Soldados vigilan las calles en Acapulco. (AP) (horizontal-x3)
Soldados vigilan las calles en Acapulco. (AP)

Acapulco, México — Francisco, el único hijo de Dominga García, estaba a punto de terminar una maestría en Psicología. Tenía 36 años y ahora le tocaba a él a ayudar a su familia, que se había dejado la piel para intentar sacarle del empobrecido barrio donde vivían en una de las laderas que rodean el famoso puerto de Acapulco.

Arturo, el hijo de 19 años de Elisa Ceballos, estaba en su primer año de universidad. Estudiaba Electromecánica y era la “única esperanza” de futuro para su madre.

Ambos fueron asesinados.

Una familia optó por el silencio para garantizar su seguridad. La otra exigió justicia y, debido a eso, tuvo que dejar su casa y su negocio.

Las pocas alternativas posibles para las víctimas demuestran la complejidad que se vive en muchas partes de México cuando está a punto de acabar el mandato del presidente Enrique Peña Nieto, un sexenio en el que los ciudadanos parecen haber aprendido que su gobierno no les dará ni seguridad ni justicia.

El país podría concluir 2018 con más de 30,000 asesinatos, lo que convertiría este año en el más letal en al menos dos décadas. Pero más desesperanzador que las cifras, es la falta de soluciones. El domingo los mexicanos elegirán a un nuevo presidente que heredará el problema, pero ninguno de los cuatro candidatos ha aclarado cómo afrontará un rompecabezas que ha estado sin solución durante dos presidencias.

Y en pocos lugares de México este problema se vive de forma tan descarnada como en Acapulco. El puerto que a mediados del siglo pasado era el paraíso de los más glamorosos actores de Hollywood comenzó a convertirse en una pesadilla desde que el expresidente Felipe Calderón inició su guerra frontal contra el crimen organizado en 2006. La violencia entonces comenzó a crecer y la ciudad parece inmersa en una espiral de muerte a la que no se ve fin.

Las cifras oficiales hablan de 834 homicidios el año pasado solo en esta ciudad del estado sureño de Guerrero donde, en total, fueron asesinadas 2,530 personas y donde todavía sigue impune y sin aclarar la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en 2014, un caso en el que estuvieron implicadas autoridades locales, policías y posiblemente también el ejército.

“Ha cambiado las vidas de muchas personas aquí en el estado”, comenta Francisco Ramírez, el esposo de García.

A su hijo Paco, como le llamaban todos, lo mataron en diciembre. Su cuerpo fue encontrado en una fosa clandestina con otros tres cadáveres dos semanas después de su desaparición.

Sus padres nunca presionaron para que hubiera una investigación, nunca preguntaron quién era el responsable. Paco no estaba involucrado en actividades criminales, según sus padres. Era un administrador universitario que había trabajado como voluntario por todo el estado con jóvenes en situación de riesgo.

Quien se lo llevó, limpió su cuenta bancaria justo cuando el joven acababa de recibir el aguinaldo navideño. Por eso García cree que el móvil pudo ser el robo. Pero preguntar mucho puede ser peligroso. La familia tiene que mirar por la seguridad de los que todavía viven, sus otros hijos y nietos.

“Yo lo que quería era el cuerpo de mi hijo”, recuerda la mujer. Lo consiguió, y por eso se considera una afortunada en medio de tantas familias que nunca vuelven a saber de los suyos.

García cree que la lucha frontal contra el crimen solo ha servido para aumentar el derramamiento de sangre. “Tiene que haber uno quien ponga la paz”, desea. “Que haya paz, que haya dialogo, para que pueda haber reconciliación”.

Sus palabras traen a la mente las propuestas del candidato favorito en estas elecciones, Andrés Manuel López Obrador, el izquierdista que aboga por las soluciones sociales contra la violencia en lugar del militarismo y quien se atrevió a plantear la posibilidad de conceder una amnistía a ciertos criminales.

Ella no se pronuncia sobre el candidato, pero una pegatina del partido de López Obrador, Morena, adorna la puerta de hierro que tuvieron que poner tras el asesinato de Paco donde antes solo había una cortina.

Muy cerca de allí, en una de las calles estrechas y empinadas de ese barrio, Laura Caballero, candidata a diputada estatal por el Partido del Trabajo, un aliado de Morena, habla con los vecinos como parte de su campaña electoral.

