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La ex secretaria interina de Salud Concepción Quiñones de Longo indicó que la agencia es objeto de una investigación federal. (GFR Media)
La ex secretaria interina de Salud Concepción Quiñones de Longo indicó que la agencia es objeto de una investigación federal. (GFR Media)

La ex secretaria interina del Departamento de Salud Concepción Quiñones de Longo confirmó que esa agencia está desde hace un tiempo bajo una investigación federal relacionada con el manejo de contratos, y ahora la pesquisa se extiende a las presuntas irregularidades cometidas en la compra y repartición de pruebas diagnósticas del COVID-19.

En entrevista con El Nuevo Día, Quiñones de Longo afirmó que su renuncia la semana pasada no obedeció a razones personales ni de salud, como se comentó en algún momento, sino a su molestia respecto a la forma en que el gobierno ha manejado algunos aspectos relacionados con la emergencia provocada por el nuevo coronavirus, particularmente en torno a las pruebas.

Uno de los empleados de compras de Salud fue entrevistado (el jueves) por un oficial del FBI (Negociado Federal de Investigaciones)”, aseguró la exfuncionaria.

Dos fuentes de El Nuevo Día indicaron, por separado, que el Departamento de Salud es investigado por las autoridades federales hace algún tiempo. El foco de la pesquisa es, según los informantes, una serie de contratos que han estado manejando varios empleados de confianza de la agencia, con la supuesta anuencia de personal de La Fortaleza.

“Están investigando todo en Salud”, dijo una fuente, que enfatizó que, además del asunto de las compras de las pruebas de COVID-19, hay otros contratos de Salud que están en la mira de las autoridades federales.

Este medio intentó obtener declaraciones del FBI, pero no obtuvo respuesta.

La investigación fue originada por la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud federal, que, tras detectar presuntas irregularidades en una auditoría interna de la agencia local, advirtió al FBI. En la actualidad, la pesquisa se desarrolla de manera conjunta entre ambas entidades federales, supo El Nuevo Día.

Entre las compras bajo evaluación, figuran las pruebas de COVID-19, uno de los materiales más solicitados por la comunidad médica para poder hacer los diagnósticos de esta enfermedad y tratar de contener la cadena de transmisión.

Ante las acusaciones de Quiñones de Longo, el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón, afirmó en declaraciones escritas que las denuncias serán investigadas.  

“Ante la información que ha surgido públicamente relacionada a las expresiones de la ex secretaria interina de Salud, Dra. Concepción Quiñones, la gobernadora nos ha instruido y procedimos de conformidad a solicitar al secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, que analice las mismas y se tomen las determinaciones que corresponda”, indicó Pabón mediante un comunicado circulado esta tarde.

“Del mismo modo se le indicó que, de proceder, haga los referidos a las agencias pertinentes para que lleguen a las conclusiones y determinaciones que procedan conforme a derecho”, agregó.

“Cónsono con el principio de sana administración, este gobierno no tolera acciones que puedan empañar la gestión íntegra y transparente que hemos ejercido y mantenemos como norte”, concluyó Pabón.

Envía carta al comisionado Nmead

Quiñones de Longo envió el jueves una carta al general José Burgos, comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), para alertarlo sobre supuestas irregularidades en el manejo del suplido de pruebas diagnósticas. En la misiva, le informó que Salud compró a la empresa Quest Diagnostics 5,000 pruebas moleculares (PCR) de COVID-19 para que se realizaran en el Laboratorio de Salud Pública de la agencia, y que 500 de esos “kits” debían entregarse en el laboratorio de la agencia, en el barrio Monacillos, en San Juan.

De acuerdo con la exfuncionaria, Miguel Ribas, gerente general de Quest Diagnostics, le había informado que la empresa podría entregar 500 pruebas el jueves y 800 el viernes de la semana pasada. El acuerdo era que las pruebas fueran entregadas en el Edificio A, del Laboratorio de Salud Pública.

Sin embargo, al llegar el momento acordado y no recibir las pruebas, se comunicó con Ribas, quien le informó que habían recibido instrucciones para que las pruebas fueran entregadas en el Centro de Operaciones de Emergencias, en Caguas. El equipo fue entregado a Mabel Cabeza, una empleada de Salud en destaque administrativo en La Fortaleza.

Quiñones de Longo añadió que las pruebas “las pidió Mabel Cabeza y el doctor (Juan) Salgado”, del equipo médico que asesora al gobierno sobre el manejo del coronavirus.

