Carmelo Ríos y María Milagros Charbonier. (GFR Media) (semisquare-x3)
Carmelo Ríos y María Milagros Charbonier. (GFR Media)

La llegada del senador novoprogresista Carmelo Ríos a la Comisión Conjunta de Revisión del Código Penal en el cargo de copresidente ha dado paso a una disputa pública con la copresidenta, su correligionaria representante María Milagros Charbonier.

Luego de más de dos años de inactividad de la citada comisión, Ríos quiere iniciar vistas públicas sobre posibles enmiendas al Código Penal. Ríos llegó a la copresidencia ante la salida del senador Miguel Romero, quien perdió la silla y otras, como la presidencia de la Comisión de Gobierno, luego de que cambiara su postura en torno al proyecto que restringe el aborto.

Ahora Ríos quiere activa la comisión, pero Charbonier entiende que no es el momento.

Este pasado miércoles se suponía que se diera una reunión entre Ríos y Charbonier para acordar la agenda de trabajo.

"Convoqué de buena fe una reunión con la representante Charbonier y puso como condición que tenía que ser en su oficina. Yo no estoy aquí para ver quién manda y quién no manda. La comisión, de parte del Senado, tiene una agenda y se va a trabajar", dijo Ríos a El Nuevo Día. "Si ella no reconoce lo que es el trabajo, tengo que explicarle que hay dos copresidentes y que la comisión no se ha movido en dos años".

Según el también portavoz de la mayoría en el Senado, fue un asesor de Charbonier quien le dijo que, como condición para que se diera la reunión, se tendría que efectuar en la oficina de la legisladora.

"Tiene que ser como ella diga y donde ella diga. No tengo tiempo para eso", sostuvo Ríos. "No puede ser una niñería de que él venga a donde mí y diga que yo (Charbonier) mando".

Charbonier explicó a El Nuevo Día que ha tenido que lidiar con una emergencia familiar y por eso no pudo participar en una primera reunión que convocó Ríos hace unas semanas.

"No tengo problemas con reunirme, pero estoy bregando con el cierre de sesión y no quiero tener un issue con el Senado. Tengo legislación que tengo que sacar y no voy a trabajar nada del Código Penal. En agosto tendré mejor disposición", sostuvo Charbonier, quien reconoció que puso como condición que la reunión del miércoles fuera en su oficina.

"Tengo mis cosas allá", dijo.

Vistas públicas

Ríos, en medio de la discusión de proyectos neurálgicos de cierre de sesión como el presupuesto y el Código de Incentivos, convocará vistas públicas para recibir información que daría paso a sobre 10 proyectos de ley de enmiendas al Código Penal. El senador confirmó sus intenciones con El Nuevo Día días después de celebrar su primera reunión con el componente del Senado de la Comisión Permanente de Revisión del Código Penal.

“Dentro de unas semanas. Esto es rápido”, indicóRíos al referirse a las vistas a celebrarse en las sedes de las escuelas de derecho. Según dijo, quiere terminar el proceso para radicar entre 10 y 15 proyectos de enmiendas en la próxima sesión.

El componente del Senado de la Comisión Conjunta, de hecho, participará el 7 de junio en una sesión especial convocada por el Tribunal Supremo para el estudio y discusión del Proyecto de Reglas de Procedimiento Criminal. Allí se estarán delineando los cambios más importantes y se atenderán dudas de la comunidad jurídica.

Se trata de un proyecto confeccionado por el Comité Asesor Permanente de Reglas de Procedimiento Criminal, cuyo producto final tendría que ser refrendado, íntegro o con enmiendas, por la Legislatura.

El evento se llevará a cabo en el Hotel Condado Plaza y contará con la participación de jueces, municipales, superiores, del Tribunal Apelativo y del Tribunal Supremo. Igualmente, representantes de las escuelas de derecho, 40 fiscales, 20 procuradores de menores y 40 abogados de la Sociedad para la Asistencia Legal.