Hace tres años, Caballero tuvo que cerrar su restaurante, uno de los negocios que había tenido desde hacía cuatro décadas en la avenida más turística de la ciudad, debido a las extorsiones que sufría. La semana previa, un hombre que intentaba esconderse de sus perseguidores en el edificio de al lado de ese restaurante fue baleado.

Recordar todo eso enfurece a Caballero, que rechaza la respuesta militarizada que se está dando al crimen en Acapulco, una ciudad donde ya es habitual que efectivos de la Marina patrullen la avenida costera con uniforme y armados hasta los dientes mientras los turistas pasean junto a la playa en bañador.

“Esta es una guerra que no se va a combatir con otra guerra”, asegura.

A su juicio, la ola de crímenes de los últimos años es un problema social que debe atajarse con más oportunidades para los jóvenes, más opciones para que estudien y más deporte. “Que nos dejen vivir en paz”, suplica.

Ahora Caballero habla abiertamente de negociar con el crimen organizado para reducir el derramamiento de sangre, una opción impensable para ella hace una década. “Las circunstancias nos han obligado”.

Edgardo Buscaglia, un experto en delincuencia organizada e investigador de la universidad de Columbia, considera que ese enfoque es una opción desfasada, propia de cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) contralaba el país gracias a ese tipo de alianzas.

“El futuro de México debe acercarse más a Colombia, a Italia, las mejores prácticas de países que han logrado controlar la situación a través de instituciones judiciales”, afirma.

Pero los candidatos no parecen estar a la altura de las circunstancias para este académico, que ironiza sobre las propuestas que se han puesto sobre la mesa para atajar uno de los mayores problemas del país. “Uno hablando de amnistía y el otro hablando de cortarles las manos a la gente”, comentó en alusión al aspirante independiente Jaime Rodríguez, el último en las encuestas y que ofreció esa contundente acción como vía para acabar con la corrupción.

Al día siguiente de que Rodríguez, más conocido como “El Bronco” pronunciara esas palabras, se encontró un cuerpo desmembrado en Acapulco con una nota: "Ya lo dijo el Bronco. Cortarle las manos a los ‘lacrosos’ que roban”

Ninguno de los otros dos candidatos presidenciales, ni el conservador Ricardo Anaya, líder de una coalición de izquierda y derecha, ni el oficialista José Antonio Meade, del PRI, han planteado una iniciativa que suponga un cambio significativo a la estrategia actual.

“Hay un vacío de propuestas en este país”, lamenta Buscaglia.

Las palabras y tácticas del Bronco traen duros recuerdos para muchas familias en Acapulco.

Arturo, el hijo de Ceballos, fue secuestrado por sus compañeros de la universidad en enero de 2013. Ella pagó el rescate pero no valió para nada. Dos días después, el cuerpo de Arturo se encontró tirado en una calle y con signos de tortura.

Todo apunta a que Arturo fue la última víctima de una banda de secuestradores que mataron a 39 personas en Acapulco. Los secuestradores visitaban a las familias haciéndose pasar por sus amigos y así conocer su capacidad económica. Una vez cobrado el rescate, los mataban.

Pero a diferencia de Dominga García, Ceballos no se cruzó de brazos. “Cuando encuentro a mi hijo muerto, igual me dio ese valor decidir: ‘Bueno, voy a llegar hasta las últimas y quiero saber quiénes fueron’”.

Ceballos se había cruzado con los presuntos secuestradores de su hijo en múltiples ocasiones y llevó a los investigadores hasta la casa de una joven que le había invitado a salir el día que desapareció. Asegura que las autoridades cuentan con la confesión de esa mujer y videograbaciones sacadas de sus celulares que muestran las últimas horas de las víctimas.

“Tuve que reconocer el vídeo donde tienen amarrado a mi hijo, donde lo tienen con una cinta en la boca, donde lo tienen vendado de los ojos y donde lo están golpeando, lo están picando, donde lo están torturando”, recuerda la mujer con el dolor todavía presente.

Sin embargo, más de tres años después, ninguno de los detenidos en el caso ha sido condenado.

Hace un año, Ceballos tuvo que huir con los hijos que le quedan cuando uno de los sospechosos fue liberado y, poco después, fue asesinado el padre de otra víctima que había presionado mucho para que la investigación prosperara. Ella asegura que algunos de los acusados por la muerte de su hijo la han amenazado y tiene una cosa clara: si salen libres, se tomará la justicia por su mano.

“Me compraría un arma y haría el intento de acabar con dos o tres”, sentencia. “A eso me están obligando las autoridades, no porque yo lo quiera hacer, pero me están obligando a ser una asesina igual que ellos.”


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