Según la Junta de Supervisión Fiscal, la inyección de fondos federales post-María debe totalizar unos $75,000 millones.
Según la Junta de Supervisión Fiscal, la inyección de fondos federales post-María debe totalizar unos $75,000 millones.

A poco más de dos años y medio del huracán María y tras un encierro de casi tres meses por causa del COVID-19, Puerto Rico entra en la tercera fase del plan de reapertura económica, teniendo -casi como único hilo salvador- la inyección federal asociada al ciclón de 2017.

Según la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la inyección federal post-María debe totalizar unos $75,000 millones.

A esa cifra se sumarían entre $400 millones y $500 millones, si la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la administración de Wanda Vázquez Garced llegan a un acuerdo definitivo acerca de los daños ocasionados por la secuencia sísmica que afectó el sur de la isla en enero pasado.

Además, la semana pasada, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, dijo en una audiencia en el Congreso que, a raíz del COVID-19, Puerto Rico debe recibir otros $14,000 millones.

Sumando los dos desastres naturales y la pandemia, Puerto Rico recibiría unos $89,500 millones en fondos federales, una cuantía a la que ningún otro gobernador en la historia ha tenido acceso.

Si fuera a buscarse algún paralelo a la coyuntura actual, podría ser el dinero que Puerto Rico recibió entre 1935 a 1955, como resultado del “Nuevo Trato” impulsado por el presidente Franklin D. Roosevelt y que en la isla tomó la forma de la Administración para la Reconstrucción de Puerto Rico (PRRA). Entonces, en una economía de unos $225 millones, se recibieron unos $82 millones en fondos federales para infraestructura, lo que podría significar unos $1,491 millones en la actualidad.

En entrevistas separadas, el coordinador de FEMA para Puerto Rico, Alex Amparo, el secretario de la Vivienda, Luis Carlos Fernández Trinchet, y el director ejecutivo de Oficina de Reconstrucción (COR3), Ottmar Chávez, reconocieron que los pasados dos años y medio han sido “una curva de aprendizaje”, pero aseguraron que la reconstrucción avanza.

Sin embargo, la directora de la oficina del Centro para una Nueva Economía (CNE) en Washington, D.C., Rosanna Torres, indicó que la inyección de fondos federales tendrá poco efecto, a menos que Puerto Rico articule una estrategia coordinada que asegure la utilización de los fondos aprobados y superar el vendaval de credibilidad que asedia a la isla en la capital federal.

Arranca la obra permanente

Según Amparo, en los pasados ocho meses, FEMA ha pasado de aprobar unos seis proyectos permanentes al mes a 400. La agencia ha puesto en marcha unos $6,830 millones en fondos obligados para construir carreteras, puentes, parques y edificios a lo largo y ancho de Puerto Rico.

“Ha sido una curva de aprendizaje para los municipios, para el gobierno y también para FEMA. Hay diferentes permisos, costos e impuestos aquí que no se tienen en otros lugares, eso lo tuvimos que aprender”, ejemplificó Amparo.

En total, luego de más de 90,000 reclamaciones de daños, FEMA y el gobierno de Puerto Rico han identificado más de 8,000 proyectos de obras permanentes. En cada uno de esos proyectos, las partes deben ponerse de acuerdo en su costo, diseño y tiempo para llevarse a cabo. Entre septiembre y mayo, se han aprobado unos 1,659 proyectos.

Amparo y Chávez revelaron que entre el 65% y 70% de las obras permanentes identificadas se aprobarán antes de que termine este año.

Hasta el mes pasado, considerando todas las categorías bajo la ley Stafford, FEMA ha obligado $19,904 millones. De ese dinero, que incluye ayuda a individuos y gastos administrativos, se ha gastado 77%.

Sumando los fondos asignados a través de otros programas como el de Subvenciones y Desarrollo de Comunidades afectadas por Desastres (CDBG-DR), el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, los fondos obligados por el huracán María superan los $22,300 millones, indicó Chávez.

Según Amparo, por lo general, los proyectos permanentes suelen agarrar tracción unos tres años después del desastre, explicó el funcionario federal. “Para las obras permanentes, tienes que hacer miles y miles de inspecciones, carreteras, edificios, solo en (el Departamento de) Educación son inspecciones (de daños) en 1,100 escuelas y lo mismo en PRASA (Autoridad de Acueductos y Alcantarillados con cada planta y ‘waste water plant’ (plan de aguas usadas) y miles de millas de ‘power lines’ (líneas de distribución) y cientos de subestaciones (eléctricas)”.

El progreso alcanzado descansa en múltiples ajustes entre las partes, se indicó.

Un proceso complejo y “absurdo”

Amparo es el quinto coordinador de FEMA al frente de la respuesta a María en 33 meses. En ese mismo período, FEMA ajustó, en por lo menos tres ocasiones, el curso de su respuesta al desastre.

En principio, Puerto Rico entró a la sección 428 de la ley Stafford. FEMA también impuso a Puerto Rico el requisito de justificación de fondos o “manual drawdown”, considerando “el historial de irregularidades fiscales y mala administración de la isla”.

