La gobernadora Wanda Vázquez, junto a la secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy, y la procuradora de las Mujeres, Lersy Boria. (GFR Media)

La Fortaleza emitió esta noche un “estado de alerta nacional” para atender la violencia contra las mujeres, indistintamente de su edad, y ordenó la expansión de un programa piloto que busca atender este tema a través de la enseñanza en las escuelas públicas.

La gobernadora Wanda Vázquez anunció el decreto luego de sostener una reunión en el Palacio de Santa Catalina con decenas de líderes de organizaciones que insistían en que la medida que podría acelerar la implantación de medidas o políticas públicas para proteger a las mujeres de la violencia machista.

“A esos efectos me propongo reunirme con estos jefes de Agencia para que aseguren el fiel cumplimiento de las leyes promulgadas en sus respectivas agencias”, indicó la gobernadora.

La gobernadora indicó que no firmó una orden ejecutiva declarando un estado de emergencia porque “no va a hacer ningún cambio significativo, si no contamos con un plan de respuesta concreto y estructurado, y a eso dirigiremos nuestros esfuerzos con esta alerta nacional”.

La gobernadora, en su comunicación pública, informó que la declaración de estado de alerta nacional conlleva la integración de todas las entidades públicas y privadas, organizaciones gubernamentales y del tercer sector en la lucha contra la violencia de género, de modo que todos reaccionen “de manera proactiva, diligente y con sentido de urgencia ante esta situación y se rinda cuentas ante el cumplimiento fiel y estricto de las leyes y reglamentos promulgados a tono con la política pública de no violencia contra las mujeres”.

De inmediato Shariana Ferrer, portavoz de la Colectiva Feminista en Construcción, reaccionó positivamente al decreto de la gobernadora, aunque destacó las diferencias entre el lenguaje usado por la mandataria y las peticiones hechas por las organizaciones comunitarias.

“En parte (el anuncio de la gobernadora) sí responde a nuestra solicitud y creemos que se hizo lo correcto. No es del todo las propuestas que hicimos, pero reconocemos de que por algún lado hay que empezar”, dijo Ferrer.

Nueve mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va del 2019, de un total de 28 asesinadas este año. En el 2018, se reportaron 25 casos de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas.

Tras reunirse esta mañana con las líderes de organizaciones que abogan por los derechos de las mujeres Vázquez Garced prometió decidir sobre el pedido de declaración de emergencia.

Durante la reunión, que duró más de dos horas, las organizaciones presentaron propuestas específicas para que fueran incluidas en el decreto administrativo que exige la Colectiva Feminista en Construcción yque es apoyado por más de 60 organizaciones comunitarias.

“El consenso es claro. La orden ejecutiva reconoce las fallas en la implantación de políticas públicas que previenen la violencia… No va a resolver el problema de violencia, pero va a ayudar a atender la situación de emergencia que se vive en el país”, dijo al salir de la mansión ejecutiva Ferrer. Esta organización celebró hoy una marcha presionando a la mandataria a proceder con la orden ejecutiva.

La secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy, indicó que durante el encuentro la gobernadora escuchó las propuestas de las participantes y se comprometió a examinar cada una de las recomendaciones y adoptar aquellas que entienda que son ejecutables.

Hace dos semanas, la gobernadora se reunió con el mismo grupo de líderes comunitarias y, aunque mostró apertura a la declaración de emergencia, advirtió sobre las limitaciones económicas en el gobierno para implantar algunas de las medidas que se exigen junto al decreto.

Ferrer indicó que también la gobernadora también se expresó preocupada por la reacción que tendrían los puertorriqueños si después de la declaración de emergencia se reportan nuevos feminicidios.

“No solo los fondos es una preocupación. Queremos que lo que vayamos a hacer tenga un efecto real y no sea solo algo bonito”, dijo la secretaria de la Gobernación.

Sarah Benítez, del Movimiento Amplio de Mujeres, indicó que el contenido de las iniciativas a impulsarse con el decreto administrativo puede negociarse, pero no cederán a la exigencia de que se decrete la emergencia.

“Ya la política pública está en las leyes. Lo que falta es hacer cumplir la política pública”, dijo, por su parte, la activista y expresidenta del Colegio de Abogados, Ana Irma Rivera Lacén.

El reclamo por la declaración de emergencia comenzó a finales del año pasado e implicó una serie de protestas frente a La Fortaleza, una de las cuales terminó con un enfrentamiento con las autoridades. El entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares ignoró los reclamos de las mujeres bajo el argumento de que estaban desarrollando iniciativas para combatir la violencia machista.

Contradictoriamente, una de las primeras acciones que tomó la administración de Rosselló Nevares en el área educativa fue eliminar la enseñanza con perspectiva de género en las escuelas públicas de Puerto Rico. Este tipo de enseñanza, entre otras cosas, busca romper con los ciclos de machismo y violencia que se perpetúan de generación en generación.

Ferrer recordó que, para entonces, en reuniones con el gobernador y la procuradora de las Mujeres, Lersy Boria, les pidieron propuestas específicas para combatir la violencia de género y cultivar consensos que justifiquen la declaración de emergencia y su contenido.

Pese a que reunión tras reunión la Colectiva iba presentando propuestas específicas y evidenciando tanto el apoyo de otras organizaciones comunitarias como de derechos de las mujeres, el gobierno continuaba ignorando sus reclamos.

“Hemos trabajado todo esto para el gobierno... y se nos han negado las soluciones a la violencia machista que empiezan declarando un estado de emergencia”, sostuvo Ferrer.


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