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La determinación del Primer Circuito de Apelaciones en Boston tiene el potencial de cambiar el debate en la capital federal sobre la Ley Promesa. (AP)
La determinación del Primer Circuito de Apelaciones en Boston tiene el potencial de cambiar el debate en la capital federal sobre la Ley Promesa. (AP)

La determinación del Primer Circuito de Apelaciones sobre la inconstitucionalidad de los nombramientos a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) abrió una discusión que, hasta hace poco parecía cerrada: ¿Es posible que el Congreso se anime a hacer cambios a la ley Promesa?

No es que el fallo judicial haya despejado el camino para revisar el estatuto.

Pero, en momentos en que la JSF, que controla las decisiones fiscales del gobierno de Puerto Rico, ha anunciado que acudirá al Tribunal Supremo de EE.UU. a pedir que se revise el revés que sufrió ante el Primer Circuito de Apelaciones, la posibilidad de cambios o “correcciones” a la ley Promesa no es mera retórica.

Los más optimistas, como el portavoz del Partido Nuevo Progresista en el Senado, Carmelo Ríos, y el portavoz del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, aspiran a que la incertidumbre judicial incentive el debate sobre su propuesta para sustituir la JSF por un síndico o monitor federal.

“Todo el mundo está de acuerdo con que la Junta no funciona... Después de la decisión de Boston y habiendo un término tan cercano como agosto para la sustitución de los miembros, se está mirando el asunto de otra manera”, consideró el senador Ríos, quien prevé regresar esta semana a Washington.

El liderato del Congreso con jurisdicción directa sobre el tema ha reaccionado con cautela a la decisión judicial.

Por ejemplo, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal, Raúl Grijalva, quien ha expresado interés en suavizar los poderes de la JSF, estimó que la determinación judicial no conllevaría una reevaluación sustancial de Promesa.

Lisa Murkowski, la presidenta del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, sostuvo que si hubiese que hacer correcciones a la ley, atenderá el asunto, pero hizo énfasis en que cualquier acción del Congreso requiere una decisión judicial final y firme, y conocer las intenciones del presidente de EE.UU. en torno a si se debe confirmar a los miembros actuales de la JSF o proponer nuevos integrantes.

Desde enero, Ríos y Hernández promueven su plan de enmienda a la ley Promesa, el cual han discutido con funcionarios del Congreso. Bajo la propuesta de los legisladores puertorriqueños, el monitor que sustituiría a la JSF sería nombrado por el Departamento del Tesoro de EE.UU. y tendría menos control sobre los asuntos financieros de la isla.

Consideran que la figura del monitor sería muy similar al síndico, administrador que permite establecer el capítulo 9 sobre una municipalidad.

Los legisladores piensan que están en sintonía con los reclamos de la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, quien llevó la semana pasada ante el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado su denuncia de que la JSF viola el espíritu de Promesa al interferir en asuntos de “política pública”.

Esta objeción del Ejecutivo, sin embargo, no ha encontrado mucho eco en los pleitos que han llegado ante la sala de la jueza Laura Taylor Swain, que atiende los casos asociados a la quiebra de Puerto Rico, y el Primer Circuito de Apelaciones en Boston.

De hecho, la decisión reciente del Primer Circuito de Apelaciones explícitamente reconoce el poder de la JSF de dictar la política pública de Puerto Rico a través de la aprobación de presupuestos y de los planes fiscales.

El único límite que los tribunales han impuesto a la JSF ha sido frenar el intento de nombrar como síndico de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) al saliente oficial de Revitalización, Noel Zamot.

Hernández, en una entrevista con El Nuevo Día, explicó que un asunto clave de la propuesta que elaboró con Ríos es que la JSF dejaría de ser el representante del gobierno en los procesos de bancarrota territorial. Esta función pasaría al gobierno local.

Del mismo modo, el gobierno tendría control sobre el calendario para la aprobación del plan fiscal. La propuesta que hacen también le quitaría el poder de veto a la Junta sobre las medidas que no cumplan con las disposiciones del plan fiscal vigente. Esa determinación, en cambio, pasaría a manos de los tribunales.

En síntesis, las disposiciones de las enmiendas a la ley Promesa propuestas por Ríos y Hernández buscan devolverle al gobierno local muchos de los poderes que perdieron con la aprobación de la ley Promesa en el 2016.

Las propuestas, sin embargo, no necesariamente cuentan con el apoyo de la comisionada residente en Washington, Jenniffer González. “Cualquier versión de una entidad federal que usurpe los poderes constitucionales de las diferentes ramas de gobierno no tendrá mi apoyo. Todos esos entuertos solo reflejan nuestra condición colonial. La igualdad política y económica que persigue la estadidad nos libera de estructuras inventadas que en lugar de acelerar nuestro desarrollo solo limitan nuestro potencial”, expresó la comisionada González.

Cambios prospectivos

Una de las inquietudes en todo ese escenario posible de cambios a la ley Promesa, es qué pasaría con los trabajos adelantados en el manejo de la deuda pública de Puerto Rico.

El jefe de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Christian Sobrino, ha reclamado que los últimos dos años en Puerto Rico han sido “históricos” puesto que con las reestructuraciones de la deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) se había eliminado más del 10% de lo que Puerto Rico debía a sus acreedores.