De acuerdo con Chávez, una vez se enmendó la ley bipartita que asignó fondos para los huracanes Harvey, Irma y María y otros desastres, se facilitó que, en lugar de reemplazos, las obras de reconstrucción puedan servir para mejorar lo que fue destruido. Además, el año pasado, se aplicó a Puerto Rico al llamado “National Workflow Model”. Apenas en enero pasado, FEMA autorizó uso de la sección 406 de la ley Stafford, que permite el uso de fondos para obras que eviten que un nuevo desastre resulte en más destrucción.

Aunque el modelo nacional para obras permanentes resulta más preciso, se trata de 19 pasos que cada proyecto debe cumplir, explicó Chávez, quien describió a Amparo como “un aliado” de la isla en el proceso de reconstrucción.

La situación no ha sido muy distinta con el programa CDBG-DR, explicó por su parte, Fernández Trinchet.

No fue hasta casi dos años después del huracán María que Puerto Rico recibió el visto bueno de su plan de reconstrucción por parte del gobierno federal, dijo el abogado. Según Fernández Trinchet, desde las primeras asignaciones del Congreso, los acuerdos entre Puerto Rico y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD), han recibido cuatro enmiendas sustanciales.

De los fondos aprobados por el Congreso, HUD ha obligado unos $11,300 millones y de esa suma, ha autorizado el uso de $3,200 millones. De esa cifra, apenas $72 millones se han desembolsado. Los desembolsos ascienden a $144 millones, dijo el abogado, cuando se incluyen los fondos designados a ciertos proyectos de vivienda y que HUD documenta por separado.

“Para cada programa, tienes que preparar unas guías, tienes que certificar a los subrecipientes (de fondos). No puedo mover un dedo sin la aprobación del gobierno federal. Es absurdo”, dijo Fernández Trinchet haciendo referencia al acuerdo que, en febrero pasado, Vázquez Garced catalogó como un paso de avance.

Fernández Trinchet tomó la jefatura de Vivienda luego de que su predecesor -Fernando Gil Enseñat- objetara los procedimientos establecidos por HUD, costándole el puesto. Pese a las trabas, Fernández Trinchet se mostró optimista. Indicó que, todavía, 15 años después de Katrina, Luisiana recibe fondos bajo CDBG-DR.

Para desembolsar los primeros $3,200 millones disponibles, Vivienda ha desarrollado 14 programas distintos.

Varios de los programas, empero, entraron en vigor justo en medio de la pandemia cuando buena parte de la actividad económica y las agencias de gobierno cerraron por la emergencia sanitaria.

Sin dinero ni voluntad para exigir

Aun si la burocracia no fuera escollo, Puerto Rico no tenía dinero para empezar la reconstrucción.

“Típicamente, el gobierno empieza con su dinero, cuadra con el seguro privado y luego entra FEMA para cubrir la diferencia. Por la situación fiscal, Puerto Rico no tenía acceso al mercado de capital ni tenía un ‘rainy day fund’. Eso no existía”, dijo Chávez.

“Vamos para tres años de María y hay alcaldes, agencias peleando la reclamación que le hicieron al seguro. Yo no puedo dar un dólar para un proyecto hasta que eso no está resuelto”, agregó Amparo.

Para resolver el problema de falta de efectivo, se asignaron otros $270 millones en fondos CDBG-DR para el pareo de fondos con FEMA.

“Puerto Rico lleva 15 años de recesión y con medidas de austeridad socavando las instituciones. No puedes esperar que el gobierno responda de manera efectiva si recortas, salud, educación, seguridad pública”, dijo Torres.

En la urgencia por los fondos, agregó Torres, Puerto Rico firmó el pacto con HUD sin negociar los procedimientos a seguir”, agregó Torres. “Son 50 páginas de trabas”.

“Puerto Rico está tratando con una estructura de requisitos que no se le pidieron a Texas, Florida o las Islas Vírgenes. Es una estructura basada en estereotipos de que somos vagos y corruptos”, fustigó Torres.

Reconstrucción versus recuperación

“Estamos mirando hacia la reconstrucción, pero recuperación es otra cosa... No hay recuperación hasta que la gente siente que puede tener una vida que podría describirse como normal... no hay un sentido de seguridad”, dijo Torres, al señalar que al presente, los esfuerzos que se realizan entre FEMA y CDBG-DR denotan falta de coordinación y transparencia.

A pesar de los escollos, Chávez sostuvo que muchos de los temas procesales y de logística entre FEMA y el gobierno, se superaron y ello sienta las bases para que el flujo de proyectos se acelere.

Para agilizar el proceso, FEMA y el gobierno dividió el esfuerzo de reconstrucción entre proyectos pequeños y proyectos de gran escala. El primer programa permite el desembolso del 90% de los fondos. El segundo grupo de proyectos presta énfasis a la reconstrucción del sistema energético, la infraestructura de agua y el Departamento de Educación. Esos proyectos representan casi el 70% de los fondos que llegarán a través de FEMA y las negociaciones están avanzadas, dijeron Amparo y Chávez.

Entre los proyectos que se avecinan, Amparo mencionó la relocalización de embalses y la reconstrucción de escuelas, haciendo hincapié en que los proyectos en ciernes buscarán adoptar las mejores prácticas.

“Nos dieron la autoridad para construir y reemplazar la infraestructura de Puerto Rico siguiendo los códigos más altos. Lo he dicho en todas partes y es lo que le digo todo el tiempo al staff, estas son oportunidades de una generación que no podemos desperdiciar”, subrayó Amparo.