Así reaccionaron los líderes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos "Johnny" Méndez, tras reunirse con Ricardo Rosselló

El liderato novoprogresista del Senado exigió ayer evidencia que demuestre que la derogación de la Ley 80 de Despido Injustificado tendrá el efecto de impulsar la economía del país, mientras que la Cámara de Representantes busca que el Ejecutivo justifique “el valor” de ese estatuto.

Así quedó establecido ayer luego que el gobernador Ricardo Rosselló se reuniera con la Conferencia Legislativa del Partido Nuevo Progresista, horas después de haber anunciado un acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) como parte del proceso para crear el presupuesto del gobierno para el próximo año fiscal.

El cónclave terminó sin un acuerdo o compromiso claro de que la Legislatura aprobará las medidas que darán paso a lo negociado por el gobernador y la organismo federal.

“Lo que nos dijo (el gobernador) es que va a someter un proyecto y que nos pide que lo evaluemos. En el caso del Senado, lo vamos a evaluar. Vamos a exigir la información y si nos convence, lo apoyamos. Pero si no hay datos que sostengan la posición de eliminar la Ley 80, en mi caso en particular, no tiene paso. Sin datos no se aprueba”, dijo el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien fue el primero en salir de la reunión que duró poco más de una hora y media.

El acuerdo con el ente a cargo de las finanzas de la isla implica que no habrá recorte a los presupuestos de la Oficina de Asuntos Federales (Prfaa), la oficina de la comisionada residente y la Legislatura. La Oficina del Gobernador tendría un alza total en su presupuesto que rondaría el 67%.

A cambio, no se tocaría el bono de Navidad ni las licencias por vacaciones y enfermedad de los empleados.

La Ley 80 concede beneficios a los trabajadores del sector privado por despidos injustificados y además establece los derechos de antigüedad de los empleados.

El presidente del Senado dijo que “desde hace tiempo” ha solicitado a la JSF “datos” que sustenten que la derogación de la Ley 80 impulsará el crecimiento de la economía.

“La información que hemos recibido, toda, es en contra de eso”, afirmó el senador, que estuvo distanciado del gobernador cuando este salió a atender la prensa.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, dijo que se tiene que “justificar el valor de la Ley 80. Hay otras leyes protectoras (de los trabajadores)”.

Y, de inmediato, aludió a la Ley de Madres Obreras y la Ley Contra el Discrimen en el Empleo. Rechazó que el acuerdo con la JSF implica que entregaron la Ley 80 a cambio de más presupuesto.

El Nuevo Día supo mediante tres fuentes distintas que Rivera Schatz cuestionó al gobernador durante la reunión por qué hizo el anuncio del acuerdo sin antes comunicárselo a los legisladores de su partido y encomendando a la Legislatura -en un comunicado de prensa- la derogación de la Ley 80 en o antes del 27 de junio y con efectividad en o antes del 1 enero de 2019, mientras el Ejecutivo se atribuía logros,como evitar que se eliminara el bono de Navidad.

Ante el reclamo del presidente senatorial, Rosselló se excusó diciendo que esa no era su intención. Hubo legisladores que le expresaron su oposición a derogar la Ley 80 y otros dijeron lo contrario, afirmaron las fuentes. Méndez, por su parte, dijo que podía “vivir sin la Ley 80”, indicaron las tres fuentes.

Rosselló, entretanto, sostuvo a su salida de la reunión que, según “economistas que hemos podido ver”, la eliminación de la Ley 80 impactaría positivamente la economía en .2%.

Rafael Romeu, economista de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, ha dicho que modificar las leyes laborales en Puerto Rico es necesario, pero no en este momento tras el huracán María.

Cero evidencia

De hecho, el economista Antonio Fernós dijo que no hay evidencia que sustente que eliminar la Ley 80 empujará la economía.

“Se supone que creará menos gastos a los patronos, pero nada más. Es parte de la teoría de trickle down economics que dice que reducir costos e impuestos a los patronos redunda en más dinero disponible para aumentar la inversión y, por ende, reclutar. Nadie en Puerto Rico ha estudiado las condiciones del mercado de trabajo. El efecto real de la eliminación de la Ley 80 es que todo empleado es de fácil remoción, (como) empleado de confianza”, apuntó.

Por su parte, el exsecretario del Departamento del Trabajo Ruy Delgado dijo que la derogación de la Ley 80 tiene el efecto de dejar sin protección a un empleado contra el “despido arbitrario y caprichoso”, amparo que existe desde hace más de 100 años. Dijo que desde 1886, el Código de Comercio de Puerto Rico brinda esa protección, lo que evolucionó hasta la Ley 80 de 1976.

Además, precisó que eliminar ese estatuto afectaría mayormente a la mujer trabajadora y los empleados con mayor tiempo en una empresa que, regularmente, son los de salario más alto.

“El patrono no los había botado porque tenía que pagar la mesada y no tenía justificación para hacerlo. De la misma manera, la situación se torna más difícil para la mujer trabajadora porque la Ley de Madres Obreras prohíbe el despido sin justa causa de la mujer embarazada. Si se elimina la Ley 80, a los varones se les podrá despedir arbitrariamente y caprichosamente, pero a la mujer no porque la ley lo prohíbe. La posibilidad de que la mujer consiga trabajo va a ser peor. Es un discrimen indirecto”, apuntó al recordar que las mujeres son la mayoría en la fuerza laboral.


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