El gobierno australiano multó a la compañía Promedical Equipment, a la cual la puertorriqueña Apex decía que le iba a comprar un millón de pruebas serológicas para detectar COVID-19, por haber reclamado o implicado en su página web y en sus redes sociales que sus pruebas tenían la aprobación de las autoridades de ese país y de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).