Rafael "Tatito" Hernández cuestionó cómo era posible que el informe no fuera referido a las autoridades federales, como podría ser la Oficina del Inspector Generar el Agricultura. (GFR Media)

Los representantes Gabriel Rodríguez Aguiló (Partido Nuevo Progresista) y Rafael "Tatito" Hernández (Partido Popular Democrático) resaltaron que los directivos del Departamento de la Familia y la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef) han arrastrado los pies con las pesquisas sobre la intervención de figuras de la política en la repartición de suministros adquiridos con fondos federales para los damnificados de los terremotos que siguen afectando a varios municipios del sur y suroeste.

Mientras la postura de Rodríguez Aguiló en torno al secretario interino de Familia, Eddie García Fuentes, fue un poco más tibia en entrevista con El Nuevo Día, Hernández tronó contra el funcionario y contra su asesora legal. Ambos, al igual que Fuentes García y Coraly Veguilla, directora interina de la Oficina de Asesoramiento Legal del Secretariado, participaron esta mañana en una vista pública de la comisión especial de la Cámara de Representantes creada para investigar la respuesta del gobierno a la emergencia de los terremotos.

La comisión es presidida por Rodríguez Aguiló.

Durante la vista, García Fuentes reconoció que el informe interno final que concluyó que la exadministradora de Adsef, Surima Quiñones, puso en riesgo fondos federales al permitir la participación de políticos como la senadora Evelyn Vázquez y el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, fue finalizado el 24 de febrero, pero la ahora exfuncionaria no fue notificada hasta el 6 de mayo que había sido despedida, a pesar de estar suspendida sumariamente desde enero.

De hecho, García Fuentes indicó que no fue hasta el 12 de mayo, cuando el informe ya había sido filtrado a la prensa, que notificó al secretario de la Gobernación, Antonio Pabón, sobre su contenido. A esta fecha, el informe no ha sido remitido al Departamento de Agricultura Federal, que administra lo que se conoce como el Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS, por sus siglas en inglés). Es bajo ese programa que se repartieron suministros a damnificados mediante el Programa de Asistencia de Alimentos de Emergencia (TEFAP, por sus siglas en inglés).

García Fuentes argumentó durante la vista que cayó enfermo en marzo y no fue hasta el 2 de abril que se reunió con Veguilla para discutir el contenido del informe. Supuestamente se le envió a Quiñones por correo la notificación de despido, pero por problemas con su dirección postal, no la recibió hasta el 6 de mayo.

Rodríguez Aguiló dijo que no le dio credibilidad a las expresiones de García Fuentes, al menos en lo concerniente a las razones sobre por qué tardaron tanto en notificar a Quiñones, cuya suspensión por parte la exsecretaria de la Familia, Glorimar Andújar, le costó el puesto. Incluso Pabón desautorizó la suspensión de Quiñones cuando primero fue notificada en enero.

“Tiene que haber habido intervención para detener el informe”, dijo Rodríguez Aguiló. “En cuanto al referido a las autoridades federales dijeron que estaban esperando porque las autoridades federales se comunicaran con ellos”, dijo Rodríguez Aguiló, quien indicó, al igual que García Fuentes, que el Departamento de Agricultura Federal conoce de las irregularidades en Adsef. De hecho, el Departamento de Justicia de Puerto Rico realiza una pesquisa sobre el asunto.

A mí me sorprende (la lentitud) y si nosotros en la Cámara hacemos el informe parcial, si para ese momento ellos no lo han enviado, nosotros lo vamos a enviar como parte de los referidos”, dijo Rodríguez Aguiló al indicar que García Fuentes se comprometió en hacer llegar a la Cámara una versión no tachada del informe. “Es importante que FNS tenga conocimiento de que se suscitó una situación, pero hubo una intervención de Familia y una reacción proactiva para proteger los fondos”.

De hecho, García Fuentes reconoció que, si Andújar no ordenaba la investigación contra Quiñones, una supuesta protegida de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, entonces se hubiesen puesto en juego fondos federales de todo el Departamento de la Familia, incluyendo los programas PAN y TANF.

“Andújar hizo lo correcto y le costó el puesto frente a una persona protegida por La Fortaleza”, dijo Rodríguez Aguiló.

Como parte del informe interno de Adsef, Quiñones, según los investigadores, reconoció durante una entrevista como parte de la pesquisa que había incumplido con regulaciones federales impuestas por FNS “al expresar que no se habían realizado censos en las comunidades impactadas ni tampoco pudo proveer evidencia sobre las autorizaciones de dicha dependencia federal en cuanto a los cambios de logística de distribución de alimentos…”.

“Cuando se mueven esos suministros para distribuirlos, eso requería una notificación y una autorizado del FNS y García lo reconoce para el récord”, sostuvo Hernández.

“Ella reconoce en el informe que no había hecho el censo, que se habían movido las provisiones sin el endoso de la FNS y tercero, y lo dice bien claro García, que para la distribución de esos fondos no podía haber la presencia de funcionarios electos”, agregó el portavoz popular.

Hernández cuestionó cómo era posible que el informe no fuera referido a las autoridades federales, como podría ser la Oficina del Inspector Generar el Agricultura.

“Él no contestó nada”, dijo Hernández al hablar de García Fuentes. El legislador popular argumentó que no se ha hecho el referido para no poner en peligro fondos federales.

“Ella (Veguilla) reconoce y él (García Fuentes) reconocen para el récord que si hubieran referido antes de despedir a Surima, se hubieran congelado los fondos”, agregó.


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