Dos activistas que se libraron de la pena de muerte relataron el peligro de esta sentencia

Juan Roberto Meléndez Colón y Joaquín José Martínez dieron testimonio de por qué es necesario rechazar la pena de muerte, que ayer cumplió 90 años de ser abolida estatutariamente en Puerto Rico, aunque puede ser aplicable mediante ley federal.

Ambos tuvieron la muerte muy cerca. Martínez, por tres años, en el llamado Corredor de la Muerte, y Meléndez Colón, criado en Naguabo, por “17 años, ocho meses y un día”, como contó ayer a El Nuevo Día.

Sus relatos fueron escuchados en un evento realizado en el Capitolio en el que se conmemoraron los 90 años de la abolición de la pena de muerte en la isla.

Meléndez Colón, nacido en Brooklyn, Nueva York, se encontraba en el estado de Florida en 1984 al ser convicto por un asesinato ocurrido un año antes. En su tercera apelación al castigo de pena de muerte, un investigador encontró una grabación que lo exoneraba.

“Si hubiera perdido la última apelación, el gobernador Jeb Bush hubiera firmado mi sentencia de muerte”, afirmó el hombre, quien se ha convertido en activista contra la pena capital como parte de la organización Witness to Inoccence, que se encuentra de visita en la isla.

“No quiero que a otro le pase lo que me pasó a mí. Puerto Rico no merece una ley que es racista, una ley que no resuelve el crimen, no merece una ley que es costosa y no merece una ley que es injusta”, sostuvo Meléndez Colón.

Martínez, de madre ecuatoriana y padre español, fue encontrado culpable por un doble asesinato ocurrido en 1996 en Tampa, Florida. La prueba principal en su contra, una confesión que supuestamente le hiciera a su exesposa, fue desechada en un segundo juicio y fue absuelto luego de cinco años preso y tres en el Corredor de la Muerte tras confesar haber sido un favorecedor “radical” de la pena capital.

A juicio de Kevin Miguel Rivera Medina, presidente de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, es importante oponerse a este tipo de castigo por varios factores, incluyendo el económico, considerando que sale más caro el proceso conducente a ejecutar un preso que mantenerlo en prisión.

“Pero lo más importante es que seguimos destinando recursos para quitarle la vida a alguien, cuando decimos que matar es malo. ¿Por qué no mejor (invertir) en esclarecer casos o en la prevención?”, cuestionó Martínez.