El abogado Carlos Ramos fue uno de los participantes en el foro sobre la libertad de prensa, en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. (Alexis Cedeño)

La práctica cada vez más común de amenazar con demandas, o hasta iniciar pleitos frívolos para intimidar o acosar a medios de comunicación y a periodistas con el objetivo de impedir la publicación de información sensible para altos funcionarios gubernamentales o figuras públicas puede ser minimizada si se legislan cortapisas legales como lo ha hecho cerca de la mitad de las jurisdicciones estadounidenses.

Se trata de un problema a nivel mundial, según al presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, Damaris Suárez. En días recientes el tema resurgió con la demanda que presentó un cabildero contra el abogado y analista político Josué “Jay” Fonseca reclamando sumas millonarias tras la difusión de información noticiosa que el demandante alega que es falsa.

Suárez citó estudios de Centro de Política Exterior, una organización de investigación pública basada en Londres, que, en una encuesta entre reporteros, encontró que más del 70% de estos profesionales de las comunicaciones ha recibido amenazas reales por sus publicaciones. La mitad de los encuestados, por su parte, afirmaron haber recibido cartas de intención de demanda por parte de corporaciones o individuos adinerados que buscan evitar una publicación o neutralizar información ya hecha pública.

“Es una tendencia mundial y va en aumento la radicación de demandas frívolas de individuos con capacidad económica para torpedear el trabajo peridistico”, sostivo Suárez durante un foro celebrado hoy, martes, en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana sobre este tipo de acción legal.

Suárez indicó que este tipo de práctica para intimidar a los medios de comunicación y los periodistas comienzan con llamadas a las redacciones de los funcionarios o las figuras públicas quejándose sobre cómo son tratados en alguna cobertura periodística pero sin poder refutar los hechos reseñados en los artículos. Después escalan a los jefes de los medios, los duenos y emiten amenazas legales en forma de cartas de cese y desista, pero sin precisar los supuestos errores en las publicaciones.

En ocasiones llegan a demandar, no con la intención de reinvindicar algún dato falso que se publicó o reclamar algún daño real, sino para abrumar con gastos legales a los medios y a los periodistas para así desalentar económicamente la publicación de los hechos.

Brian Hauss, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, quien habló en su carácter personal en el foro, explicó que, como se entiende que esta práctica es sumamente dañina para la libertad de expresión y en el proceso de reclamar cuentas a los poderosos en una sociedad, cerca de la mitad de las jurisdicciones estadounidenses han establecido leyes que buscan minimizar estas demandas que, en la jerga legal se le conocen por el acrónimo de SLAPP (“Strategic Lawsuits Against Public Participation” o Demandas estratégicas contra la participación pública).

En términos generales, estas leyes anti SLAPP aplican únicamente en casos donde el demandante en un caso de difamación o libelo es una figura pública o un alto funcionario del gobierno, con capacidad de influenciar el debate público. Estas leyes minimizan estas demandas al requerir una cantidad sustancial de evidencia para justificar el pleito antes que el demandado incurra en gastos legales mayores, como los que habría en un proceso de descubrimiento de prueba. Del mismo modo, le permiten al demandado recurrir a foros apelativos temprano en el proceso judicial si reciben un fallo en contra la desestimación del pleito. Finalmente, si el demandante pierde el caso tiene que cubrir los gastos legales del demandado.

“Estas reglas aplican cuando son figuras públicas sobre asuntos públicos... Desafortunadamente, la mitad de los estados no tienen leyes anti SLAPP, ni el gobierno federal”, dijo Hauss.

En el caso de Puerto Rico, la libertad de expresión y de prensa está aún más amenazada por leyes aprobadas durante la pandemia que penalizan criminalmente por la difusión falsa de información durante una emergencia.

Hauss explicó que este tipo de estatuto puede usarse para perseguir y penalizar la función periodística, especialmente en escenarios de emergencia donde la información suele ser cambiante y no muy precisa.

“Durante una emergencia, usualmente, el gobierno o la prensa, publican cosas erróneas, intencional o de manera no intencionada, en parte, porque es un ambiente en que la información cambia rápido, un ambiente que es difícil entender lo que está pasando y entre los políticos hay un interés en evitar escándalos... Es parte del trabajo de la prensa reclamar que el gobierno responda cuando están mal. Lo vimos cuando en el huracán María se subestimaron las muertes. Es importante que la prensa tengan la capacidad de publicar”, dijo el abogado.

Carlos Ramos, profesor de derecho constitucional, destacó que la libertad de expresión y de prensa es sumamente defendido por la constitución y la jurisprudencia estadounidense. Explicó que tras la decisión del caso del New York Times vs. Sullivan en el 1964 las demandas de difamación solo progresan si el demandante prueba malicia real, lo que requiere que el presunto afectado de la expresión falsa pruebe que la publicación se hizo a sabiendas y sin dudas de que la información era mendaz.

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