Henry Neumann (extrema izquierda) , Luis Berdiel y Héctor Martínez fueron los autores de la resolución. (Ramón “Tonito” Zayas)

El Senado aprobó esta tarde una resolución conjunta que le otorgaría 48 horas (proceso "fast track)" a entidades de gobierno o municipales para expresarse en torno a solicitudes de demolición de estructuras.

Sin embargo, se incluyeron importantes excepciones a la regla mediante enmiendas. La Resolución Conjunta 467 ahora será evaluada por la Cámara de Representantes.

La pieza fue aprobada con 25 votos a favor, mientras que Juan Dalmau Ramírez y Miguel Pereira votaron en contra.

La resolución conjunta de los novoprogresistas Henry Neumann, Luis Berdiel y Héctor Martínez se radica en momentos en que cientos de estructuras en el suroeste del país han sufrido daños a causa de la secuencia sísmica que comenzó el 28 de diciembre.

La medida no define el concepto de "daños", y su contenido no fue discutido en vistas públicas.

La pieza legislativa fue enmendada en sala esta tarde para obligar a las agencias o municipios que necesiten más de 48 horas a consignar las razones para extender su periodo de evaluación.

También se enmendó para requerirle a cualquier peticionario de un permiso de demolición que entregue evidencia certificada por un profesional -que no se identifica en la resolución- si interesa refutar la determinación de la agencia de solicitar más tiempo.

En los casos en que exista una controversia, el proceso para la determinación final debe completarse en 15 días laborables.

Al defender la medida, Berdiel dijo que, solo en el casco histórico de Ponce, hay 26 estructuras con daños significativos, incluyendo el condominio Ponciana. Igualmente habló sobre edificios que podrían colapsar y que requerirían ser demolidos en Guayanilla, Peñuelas y Guánica. En la medida no se define el término "daños significativos".

Según Berdiel, la intención de la medida es superar la “burocracia de la permisología” para aprobar demoliciones. “Que cuando vayan a las agencias de gobierno a solicitar permisos de demolición, que esas entidades del gobierno no lo dejen en el olvido y pasen dos o tres mes cuando se puede atender de manera expedita”, dijo.

El portavoz popular Eduardo Bhatia fue uno de los que levantó bandera roja sobre la medida. A modo de ejemplo, indicó que una entidad como el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), que atraviesa por una escasez de personal, se vería obligada a actuar apresuradamente.

“La consecuencia sería que las agencias le dirían “no” a todas las peticiones”, dijo Bhatia.

El senador independiente José Vargas Vidot dijo que, si bien entiende la premura con que se debe atender el tema, cuestionó cómo sería el proceso expedito cuando se trata de una estructura privada y si se tendría que expropiar la estructura primero. También advirtió que estarían en riesgo estructuras históricas.

“Hay que explicar esto. No se trata de cualquier edificio. Hay una interrogante importante”, dijo.

Dalmau Ramírez denunció que la medida habla de "cualquier daño" y también advirtió sobre la amenaza que representa sobre estructuras históricas.


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