Ríos sostuvo que no pretende redactar un nuevo Código Penal, cuya versión vigente, con múltiples enmiendas para, entre otras cosas, crear nuevos delitos y aumentar penas, data del 2012. El senador por Bayamón dijo, por ejemplo, que se inclina a legislar para reducir ciertas penas, aunque no entró en detalles. También quiere atemperar el Código Penal a los avances tecnológicos en campos como la inteligencia artificial, el uso de drones y también quiere atender industrias emergentes de dónde podrían salir delitos nuevos como el cáñamo y el cannabis medicinal.

“No tengo en mente implementar penas mayores. Hay que decidir qué sistema penal queremos, si uno punitivo y unos tratadistas dicen que eso no detiene el crimen y estamos los que pensamos que las penas deben ser para rehabilitar, no para almacenar gente”, indicó Ríos, quien recordó que la Junta de Supervisión Fiscal ha ordenado el cierre de cárceles. “No es un freebie (regalito) para todo el mundo ni vamos a dejar que la gente haga lo que le dé la gana”, agregó.

Sin embargo, tan reciente como esta pasada semana la Cámara de Representantes avaló un proyecto del Senado que establece una pena fija de cárcel de tres años a todo convicto de hostigamiento en el lugar de trabajo o de estudio. Ese delito se trabaja actualmente como uno menos grave con una pena carcelaria de no más de seis meses o una multa de hasta $5,000.

El legislador también quiere atender el tema de la certeza de las penas. Aunque aseguró que no quiere eliminar el sistema de bonificaciones, dijo que lo que busca es que “lo que te sentencien sea lo que vas a cumplir”. Mencionó la posibilidad de establecer en el sistema Estatal el mecanismo de puntos a nivel federal, que sirve como guía para que los jueces dicten sentencias basándose en el historial criminal de la persona y la gravedad del delito.

“Eso uniforma el proceso”, argumentó Ríos al reconocer que está buscando quitarles discreción a los jueces. El también abogado planteó que quiere acabar con la práctica de que por “el mismo delito” acusados reciban diferentes sentencias dependiendo del juez o la jueza que vea su caso.

La Comisión Conjunta de Revisión del Código Penal ha estado inactiva durante todo el cuatrienio, aunque a través de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, que dirige Charbonier, se han evaluado decenas de proyectos dirigidos a enmendar el Código Penal, entre estos el que se convirtiera en la Ley 27-2017 para recrudecer penas como en el caso de apropiación ilegal de fondos públicos, disponer que en la reincidencia se tome en consideración las convicciones por delito grave ocurridas dentro de los 10 años previos, cuando antes eran cinco años previos, el nuevamente convertir en delito grave el escalamiento, convertir en delito grave obstruir o paralizar obra de construcción con los permisos necesarios y tipificar como delito de una máscara para alterar o intervenir en actividades de una institución educativa.

Un integrante de la Comisión Conjunta, el representante independentista Denis Márquez, dijo en entrevista por separado que es una buena noticia que se quiera examinar y evaluar enmiendas al Código Penal, pero recordó que igualmente el Tribunal Supremo está evaluando las reglas de procedimiento criminal que “van de la mano con el Código Penal”.

“El Código no se puede ver en un vacío. Hay que ver todo como un conjunto”, dijo.

Márquez fue más enfático en la necesidad de reducir penas.

“Los cambios que hubo luego de que se aprobara el Código Penal (del 2012) han provocado que se aumenten las penas y hay múltiples delitos en que la pena mínima es de tres años. Están acabando con los delitos menos graves… si crees en la rehabilitación no puede ser encerrar a la persona y tirar la llave”.

Márquez dijo que ha hecho un examen comparativo de penas carcelarias en otros países y ha notado como, por ejemplo, en España las penas por delitos similares a los tipificados en Puerto Rico, particularmente aquellos contra la propiedad, conllevan sentencias mucho menores.

“Me sorprenden y mira que yo soy liberal en estos temas”, dijo. “Es que no nos podemos olvidar de la parte social, la desigualdad social la pobreza y cómo esos elementos están vinculados al delito”, agregó al sostener que por esos factores es que es importante preservar la discreción de los jueces al aplicar sentencias.

Otro elemento que Márquez quisiera examinar es el de la procesabilidad, partiendo de la premisa de un supuesto fenómenos en que individuos declarados no procesables por los tribunales terminan en la cárcel por falta de camas en los hospitales psiquiátricos.


💬Ver 0 comentarios