La Junta proyecta que los fondos federales post-María se reducirían a la mitad

El periodo de relativa bonanza económica que experimenta Puerto Rico parece tener los días contados por el retraso y reducción en los fondos federales asociados con la recuperación, la rápida caída de los recaudos del arbitrio del 4% y la falta de acciones concretas para implementar reformas estructurales, según un documento de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y divulgado por el gobierno al mercado inversionista.

El documento, con fecha del pasado 17 de septiembre, admite que las reformas que el gobierno debió implementar para mejorar la actividad económica no han ganado tracción; que no hay claridad en las iniciativas dirigidas a promover la actividad económica como Invest Puerto Rico y Discover Puerto Rico y como si se tratara de un frasco que se hace trizas al caer, reduce prácticamente a la mitad las proyecciones de fondos federales que recibiría el gobierno como resultado del huracán María.

Además, el documento establece que a raíz de la inminente eliminación del crédito del arbitrio de 4% que las empresas foráneas pagan a Puerto Rico, esa fuente de ingresos podría reducirse en más de 50% en un periodo tan corto como cinco años, en lugar de una década. El año fiscal pasado, el arbitrio a las foráneas recaudó unos $2,083 millones. Según los estimados de la JSF, esa fuente de recaudos podría rondar unos $850 millones tan pronto como el año fiscal 2025.

“En lugar de $69,000 millones en las proyecciones actuales de fondos bajo FEMA y CDBG-DR, (estos) fondos solo totalizarían $39,000 millones”, reza el documento en su página 10.

Si a esa realidad se le añaden otros factores, como la reducción poblacional y la baja en los recaudos del arbitrio a las foráneas, la relativa salud que muestran los recaudos al Fondo General y, a su vez, las proyecciones económicas se irán por la borda. Y si fuera el caso, ello podría afectar el sobrante que estaría disponible para el pago de la deuda.

Desde el paso del huracán María, el gobierno ha utilizado como punta de lanza, los estimados en fondos federales para promover una recuperación económica que ahora, partiendo del documento, parece incierta. Entre otros aspectos, el documento detalla que las asignaciones de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) cayeron consecutivamente a lo largo del pasado año fiscal y muestra que indicadores que estuvieron al alza, como la venta de vehículos, ahora se mueven a la baja.

A principios de año, El Nuevo Día reseñó que los cambios que mostraba el Índice de Actividad Económica (IAE), la única herramienta de análisis que ofrece un vistazo mensual a la actividad productiva de Puerto Rico apuntaban a que la recuperación post-María perdía intensidad.

El documento de la JSF fue divulgado en la noche del pasado viernes ante la Junta Reglamentadora de Valores Municipales (MSRB, en inglés). Partiendo de su breve descripción este fue utilizado en las sesiones de mediación, que son confidenciales, el pasado 17 de septiembre y 2 de octubre. En tales encuentros, a juzgar por el documento, oficiales de la JSF habrían explicado a los acreedores el verdadero cuadro fiscal de la isla. La jueza Laura Taylor Swain y la jueza Barbara Houser -que encabezan la mediación- han puesto una mordaza a las partes sobre el proceso. Ambas juristas asistieron la semana pasada al Tribunal Supremo de Estados Unidos, en Washington, para presenciar la audiencia sobre la constitucionalidad de la JSF.

En síntesis, según el documento de la JSF, los recaudos récord que exhibe el gobierno son temporales y ahora, incluso, inciertos debido a las movidas políticas que se cuecen en la capital federal y que apuntan a una reducción y retraso en fondos federales. Entre esos desarrollos, la JSF ofreció un recuento de los pedidos de mayor fiscalización desde los departamentos de Vivienda y Educación federal y el Congreso.

A pesar del cuadro admitido por la JSF en la sesión de mediación de los casos de Título III, unos 10 días después de esa sesión, el organismo fiscal presentó el plan de ajuste del gobierno central contemplando un recorte en el agregado, de alrededor de 30% en la deuda pública vigente y ofreciendo pagar casi la totalidad de las pensiones.

Mañana, martes, el comité de Recursos Naturales en el Congreso pasará revista de lo hecho por la JSF en los pasados tres años y analizará la pertinencia de enmendar Promesa, la ley federal que impuso el organismo fiscal por encima del gobierno electo de Puerto Rico y viabilizó un mecanismo parecido a la bancarrota para el territorio estadounidense.

Según el documento, entre los años fiscales 2019 y 2024, Puerto Rico tendría un sobrante disponible de unos $13,693 millones, que pudiera estar disponible para el pago a los acreedores, pero esa cifra no contemplaría los impactos adversos detallados por la JSF.

Como parte del análisis, a pesar de que el gobierno cuenta con sobre $18,057 millones en efectivo, solo unos $6,900 millones serían irrestrictos, cifra que estaría disponible para el uso que la JSF y el gobierno entiendan según las prioridades que se hayan establecido.

“El plan fiscal no ha sido implementado. Su implementación ha encarado múltiples retos”, reza el documento.