después del 31 de enero, cada petición de la emergencia hay que solicitar la aprobación de la JSF. Si se necesita agua para los refugios se necesita pedirle permiso a la JSF”.

El portavoz de la JSF, Edward Zayas, negó que se estén deteniendo los desembolsos y afirmó que, contrario a lo alegado por la gobernadora, apenas han recibido cuatro peticiones del gobierno las cuales han sido atendidas el mismo día en que fueron sometidas.

Zayas indicó que la Junta solo le pide al gobierno que entregue un documento que consiste en ocho preguntas de modo que sepan en qué se va a gastar el dinero antes de proceder con un desembolso.

“No se le puso un alto a estos fondos. Lo que terminó el 30 de enero fue el periodo de poder usar sin aprobación de la Junta los fondos… Hasta ahora solo han sometido cuatro peticiones y las cuatro han sido aprobadas de forma expedita”, sostuvo. “La Junta desea asegurarse de que el dinero se utilice exclusivamente para la recuperación de los terremotos”.

El portavoz del organismo fiscal también negó que el gobierno haya pedido una extensión del periodo en que no necesitan autorización del organismo fiscal para utilizar el fondo de emergencia, como sostuvo Vázquez Garced.

Por su parte, la directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) Iris E. Santos Díaz insistió en que han sometido peticiones para la adquisición de baños portátiles, carpas y el alquiler de edificios donde trasladar temporeramente a los alumnos de escuelas afectadas por la secuencia sísmica que se registra desde finales de diciembre.

“Tengo varias peticiones pendientes de (el Departamento de) Corrección, de (el Departamento de la) Familia y de (el Negociado de) Manejo de Emergencias”, dijo Santos Díaz.

La funcionaria indicó que una buena parte de estos gastos serán reembolsados por la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA).

“La intención y la necesidad es usar el fondo de emergencia para estos gastos preliminares. Una vez se termine y se defina todo lo que la declaración de desastre va a cubrir para estos municipios entonces tenemos la posibilidad de que los fondos sean reembolsables en un 75%. Ahora mismo la necesidad es de usar el fondo de emergencia”, sostuvo Santos Díaz.

“Esta emergencia no ha terminado. La tierra sigue temblando. Los sismos continuarán según ha establecido el USGS, que ha dicho que pueden durar años… El área sur y suroeste aún están en emergencia”, recalcó Vázquez Garced, quien no contestó preguntas por andar apurada para alcanzar un vuelo que la llevaría nuevamente a Washinton D.C. para sostener varias reuniones con representantes de entidades federales, incluyendo la Casa Blanca.

Hasta ayer, el gobierno había gastado $103 millones en la respuesta a la emergencia.

Varios alcaldes de pueblos afectados intensamente por los temblores apoyaron a la mandataria en su denuncia y hasta hablaron de elevar una queja ante el Congreso estadounidense, ente que creo el organismo que controla las finanzas de Puerto Rico.

Durante la conferencia de prensa, el Departamento de Educación anunció el plan para reanudar las clases en los seis municipios más afectados por los movimientos sísmicos.

Bajo el plan, las clases que no han iniciado en Ponce comenzarán el 12 de febrero, en Guayanilla el 13 de febrero, y en Guánica el 14 de febrero. En los pueblos de San Germán, Yauco y Peñuelas, las clases comenzarán durante la tercera semana de febrero.


💬Ver 0 comentarios