El uso de los fondos federales asignados para la reconstrucción, agilizar el proceso de permisos y la construcción informal fueron los temas que dominaron la discusión hoy cuando tres candidatos a la gobernación participaron en un foro auspiciado por el capítulo de Puerto Rico de la Asociación de Contratistas Generales (ACG) de América.

La ausencia más notable fue la del candidato por el Partido Popular Democrático, Charlie Delgado. Según un portavoz de su campaña, José Cruz, el alcalde de Isabela se excusó “con tiempo” debido a "problemas de calendario.

Eliezer Molina y el candidato por Proyecto Dignidad, César Vázquez, no fueron invitados.

“Este es un evento por invitación”, dijo Mari Carmen Schell, relacionista público de la ACG.

El evento contó un panel que tuvo la encomienda de realizar las mismas preguntas a todos los candidatos que dijeron presente.

Juan Dalmau llama a proteger los recursos naturales

El candidato del Partido Independentista Puertorriqueño abrió su exposición señalando que, aunque quiere que la industria de la construcción tenga un rol fundamental para la reconstrucción, la revitalización y la repoblación de las comunidades, tiene que darse ese ejercicio estableciendo un “balance adecuado” con la protección de los recursos naturales y el buen uso de los fondos.

“Esto es una enorme oportunidad que se nos presenta”, dijo al recordar que Puerto Rico lleva 14 años de depresión económica.

Dalmau Ramírez acogió la idea de establecer un salario mínimo de $15.00 tanto para proyectos financiados con fondos estatales como para proyectos pagados con fondos Estatales. Sin embargo, dijo que en el caso de los proyectos estatales se le requeriría a la empresa pagar solo $10.80 la hora y la diferencia hasta $15 sería costeada con un fondo separado del Gobierno.

El candidato indicó que aplicaría una tasa contributiva corporativa uniforme de 10%, cifra que representaría una reducción de 20% sobre la aplicable actualmente a empresas puertorrriqueñas y que a su vez, representaría un incremento sobre las tasas actuales de ciertas empresas foráneas que pagan entre 0% y 4%.

“Tiene que haber condiciones estrictas para favorecer el uso de materiales producidos en Puerto Rico”, dijo.

Dalmau Ramírez opinó que el principal obstáculo para el lento desembolso de fondos federales de reconstrucción se debe a la burocratización de los procesos, la politización y la corrupción, por lo que propone crear un comité especial que vele por el buen uso de ese dinero.

Una denuncia y propuesta prácticamente idéntica la levantó la candidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Alexandra Lúgaro.

“Van a asignar muchos fondos federales, pero de nada sirve si vuelve a ocurrir otro Whitefish”, dijo Dalmau Ramírez. “Hay que ser estrictos al momento de adjudicar estas subastas a compañías puertorriqueñas. No pueden ser (los fondos federales) un subsidio a las empresas estadounidenses”

Según Eduardo Pardo, secretario de la ACG, Puerto Rico se encuentra actualmente en un “limbo” luego de que en el 2019 el Tribunal Supremo invalidara lo que se conoce como el Reglamento Conjunto Para la Evaluación y Expedición de Permisos. Pardo preguntó a Dalmau Ramírez si favorecería la versión más reciente de ese documento, que data de este año, pero el candidato independentista dijo que, aunque coincide en la necesidad de que cualquier marco regulatorio brinde certeza, no lo favorece.

“Porque creo en que debe haber un marco preciso que dé estabilidad a la industria me opongo al actual reglamento. Tiene contradicciones entre el propio documento”, dijo al sostener que múltiples grupos no fueron consultados antes de su confección.

“Hace falta una revisión amplia a ese reglamento y acelerada”, dijo Dalmau Ramírez.

Alexandra Lúgaro aboga por la reconstrucción de las escuelas

La cantidad por el MVC procuró, aunque no fue tema del foro, explicar la política pública de su partido de ser electa en cuanto a la reconstrucción de las escuelas.

“Son las unidades de infraestructura más vulnerables en Puerto Rico”, dijo al recordar que las seis escuelas de Guánica colapsaron a raíz de los temblores de diciembre y enero y describir como una “chapucería” los informes de daños en las escuelas de Yauco y Guayanillla, también como resultado de los temblores.

“Dentro de nuestras prioridades al comenzar en enero estará reevaluar esta infraestructura con el Colegio de Ingenieros y Agrimensores y la Universidad de Puerto Rico. Hay que hacerlo de forma expedita y corregir los vicios de construcción en esas escuelas”, dijo.

