Actualmente, hay 51,000 familias que gozan del beneficio de las tarifas fijas. (GFR Media)

La gobernadora Wanda Vázquez Garced ordenó hoy que se investigue en qué etapa se encuentra un estudio que le permitirá a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y al Negociado de Energía determinar si procede revisar las tarifas fijas en el servicio de luz para los residentes de vivienda pública.

Aunque está pendiente al análisis, Vázquez Garced sostuvo que el reclamo es legítimo. “Tuvieron la oportunidad de presentarme todas esas recomendaciones que, en su inmensa mayoría, representan justicia social para los residenciales públicos y no representa ningún tipo de impacto para el gobierno”, señaló la primera ejecutiva.

La gobernadora se reunió en el Centro de Convenciones de Cataño con los líderes de residenciales públicos. Del cónclave participó también el secretario del Departamento de la Vivienda, Luis Fernández Trinchet; el administrador de Vivienda Pública, William Rodríguez; así como el comisionado de la Policía, Henry Escalera y el subdirector ejecutivo de la AEE, el ingeniero Jaime López.

La ley 22 de 2016 establece tarifas fijas a los residentes de vivienda pública que oscilan entre los $30 y $50, dependiendo el número de cuartos de la unidad. La ley establece, además, un consumo que no debe, por ejemplo, sobrepasar los 600 kilovatios hora en los apartamentos de un dormitorio.

El subdirector ejecutivo de la AEE explicó que la Ley 22 de 2016 - estatuto que establece los subsidios para los residentes de vivienda pública- le concedía un término de 180 días a la antigua Oficina Estatal de Política Pública Energética y a la corporación pública para que presentarán ante el Negociado de Energía un estudio para determinar si procedía una revisión de las tarifas fijas. Esa evaluación nunca concluyó.

Actualmente, hay 51,000 familias que gozan del beneficio de las tarifas fijas.

López recordó que cualquier cambio de tarifa está sujeto a la aprobación final del Negociado. El estudio le corresponde hacerlo al Programa de Política Pública Energética adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

Además de la revisión de las tarifas fijas, los residentes solicitaron que los subsidios sean extensivos a los participantes de vivienda pública que residen en complejos de apartamentos mixtos. “Ellos entienden que deben beneficiarse también porque, al final del día, el subsidio se creó para beneficiar a los residentes de vivienda pública y ellos, en efecto, lo son”, detalló Rodríguez.

Actualmente, dijo, hay unas 100 familias que viven en complejos de vivienda mixtos. Los únicos dos proyectos de este tipo -donde también hay apartamentos privados y del programa Sección 8- son Renaissance SquareBayshore Villas en Puerta de Tierra.

Sobre la extensión de las tarifas fijas a los participantes que viven en complejos de apartamentos mixtos, Vázquez Garced dijo que depende de un análisis legal que estaría en manos de la secretaria de Justicia, Dennise Longo. “Yo, particularmente, no he visto la resolución de Justicia, pero entiendo que no debería haber ningún inconveniente en que ellos puedan disfrutar de su subsidio”, expresó la primera mandataria.

Otro reclamo de la comunidad es que no se utilice el dinero por concepto de manutención que reciben madres y padres solteros para determinar el pago mensual de la vivienda. Este cómputo les impacta también en la otorgación de los subsidios por agua y luz, lo que ha llevado a algunas residentes a enfrentar procesos de desalojo.

De manera inmediata, la gobernadora ordenó que todo caso pendiente de desalojo se paralice hasta tanto se determinen las razones de incumplimiento de pago. “Estaban muy preocupadas algunas de esas madres que estaban siendo objeto de posibles desalojos de sus apartamentos con sus hijos… y esos padres que no están pagando la pensión, vamos a ir a ASUME para que ejerza su función”, señaló.

También, reclamaron mayor fiscalización hacia los administradores de los residenciales, que se promuevan actividades recreativas y deportivas para los niños, las personas de edad avanzada y la población de diversidad funcional, la reparación de luminarias y más patrullaje policiaco en horario diurno. Mientras, líderes del sur exigieron mayor atención a la infraestructura de los complejos que resultaron impactados por los recientes sismos.

Los líderes comunitarios salieron complacidos con los acuerdos logrados en la reunión, aunque advirtieron a la gobernadora que le darán seguimiento a su cumplimiento. “Vamos a estar diligentes y pendientes a que estos acuerdos se cumplan. Salimos satisfechos y esperanzados en que realmente esa justicia social que llevamos años tratando que llegue a nuestras comunidades, efectivamente, se torne en una realidad”, señaló Mirta Colón de Las Gladiolas.

Orlando Rosario, presidente de la Coalición Norte, que agrupa a 27 residenciales, también se expresó complacido con la reunión. “Este gobierno nos ha dado la oportunidad de podernos desahogar con la verdad y escuchar soluciones a nuestras situaciones que afectan a toda la gente que habita en nuestras comunidades”, puntualizó.


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