El número de residencias con toldos azules de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, tras  el paso del huracán María, rondaba los 30,000.
El número de residencias con toldos azules de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, tras el paso del huracán María, rondaba los 30,000. (Xavier J. Araújo Berríos)

La organización Ayuda Legal Puerto Rico cuestionó cómo el gobierno recibió apenas 26,920 solicitudes para participar del programa de Reparación, Reconstrucción y Relocalización de Viviendas (R3) cuando solo los estimados de viviendas con techos de lona azules rondaban las 30,000 personas hace apenas unos meses.

El pasado lunes, el gobierno informó que unas 3,000 familias con estos techos de lona solicitaron al programa R3. No explicaron, sin embargo, qué paso con las restantes viviendas que el mismo Estado presumía en similares condiciones.

Los estimados originales de 30,000 casas con lonas por techo surgían de las viviendas a las que se le instalaron estos remedios y que, por alguna razón, no lograron ser impactadas por el programa Tu Hogar Renace, que desarrolló el Departamento de la Vivienda local y la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).

El R3, que opera con fondos de desarrollo comunitario tras desastres (CDBG-DR, por sus siglas en inglés), al momento, no ha logrado la reparación, reconstrucción o relocalización de vivienda alguna. El gobierno, sin embargo, ha resaltado que ya han firmado 198 acuerdos de reparación y que tienen sobre 100 unidades bajo construcción. Se supone que el R3 sirva para atender las necesidades que se dejaron al descubierto bajo los programas de FEMA tras el huracán María.

Según Ariadna Godreau-Aubert, directora de Ayuda Legal Puerto Rico, la escasa participación de los afectados se debe, entre otras cosas, a la poca promoción de la iniciativa; al limitado acceso a Internet de la población afectada, necesario para solicitar la ayuda; y a las exigencias burocráticas incluyendo los títulos de propiedad.

La togada recordó que este programa se anunció cerca del punto pico de las masivas protestas del verano del 2019 y que la promoción posterior fue escasa.

“La realidad es que hubo un problema de convocatoria. Fuimos a muchas comunidades que no sabían bien del programa y el proceso para llenar una solicitud era oneroso, podía tardar más de una hora una sola solicitud. También, está el cansancio de personas que nunca le contestaron de Tu Hogar Renace”, dijo Godreau-Aubert a El Nuevo Día.

El lunes, la gobernadora Wanda Vázquez Garced, tras reunirse con el coordinador federal para la reconstrucción, Peter Brown, dijo que darían prioridad a estas familias sin techo seguro.

El Departamento de la Vivienda, en una declaración escrita en la que reaccionó a las denuncias, no explicó qué pasó con las demás casas sin techo seguro que no están siendo cubiertas por R3 y simplemente desligó esta iniciativa de la que desarrolló anteriormente con FEMA.

La agencia indicó que el programa “fue diseñado para asistir a propietarios que sufrieron daños sustanciales y a personas de ingresos bajos a moderados, por lo que no todos los propietarios bajo la iniciativa de techos azules de FEMA solicitaron al programa R3”. Sin embargo, las iniciativas de techos azules y de Tu Hogar Renace también estaban dirigidas a hogares con ingresos bajos o moderados.

Vivienda indicó, del mismo modo, que desarrollaron sobre 1,000 iniciativas de difusión del programa R3, que publicaron anuncios y que delegaron gran parte del proceso de orientación a los municipios que conocen de cerca las comunidades más afectadas por los huracanes.

“Se realizaron múltiples actividades de divulgación a las comunidades, con la ayuda de los municipios, quienes, muchos de ellos, tenían la responsabilidad de llevar a cabo reuniones de divulgación con sus residentes para garantizar que las comunidades más necesitadas estuvieran debidamente informadas”, sostuvo la agencia.

Por otro lado, Godreau-Aubert explicó que, bajo R3, se establecieron requisitos de titularidad que pueden atrasar, por mucho tiempo, las reparaciones de las viviendas. La idea es que el gobierno pueda establecer un gravamen al título del hogar de los beneficiados por la iniciativa de modo que tengan que cumplir ciertas condiciones, como vivir la estructura por cierto periodo de tiempo. Esto, sin embargo, no lo pueden lograr si la propiedad no está inscrita.

Ante los problemas de titularidad que se anticipaban, se estableció un Programa de Autorización de Títulos, en paralelo con el R3, con la misión de resolver estos problemas legales de las viviendas. Cerca del 33% de los solicitantes al programa fue referido a esta iniciativa complementaria, dijo Godreau-Aubert.

“En esto, puedes estar en un limbo por más de un año”, sostuvo. “Este problema no se va a resolver caso a caso como lo están haciendo. La gente no va a poder seguir esperando”.

“Desde el momento de diseño del programa, fuimos conscientes de que la obtención de títulos es un proceso largo”, contestó la agencia, al destacar que las personas sin título no perderán su turno en la reconstrucción una vez la situación se resuelva.

Godreau-Aubert explicó que este tipo de requisito de tener la titularidad suele imponerse para que las personas “usen los recursos como son”. No obstante, resaltó que, bajo esta iniciativa, los beneficiados no reciben directamente el dinero, sino que obtienen un bien inmueble a cambio del que tenían o un servicio en su vivienda. Es decir, la administración de los recursos la hace el gobierno y sus contratistas, no las personas.

Criticó, además, que el proyecto no permite trabajos en zonas inundables, cuando, en el resto de las jurisdicciones estadounidenses, se dan paso a las reconstrucciones con medidas de mitigación. Del mismo modo, las guías del programa no posibilitan la reparación de construcciones informales que se hayan hecho para resolver algún problema estructural en la vivienda. Esta condición, sin embargo, no se advirtió de antemano y penaliza a aquellos que, ante la dilación de la ayuda, trataron de remendar sus viviendas como mejor pudieron, expresó la togada.

La agencia, entretanto, dice que no puede construir sobre lo remendado porque no puede asegurar que fue hecho siguiendo los códigos vigentes de construcción.

El programa R3 se nutre de los $20,000 millones en fondos CDBG-DR que aprobó el Congreso para Puerto Rico en los meses posteriores a los huracanes Irma y María.