Una manifestante feminista protesta en favor a la activación de un estado de emergencia para atender la violencia de género. (Ramón "Tonito" Zayas)
Una manifestante feminista protesta en favor a la activación de un estado de emergencia para atender la violencia de género. (Ramón "Tonito" Zayas)

No se trata simplemente de la firma de un documento ni mucho menos de un anuncio incluido en un comunicado de prensa en un intento para calmar las voces de grupos que han sido férreos defensores de los derechos de la mujeres ocupando las calles, reclamando justicia y dándole voz a las víctimas que fueron silenciadas violentamente. La declaración de un estado de emergencia es mucho más.

La declaración de un estado de emergencia a través de orden ejecutiva -reclamo que fue levantado originalmente en el 2018 por grupos feministas- viene acompañada de un plan de ejecución integrado del aparato gubernamental y de una exigencia a las agencias en la primera línea de respuesta a trabajar de forma coordinada unos remedios expeditos que atiendan de forma urgente el aumento en la incidencia de este tipo de violencia.

Requiere, además, reformular procesos, asignar fondos y readiestrar personal, entre otros tantos elementos, explicó Tania Rosario, dela organización de Taller Salud. “No hay soluciones mágicas para el problema. No se soluciona con un comunicado de prensa ni con un ejercicio de relaciones públicas”, sostuvo.

En el 2019 la gobernadora Wanda Vázquez Garced les abrió las puertas de La Fortaleza a los grupos feministas, lo que no había ocurrido bajo la administración de Ricardo Rosselló, recordó Rosario. Pero, no ocurrió mucho más. Poco tiempo después de esa reunión la primera ejecutiva declaró una alerta nacional por la violencia de género a través de un comunicado de prensa. La convocatoria generó un borrador del plan de acción que -un año después- permanece engavetado.

Rosario sostuvo que hay que comprender que las violencias por razón de género son un problema sistémico y muy antiguo que requiere de una respuesta a corto, mediano y largo plazo. De forma inmediata el enfoque debe ser la protección de vidas, seguido por una reforma a los sistemas de protección gubernamentales y, a largo plazo, la implementación de un currículo de educación para la equidad.

Ante la situación fiscal que atraviesa el gobierno, explicó Rosario, el borrador elaborado durante ese pedido original para una declaración de estado de emergencia consideró como prioritario atender aquellas áreas que no requirieran la asignación de fondos públicos adicionales. Entonces, exigían, por ejemplo, el análisis de sobre los 3,000 safe kits almacenados en el Negociado de Ciencias Forenses para lo cual ya había un dinero asignado.

“Hay una red de intercesoría legal y hay salas especializadas en casos de violencia de género. Esas cosas existen, no hay crearlas, lo que hay que hacer es que trabajen de forma coordinada”, recordó Rosario al añadir que, de igual forma, existen los módulos para implementar un currículo de perspectiva de género en las escuelas del sistema público.

Vilma González, Coordinadora Paz para La Mujer, planteó que hay personas que afirman que una declaración de un estado de emergencia no resolvería nada y, en efecto, firmar un documento no atiende la problemática, pero sí ese plan de trabajo y de respuestas articuladas que acompaña esa afirmación.

Para González es esencial que haya comunicación entre las agencias gubernamentales y que se establezcan prioridades para abordar el tema. “Se debe incluir también un asignación de fondos para llevar a cabo esos planes de acción e investigaciones para reconocer donde están las fortalezas, las necesidades y las fallas”, detalló.

Sostuvo que le preocupa que pareciera que el tema trasciende públicamente o se activa cada vez que una mujer es asesinada o cuando ocurre un hecho que estremece al país a pesar de que es un reclamo que resuena hace más de dos años. “Lo que nosotras estamos pidiendo es, precisamente, no esperar a eso, no esperar a que nos secuestren, a que nos maten o que nos violen. Lo que pedimos es el derecho al ejercicio de una vida libre de violencia”, sostuvo.

“Vemos que cuatrienio tras cuatrienio seguimos perdiendo vidas, seguimos perdiendo la oportunidad de hacer cambios significativos en la vida de las mujeres. Las organizaciones por mucho tiempo hemos estado haciendo un trabajo importante en términos de la educación, denunciar y problematizar el problema, pero otra parte tiene que venir del gobierno que son los que tienen el aparato”, señaló González.