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Esta medida beneficiaría a 852,000 contribuyentes de Puerto Rico. (GFR Media)
Esta medida beneficiaría a 852,000 contribuyentes de Puerto Rico. (GFR Media)

La gobernadora Wanda Vázquez firmó el jueves una nueva versión de la reforma contributiva de diciembre de 2018 (Ley 257-2018) que, entre otras cosas, concede una rebaja adicional de 3% para contribuyentes cuyo ingreso bruto no exceda de $100,000. Esta medida beneficiaría a 852,000 contribuyentes de Puerto Rico.

Dicha rebaja se une a una reducción de 5% ya legislada en el 2018 y que, igualmente, aplicaba a todos los contribuyentes. El proyecto aumenta la exención sobre el pago del impuesto B2B de $200,000 a $300,000.

También se aumenta la exención sobre la Patente Nacional aplicable a los profesionales que sirven al gobierno de $50,000 a $300,000 y se establece una reducción de arbitrios a la producción de espíritus artesanales y vinos frutales.

El impacto fiscal de estas y otras medidas en el proyecto es de $33 millones y la JSF solicitó que los mecanismos de repago superaran esa cifra por 25%. En el proyecto vetado, el beneficio contributivo era de $45 millones.

Las enmiendas son de la autoría del representante Antonio Soto y el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez. Según Soto, cuando se aprobó la nueva medida en febrero, la pieza legislativa contaba con el aval de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Su versión previa, el Proyecto de la Cámara 2172, fue objetada por el ente fiscal al sostener que no contaba con suficientes mecanismos de pago para que la pieza fuera fiscalmente neutral. Por esta razón, la gobernadora vetó la medida, con la recomendación del secretario de Hacienda Francisco Parés.

“La eliminación del impuesto sobre la prestación de servicios rendidos a otros comerciantes y servicios profesionales designados, comúnmente conocido como B2B, se amplía con esta ley para ayudar al 85% de los contribuyentes, ofreciendo la exención para aquellos comerciantes con un volumen de negocios hasta $300,000”, expresó Vázquez Garced a través de un comunicado de prensa.

En la medida también se incluyen nuevamente varios mecanismos de pago contemplados en el proyecto que había sido vetado por la gobernadora, como la eliminación de la Ley de Cascos Urbanos (ahorro de $5 millones), que establece un tope de $3.9 millones sobre los créditos de servidumbre de conservación. También identifica como un mecanismo de pago- la reducción de $500,00 -ya legislada en el 2018- en los créditos que reciben las fundaciones de los exgobernadores.

En cuanto a mecanismos de pago nuevos, se reduce de $50 millones a $38 millones el tope para créditos de producciones fílmicas y le impone una contribución de $5,000 -ahora es $300- por la entrega de cada informe anual presentado por los ciudadanos acogidos a los beneficios de la Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico, anteriormente conocida como la Ley 22-2012.

Ese último aumentó generará $11.9 millones nuevos, según indicó Soto a la prensa.

La nueva Ley 40-2020 leda opción al contribuyente de someter ciertas declaraciones informativas que fueron impuestas en la Ley 257-2018, cuando así lo necesite para tener una deducción en su planilla sobre ingresos. Entre las declaraciones informativas están las de pagos realizados por servicios de telecomunicaciones, servicios de internet o televisión por cable o satélite, anuncios o primas de seguro.

La ley también aclara que las declaraciones informativas para declarar los gastos de agua y luz no serán requeridas. 

En lo que concierne a pequeños y medianos empresarios, la nueva ley elimina el requisito de someter estados financieros auditados para contribuyentes con un volumen de negocios menor a $10 millones para años contributivos y se le da la opción al negocio de someter, en lugar de un estado financiero auditado, lo que se conoce como un Informe de Procedimientos Previamente Acordados.

Además, se crea la figura de agente acreditado especialista para que pueda verificar los gastos de los negocios con un volumen de $1 millón o menos, con que se cubre a más de un 90% de todos los negocios de individuos en la isla. 

De otro lado, el proyecto ordena a Hacienda a emitir el pago del Crédito para Personas Mayores de 65 Años en un término no mayor de 30 días desde que se hace la solicitud.

“Estamos solicitando al secretario de Hacienda, Francisco Parés, a que emita el pago del crédito en un término no mayor de 30 días luego de la solicitud por parte del contribuyente, siempre y cuando se haya presentado todos los documentos e información requeridos. De esta forma, se les hace justicia a nuestros ciudadanos de la tercera edad”.

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