Los legisladores debaten una ley que otorgaría una amnistía al expresidente Evo Morales, en la Cámara de Diputados en La Paz, Bolivia. (AP / Juan Karita)

La Paz, Bolivia — En medio de pedidos de que se esclarezcan las 35 muertes que dejó la crisis poselectoral en Bolivia, el Senado reconoció el martes a los representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Unión Europea por colaborar con la pacificación en la nación andina.

La presidenta del senado, Eva Copa, del partido del expresidente Evo Morales, mencionó a Jean Arnault, enviado de la ONU y León de la Torre, embajador de la Unión Europea en Bolivia, con una resolución en el Día Internacional de los Derechos Humanos.

"Por su cooperación en las negociaciones con todas las fuerzas políticas y lograr una ley que llame a nuevas elecciones", dijo Copa.

La situación de los derechos humanos en el país se volvió crítica tras las elecciones del 20 de octubre en las que Morales se proclamó ganador y generó rechazo y fuertes protestas que cobraron la vida de al menos 35 personas, según la Defensoría del Pueblo.

Los polémicos comicios fueron anulados por graves irregularidades en el conteo de los votos, pero aún no hay un informe sobre los hechos acontecidos en las protestas violentas antes y después de la renuncia de Morales.

En el país se protagonizaron serios cuestionamientos a los representantes de la Defensoría del Pueblo, acusados de favorecer sólo a las familias de los fallecidos del sector afín a Morales.

Paralelamente, desde la Asamblea Legislativa, dominada por el partido de Morales, se busca aprobar una ley de amnistía en favor del exmandatario. Sin embargo, la declarada presidenta interina Jeanine Áñez anunció que no la promulgará. La ley se agiliza en el Congreso después de que el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, denunciara al exgobernante de sedición y terrorismo.

De la Torre, de la UE, agradeció el reconocimiento a su trabajo y pidió que en Bolivia se continúe dialogando para seguir "construyendo estos acuerdos para poder superar viejas divisiones que nada ayuda al país".

"Recordar a las víctimas de los episodios violentos. La treintena de fallecidos y las decenas de heridos que deben ser resarcidos y atendidos para que las heridas de este capítulo, tan extraordinario de Bolivia se cierren para todos", mencionó.

En las primeras protestas, en su mayoría pacíficas, se registraron hechos violentos con choques entre seguidores y críticos de Morales. Varios de los muertos fueron por golpes, pero también hubo por armas de fuego.

Después de la renuncia del exmandatario, el gobierno de Áñez --apoyado por las Fuerzas Armadas y la policía-- también tuvo episodios violentos y se reportaron muertos y heridos de arma de fuego. El gobierno niega que los militares hayan usado sus armas.

Mientras tanto, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está en el país investigando los hechos. A su llegada criticaron un decreto de Áñez que libraba a los militares de penas judiciales. Pero a inicios de mes la mandataria abrogó ese decreto a inicios de mes.

La semana pasada, su gobierno decretó una indemnización para las familias de los fallecidos que asciende a poco más de $7,000 e incluye asistencia humanitaria a los heridos.

La indemnización será otorgada "a los hijos, al cónyuge o conviviente, debidamente legitimado o en su defecto a los padres", señala el decreto.

Human Rights Watch recientemente pidió al gobierno de Áñez dar prioridad y garantizar la vigencia de los derechos humanos.

La misma institución en su informe, antes de los conflictos y durante la gestión de Morales, denunció que hubo un persistente problema de impunidad, delitos violentos y violaciones a los derechos humanos.


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