Lúgaro, como los demás candidatos, enfatizó en la necesidad de que se le dé buen uso a los fondos federales de reconstrucción, pero introdujo otros elementos como la necesidad de construir vivienda de interés social, revitalizar los cascos urbanos y edificar un sistema energético resiliente.

“La experiencia en administraciones anteriores es que hemos pagado caro la incompetencia”, dijo.

La abogada manifestó que en el plan de gobierno de MVC se atienden las principales preocupaciones de los miembros de la ACG. En su alocución agregó que las empresas que puedan costear el salario mínimo de $15 en proyectos pagados con fondos federales deben honrar esa tarifa, mientras que las que no puedan deberían hacerlo a razón de $10.80 la hora. La candidata sostuvo que ve “con buenos ojos” crear una política pública que beneficie a las empresas locales “para mover el andamiaje financiero del país”.

“En las pasadas administraciones se han dedicado a solo atraer inversión extranjera sin exigirle metas para crear economía como empleos permanentes e infraestructura permanente”, dijo Lúgaro al señalar que esta visión ha convertido a la isla en un paraíso fiscal.

“Están matado nuestra economía local”, dijo.

En lo que Lúgaro difirió con miembros de la ACG fue en torno a una aplicación estricta de requerimientos de construcción formal en Puerto Rico.

“Apoyaría un proceso para certificar los contratistas y movernos a promover la construcción formal, pero quiero dejar claro que de ninguna forma podría penalizar a personas que acudan a la construcción informal por falta de recursos”, dijo Lúgaro.

La candidata del MVC ha dicho que sustituirá la Oficina de la Primera Dama en La Fortaleza por una Oficina Anticorrupción encargada de velar por el buen uso de fondos estatales y federales y los procesos de compras en las agencias. Manifestó que no favorece los procesos de autocertificación sin que primero medie también el pago de una fianza que cubra posibles daños por el inicio de proyectos y describió el actual andamiaje de otorgación de permisos como una “mafia institucional”.

Pedro Pierluisi apuesta a facilitar los permisos

El candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) procuró establecer un vínculo inmediato con la audiencia al recordar que su padre fue presidente de la ACG.

“Me pueden considerar un aliado”, dijo.

Pierluisi recalcó que, si bien su plan de desarrollo económico es multisectorial, la construcción “será clave”.

“Tenemos fondos nunca antes vistos”, dijo al referirse a los más de $50,000 millones asignados a Puerto Rico a causa de los desastres naturales. De esa cifra, solo una ínfima cantidad ha sido desembolsada.

Pierluisi se aseguró de atender inmediatamente el que quizás sea el tema más importante para la industria: el proceso de permisos.

“Quiero que la permisología fluya con el mayor sentido de urgencia. Que los permisos de uso sean por autocertificación y en el de construcción se utilice la figura de profesional autorizado”, dijo al referirse a certificaciones que firman ingenieros y arquitectos.

Sobre el tema del salario mínimo, Pierluisi indicó que favorece utilizar como marco de referencia un salario mínimo de $10.38, aunque no precisó si aplicaría a proyectos financiados con fondos federales o si incluiría aquellos pagados con fondos estatales. Esta cifra de $10.38 surge de una revisión anual que realiza el gobierno federal a una Orden Ejecutiva firmada por el expresidente estadounidense Barack Obama.

“Lo ideal es que se llegue a un consenso entre el sector empresarial y el sindical para establecer un salario mínimo en la industria”, dijo Pierluisi.

Sobre posibles acuerdos que atiendan condiciones laborales en proyectos de construcción, Pierluisi señaló que ve con “buenos ojos” la idea, pero que se debe implementar “de proyecto en proyecto”.

El candidato manifestó que los decretos contributivos ya firmados a empresas se deben honrar cuando se le preguntó si favorecería cambios a estos acuerdos para obligar a ciertas empresas foráneas a comprar materiales manufacturados en Puerto Rico. Además, a la pregunta si crearía una oficina dirigida exclusivamente a manejar los fondos federales de reconstrucción, respondió que ya que existe la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3).

Pierluisi manifestó que intentará revisar los requisitos “onerosos” que el Departamento de la Vivienda Federal ha impuesto a Puerto Rico para utilizar fondos de recuperación, anunció que creará un cargo nuevo en La Fortaleza para que quien lo ocupe se dedique exclusivamente a darle seguimiento a proceso de permisos en proyectos críticos, dijo que mantendría a la entidad Invest Puerto Rico para promocionar a la isla como un lugar idóneo para invertir y dijo que impulsará varios proyectos de construcción: completar la carretera PR-10 entre Arecibo y Ponce, extender como expreso la carretera PR-22 de Hatillo hasta Aguadilla y extender la carretera PR-5 desde Bayamón hasta Naranjito.