En la carta al titular del Nmead, Quiñones de Longo advierte también que, como las pruebas no llegaron al laboratorio, se le informó al ejecutivo de Quest que no le podían pagar la factura de un material que no se había recibido oficialmente. Además, solicita que el incidente sea investigado.

Según Quiñones de Longo, Ribas no supo decirle quién había firmado la entrega de la orden.

Tras enviarle la carta, la extitular de Salud se comunicó vía telefónica con el comisionado del Nmead, y al cuestionarle sobre la situación, el funcionario dijo que investigaría las alegaciones.

“Tengo entendido que miembros del ‘task force’ decidieron enviarlas (las pruebas) a hospitales. Lo que cuestiono es que no se siguió el proceso administrativo”, insistió.

“Las cosas no se hacen al garete. Estas son compras grandes, de millones de dólares. Por eso, decidí salirme de ahí (Salud). No quiero que digan que las cosas se hicieron de forma improvisada, al garete”, puntualizó.

De acuerdo con la pediatra, no es la primera vez que ocurren irregularidades en Salud dirigidas por Cabeza.

“Eso ha pasado en repetidas ocasiones con Cabeza y los contratos y nombramientos (que realiza). ¿La señora gobernadora está ciega?”, cuestionó molesta.

Según la pediatra, Cabeza es “la que controla todo en Salud”. Ella, dijo, tiene una relación de amistad con la subsecretaria de la gobernación, Lillian Sánchez, así como con otros asesores cercanos de Fortaleza.

“Ella era la asistente personal del Secretario de Salud (doctor Rafael Rodríguez Mercado), pero cuando me nombraron (de secretaria interina de Salud) la llamé y le dije que no me sentía cómoda con que fuera mi asistente o “chief of staff” (de Salud). Le dije que la dejaría en destaque, pero como enlace con el (Medical) “task force” y ASEM (Administración de Servicios Médicos)”, dijo.

Al poco tiempo, dijo, el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón, la llamó y le advirtió que no podía tomar esa acción.

“Me dijo que no podía hacerlo, que ella (Cabeza) era imprescindible en Salud. Me dijo, “no se preocupe, lo discutimos horita”, pero eso nunca pasó”, indicó la pediatra.

Agregó que desde ese día de Fortaleza la excluyeron “de todo, salvo para firmar documentos como secretaria de Salud”.

“Les dije que no me iba a dejar mandar, que no iba a poner mi nombre en algo dudoso”, indicó.

Según Quiñones de Longo, empleados de Salud le advirtieron que estaban recibiendo llamadas de Cabeza para saber “qué decisiones había tomado (ella) para decirlo en Fortaleza”.

“Me da pena. Si no podía estar para arreglar las cosas, no me podía quedar (en Salud) y que se afectara toda mi carrera por algún lío o fraude. No soy bien vista en Fortaleza porque favorecen a Mabel (Cabeza)”, lamentó.

“Mi única queja es la forma en que están tomando decisiones en Fortaleza, a veces precipitadas. Entiendo que estamos en una emergencia, pero no es momento de actuar al azar. A mí me gusta la ley y el orden, con evidencia de todo. Mi preocupación es que Salud debe ser el líder, el responsable de hacer las compras y el protocolo. Este grupo (Medical task force) es asesor al secretario de Salud, pero han asumido la posición de ser los que mandan”, comentó.

Según la pediatra, la última gota que colmó la copa fue que en un programa especial quefue difundido esta semana por WIPR, donde la gobernadora y miembros del Medical Task Force contestaron preguntas sobre el COVID-19, ella no fue invitada.

“Cuando me enteré que habría una conferencia para hablarle al país de COVID pregunté si debía asistir el secretario de Salud o algún representante y me dijeron que no, que no estaba invitada”, indicó.

Sobre la confirmación del doctor Lorenzo González Feliciano como el nuevo secretario de Salud, la pediatra comentó que él ya conoce la posición y que cuenta con la preparación académica también para asumirla.

“Solo quisiera que se le de la responsabilidad que recae en la posición de secretario de Salud”, puntualizó.

Mientras tanto, según supo este diario, ante la escasez de pruebas de COVID-19, aparentemente se han hecho compras de compañías no autorizadas por la Administración federal de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés). El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) alegadamente está investigando esta situación y ya intervino con un laboratorio de Caguas.

“Ya ICE se metió a un laboratorio e incautó las pruebas y advirtió que los que compraran cosas que no estuvieran “clear” (que no fueran avaladas por el gobierno federal) las iban a incautar”, dijo una fuente.



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