La Paz, Bolivia — La oposición y analistas cuestionaron el martes a la justicia boliviana y la acusaron de favorecer al expresidente Evo Morales, exiliado en Argentina, luego de que fuera anulada una orden de aprehensión en su contra.

Mientras tanto, una comisión de la Asamblea Legislativa dominada por el Movimiento Al Socialismo (MAS) -el partido de Morales- acelera la aprobación de dos juicios contra el gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez.

“Esto es para allanar el retorno de Morales, este es el primer paso... mientras los azules (MAS) ya están iniciando su cacería de brujas con los que piensan diferente con ayuda de la justicia”, dijo Gonzalo Barrientos, diputado crítico al partido de Morales.

La víspera de la orden de arresto contra Morales quedó sin efecto “porque no se citó debidamente al expresidente”, dijo el magistrado Jorge Quino, titular del Tribunal de Justicia de La Paz, donde está radicada la demanda por sedición y terrorismo interpuesta por el Ministerio de Gobierno.

La justicia había anulado antes otra orden de aprehensión contra el exministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta, por el supuesto fraude electoral en los comicios de octubre de 2019.

El exministro se encuentra actualmente refugiado en la embajada de México en La Paz junto con otras seis exautoridades del gobierno de Morales tras el estallido social después de las elecciones que dejó 36 fallecidos y obligó a Morales a renunciar a la presidencia después de casi 14 años de gobierno.

Morales tiene al menos ocho procesos ante la justicia boliviana. Entre ellos la demanda por un audio en el que supuestamente se lo oye instruyendo a sus seguidores a “cercar ciudades” para impedir el ingreso de alimentos durante las protestas de hace un año.

Desde Argentina el exmandatario expresó que quiere retornar al país después de que su exministro de Economía, Luis Arce, ganara por una amplia ventaja las elecciones el 18 de octubre pasado.

A días de la asunción de Arce, la Asamblea Legislativa anunció que invitó a Morales.

Barrientos también criticó que en los últimos días de su mandato la Asamblea intente enjuiciar a Áñez por un decreto en el que liberó de culpa a las fuerzas del orden durante los conflictos, que luego la gobernante dejó sin efecto, y por los fallecidos en enfrentamientos entre simpatizantes de Morales y militares.

“Es un inicio nefasto, de volver a manipular la justicia. Con esto parece que el árbitro cambia de polera como si fuera un partido de fútbol y trata de jugar con la autoridad de poder”, dijo el presidente del colegio de abogados de La Paz, Israel Hugo Centellas, a la televisora RTP.

Por su parte, la exmagistrada del Tribunal Constitucional, Silvia Salame, explicó que tanto Morales como el exministro de Justicia aún tienen procesos penales abiertos y deben defenderse.

“La justicia es para todos, porque no se puede aplicar una justicia para los amigos y otra para los enemigos”, agregó.