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(GFR Media/Archivo)

El escrutinio del plebiscito celebrado el 11 de junio se reanudará el lunes, luego de que ayer un panel del Tribunal de Apelaciones confirmara una determinación de la jueza Lauracelis Roques Arroyo, quien dictaminó que la expresidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Liza García, había enmendado contrario a la ley el reglamento que gobierna el escrutinio a los fines de darle participación a los partidos políticos minoritarios, que boicotearon el proceso de campaña y de participación electoral.

La estadidad se impuso el 11 de junio con el 97% de los votos y con una participación del 23% de los electores hábiles.

“Consecutivamente hemos prevalecido en los foros judiciales en todos los casos presentados en contra de la CEE, lo que demuestra que hemos actuado conforme a los principales de la ley, reglamentos y la democracia, y ahora el tribunal les propina otro revés a las intenciones del PPD (Partido Popular Democrático) y el PIP (Partido Independentista Puertorriqueño) en su “Junte Colonialista” de frustrar y socavar la credibilidad del pasado plebiscito con el fin de entorpecer la descolonización inmediata de Puerto Rico”, dijo ayer en declaraciones escritas la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Norma Burgos.

En la decisión también se determina que habrá una auditoría del sistema del escrutinio electrónico y no una auditoría de los colegios. Según Burgos, la intención de los partidos minoritarios era conocer qué electorales, entre estos posibles correligionarios, desobedecieron el llamado al boicot.

La controversia del derecho se centraba en una decisión tomada por García, quien enmendó el reglamento del escrutinio para incluir como “representantes” de las opciones de estatus a miembros del PIP y el PPD en las mesas del escrutinio. Según el Tribunal de Apelaciones, la ley orgánica del plebiscito les reconocía a estos partidos nombrar lo que se conoce como directores de mesa, que actuarían como observadores en el escrutinio, pero sin poder de resolver controversias en cuanto a la adjudicación de votos.

Ese esquema se mantiene igual con la orden del tribunal, por lo que cada partido sigue teniendo derecho a 20 directores de mesa, para un total de 60.  La presencia de esos directores, según el Tribunal de Apelaciones, es evidencia de que los partidos políticos no están totalmente excluidos del proceso.

Serán, sin embargo, los representantes “oficiales” de las alternativas de estatus, los que participarán activamente del escrutinio. La estadidad está representada por el PNP, la libre asociación por Alianza Patria y la independencia por el grupo Marchemos.

La ley que dio paso a la celebración del plebiscito disponía que las organizaciones que quisieran se tenían que certificar para ser representantes de las alternativas en el escrutinio.

““Notamos que la legislación que gobierna este proceso plebiscitario fue clara en su texto original y en sus enmiendas en relación a que organizaciones formarían parte del proceso de escrutinio e incluyó un proceso de certificación de extremo detallado. Mediante el mismo, aquellas organizaciones que interesaran participar, debían ser certificadas como representantes de alguna alternativa de status”, lee la resolución del panel conformado por los jueces Migdalia Fraticelli Torres, Juan Hernández Sánchez y Misael Ramos Torres.

De hecho, en el escrito se sostiene que los partidos que no cumplieran con los requisitos de certificación “no tendrían derecho a considerarse como representantes principales de ninguna alternativa”.

El Tribunal de Apelaciones había ordenado detener el escrutinio el 7 de julio, luego de que un día antes anunciara, sin detener el proceso, que los recurrentes en el caso tenían hasta el 12 de julio para entregar sus alegatos.

Ese 7 de julio, por separado, los comisionados del PPD y el PIP, Miguel Ríos y María de Lourdes Santiago, respectivamente, esbozaron públicamente sus principales reclamos a favor de que sus colectividades participaran del proceso, incluyendo la adjudicación de votos.

Por ejemplo, Santiago mencionó que en dos días de escrutinio -el proceso fue detenido a mitad de camino- se habían descubierto irregularidades “muy graves” como un colegio de añadidos a mano con cuatro electores firmando, pero con 70 papeletas votadas.

“Si alguna duda quedaba de la importancia de la presencia de los partidos de oposición en el escrutinio, quedó disipada con los hallazgos que ya han salido a la superficie”, dijo Santiago aquel día.

Para ese 7 de julio se habían contabilizados 1,178 colegios de un total de 4,257. 

Ríos dio sus propios ejemplos de anomalías como la mezcla de votos añadidos a mano y papeletas regulares, un colegio con 91 firmas y 109 votantes y otros colegios en que no cuadraban las cifras por 20, 35 y 41 votos.


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