El funcionario, sin embargo, no mencionó asuntos asociados a la sostenibilidad de estos acuerdos. Una de las críticas principales a la reestructuración de Cofina consistía en que el servicio de la deuda aumentaría en momentos en que se prevé que la economía puertorriqueña decaerá. Esto, en teoría, podría colocar al gobierno local nuevamente en una posición de insolvencia.

La deuda de Cofina es la única que, hasta el momento, se ha podido reestructurar bajo el proceso de bancarrota establecido en el Título III de la ley Promesa. Queda pendiente por resolver los créditos emitidos por el gobierno central como bonos de obligaciones generales y los préstamos tomados por la AEE, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), y la Administración de los Sistemas de Retiro. “Lo que se apruebe tiene que ser prospectivo”, como también resolvió el foro de apelaciones en cuanto a los trabajos ya desarrollados por la JSF, dijo Ríos.

Las enmiendas que se impulsan, sin embargo, podrían ir en contra de la intención que se tuvo con la aprobación de la Ley Promesa y la creación de la JSF, opinó el economista Antonio Fernós Sagebien.

“El espíritu de la JSF busca sacarle de las manos a los políticos las cosas que no han logrado resolver. Los responsables de la crisis son los mismos políticos que trabajaron solo para ser reelectos en lugar de canalizar las mejores prácticas para enderezar las finanzas. Ellos con esto siguen jugando a la política y quieren seguir haciendo lo mismo de siempre sin resolver los problemas”, indicó Fernós Sagebien.

Fuentes del Comité de Recursos Naturales han indicado a El Nuevo Día que el interés de Grijalva por suavizar los poderes de la junta no guarda relación con la propuesta de Ríos y Hernández. Las fuentes acentuaron además que Grijalva –quien encabezará a mediados de mes una delegación de su comité que tendrá reuniones en Puerto Rico-, reconoce las dificultades para lograr un consenso sobre cambios fundamentales a la ley Promesa, a menos que la judicatura obligue al Congreso actuar.

En ese sentido, otras voces del Congreso indicaron que es improbable pensar que los republicanos –que tienen mayoría en el Senado y originalmente propusieron allí control, sin reestructuración de la deuda- van a estar dispuestos a darle más latitud al gobierno de Puerto Rico.

Hernández, sin embargo, argumenta que la inefectividad de la JSF es que no cuenta con la legitimación que provee el proceso democrático. “Si no estoy de acuerdo con la JSF no le puedo votar en contra en las elecciones”, sostuvo el representante Hernández.

Aunque los partidos políticos “tienen (un) problema de credibilidad por la politiquería”, lo cierto es que la JSF se considera “ilegítima”, agregó Hernández.

El representante, sin embargo, no indicó qué legitimación tendría el monitor que élmismo promueve como sustituto de la JSF cuando se trataría de un nombramiento del secretario del Tesoro estadounidense y no un funcionario electo por los puertorriqueños.

“Si el debate es si tenemos un procónsul romano o muchos procónsules romanos, pues creo que no vamos a resolver mucho. En última instancia es todo lo mismo. El poder no sale del gobierno local sino del Congreso”, expresó, por su parte, Mario Negrón Portillo, experto en Administración Pública.

Al mencionar el término procónsul, Negrón Portillo hace alusión a la decisión del Primer Circuito, escrita por el juez Juan R. Torruella, declarando los nombramientos de los actuales miembros de la JSF como inconstitucionales porque no contaron con el consejo y consentimiento del Senado estadounidense.

“Pasaríamos de una Junta nombrada en Washington a un supervisor del gobernador nombrado por Washington. Están buscando la forma de salirnos de la Junta y tenemos algo menos bochornoso o menos malo, pero es volver a la época de la Ley Foraker con alguien que nos diga cómo hacer las cosas y lo que se les ocurre es que en vez de tener a siete personas tendríamos a uno solamente”, contextualizó Negrón Portillo.

El académico resaltó que ninguno de los problemas de fondo se atiende con la propuesta, puesto que ni el gobierno puertorriqueño obtendría bajo el panorama actual los poderes que podrían sacar el país de las penurias fiscales.

Desde el 2016, el gobierno de Puerto Rico apenas hace pagos asociados a la deuda pública. Aun así, ha tenido que hacer maniobras fiscales para poder mantener sus operaciones diarias a flote.

Los expertos consideran que en Washington, la preocupación mayor, más allá del limitado tiempo que puede imponer la judicatura para confirmar los miembros de la JSF, son las implicaciones de que el panel del Primer Circuito de Apelaciones haya considerado a la junta como un ente federal.

Todo el andamiaje de Promesa buscó definir la JSF como un organismo territorial, y desconectar al gobierno federal sobre la responsabilidad de la deuda pública. Si la decisión escrita por Torruella no es alterada por el máximo foro judicial estadounidense, y la Ley Promesa no es enmendada, Trump deberá enviar al Senado, en un plazo de 90 días, los nombramientos de los actuales miembros del organismo fiscal o nuevas personas.

El reloj sigue marcando el tiempo. A menos que otra orden judicial paralice o cambie la decisión del Primer Circuito, el proceso de confirmación tendrá que haber ocurrido para el 16 de mayo.

El reportero José Delgado Robles colaboró en esta historia.