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(AP)
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En momentos en que los administradores de hogares de adultos mayores piden que se refuerce la estrategia en contra del COVID-19 en esas instituciones, la Oficina de Licenciamiento del Departamento de la Familia (DF) desconoce aún qué medidas concretas  se tomarán -si alguna- para atender esos reclamos.

En específico, los administradores de estos centros han solicitado que se realicen más pruebas diagnósticas del nuevo coronavirus a sus empleados y que se les exija a los hospitales que hagan los test a todo adulto mayor que haya permanecido internado por cualquier condición al ser dado de alta.

“Entiendo esa preocupación. Lo veo con buenos ojos”, expresó la licenciada Llelidza Santiago, directora de la Oficina de Licenciamiento de Familia, en referencia al pedido por que los hospitales realicen las pruebas de manera mandatoria.

La Oficina de Licenciamiento es el ente encargado de licenciar y supervisar los establecimientos que se dedican al cuidado de niños y de personas de edad avanzada, y en medio de la emergencia por la pandemia, ha sido uno de los contactos directos de las instituciones de cuidado prolongado. 

Santiago reconoció que hay hospitales que se han negado a realizar pruebas a algunos residentes en centros de cuidado de larga duración. “Ellos indican que como la persona no cuenta con los síntomas, pues no es necesario hacer le la prueba”, sostuvo.

Al preguntársele si esa preocupación ha sido llevada ante la gobernadora Wanda Vázquez Garced, dijo desconocer si se le ha planteado el asunto, “pero sí al Departamento de Salud”. Esta última agencia no ha respondido múltiples peticiones de información sobre este tema.

Santiago igualmente reconoció que estos centros de cuidado prolongado han reclamado que se aumente el flujo de pruebas para los empleados, pero aún no hay nada concreto.

Los administradores han manifestado su preocupación, sobre todo, en momentos en que el gobierno ha encaminado la flexibilización gradual de las medidas de cierre preventivo ante la propagación del COVID-19.

A juicio de Juanita Aponte, presidenta de la Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración, el gobierno debe establecer una orden para que los hospitales tengan que realizar pruebas diagnósticas del virus a todos los adultos mayores antes de regresar a un hogar de ancianos y a los de nuevo ingreso en estos centros.

“Es medular que, en Puerto Rico, se adopte de manera requerida que, si un residente de una facilidad va a un hospital por alguna situación de alguna otra situación de salud, al ser dado de alta, le hagan la prueba”, apuntó.

“Cuando (el adulto mayor) regresa al hogar, sin pruebas, a lo mejor viene con el virus. Debería establecerse en el protocolo del alta de un hospital, si la persona viene a una institución, como requisito siempre hacerle la prueba”, enfatizó Aponte. 

Raymond Martínez, quien administra dos centros de cuidado prolongado en San Juan, relató que tuvo que quejarse luego que un hospital se negara a realizarle la prueba a una mujer que estuvo recluida y que presentó síntomas del virus. La paciente llegaría al hogar Del Carmen Senior Living como nuevo ingreso.  

Ante esa situación, a finales de abril, el hogar recibió la visita de la Guardia Nacional y personal de un centro de salud primaria, y realizaron la prueba molecular a 33 adultos mayores y a los 22 empleados del centro.

“Nosotros también necesitamos que las personas nuevas o que vienen del hospital tienen que estar negativos (a COVID-19)”, planteó. En ese caso, todos arrojaron negativo, indicó Martínez.

Impera la falta de comunicación

El llamado de las instituciones de cuidado prolongado surge también en medio de la lenta ejecución, por parte del gobierno, de la iniciativa para realizar pruebas a los adultos mayores en más de 900 hogares alrededor de la isla, una población que se estima entre 25,000 y 30,000 personas.

La Unidad de Investigación y Datos de El Nuevo Día reveló la semana pasada que, un mes después que el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, anunció esta iniciativa, solo se había utilizado 2.4% de las pruebas rápidas distribuidas entre centros de salud primaria, llamados Centros 330, para prevenir y atender contagios en las instituciones que sirven a las personas de mayor edad.

En los centros, también se están administrando las pruebas diagnósticas o moleculares, pero el gobierno no ha precisado a este medio, hasta ahora, cuántas se han realizado y cuáles han sido los resultados en términos estadísticos.

“Al final del camino, quien tiene acceso a esos resultados es el Departamento de Salud”, apuntó Santiago. “Ese tipo de detalles se puede conseguir a través de Salud”.

"Por lo menos, yo Llelidza Santiago, yo no recibo, no está en la obligación, resultados de pruebas”, expresó. "Ellos (el “Elderly Task Force”) sí me comunican los establecimientos que han estado impactando, y les doy seguimiento, pero resultados, yo no tengo resultados”.

Santiago también señaló que sería la Administración de Familias y Niños (Adfan) –también adscrita a Familia– la entidad que tendría más detalles sobre ese particular. La Adfan no ha respondido las peticiones de entrevista de este medio para discutir este tema.

Santiago precisó que la oficina que dirige se ha dedicado a orientar y aclarar las dudas de los operadores de los centros de adultos mayores. En declaraciones a este medio, administradores de hogares plantearon que no tenían información suficiente o desconocían si se debían comunicar con el teléfono provisto para solicitar las pruebas, aunque no tuvieran sospecha de casos, o cuándo y cómo se ejecutaría la toma de muestras para detectar el virus.

La funcionaria enfatizó que la instrucción a los administradores es que llamen a la línea telefónica provista y soliciten un turno. 

“Cuando empieza la iniciativa, ya había unas llamadas, unas sospechas que se habían identificado, esas personas que tenían esa preocupación, esa urgencia de que se hicieran esa prueba, se les dio prioridad”, dijo Santiago

La periodista Laura Quintero colaboró en esta historia.


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