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En un periodo relativamente corto, de unos 25 años, la economía de Puerto Rico pasó de ser una predominantemente agrícola a una de las jurisdicciones industrializadas con mayor crecimiento económico.

Esa aceleración de la economía puertorriqueña se debió, principalmente, a dos estatutos que subsanaban los altos costos operacionales de las empresas por establecerse en Puerto Rico: la sección 931 del Código de Rentas Internas estadounidense y la Ley de Incentivos Industriales de Puerto Rico, establecidas en el 1947 y 1948, respectivamente.

La sección 931 concedía exención contributiva al dinero que generaban las empresas estadounidenses por sus operaciones en Puerto Rico. La ley local, por su parte, eximía de contribuciones por un periodo de 10 años a las empresas nuevas.

El modelo económico lo que buscaba era que empresarios estadounidenses invirtieran en Puerto Rico, creando fábricas que impulsaran la producción puertorriqueña, explica  Eliezer Curet Cuevas  en el libro “Economía Política de Puerto Rico”. Los incentivos contributivos y la mano de obra barata eran un gran atractivo para las empresas.

El gobierno puertorriqueño fue efectivo en la promoción de los incentivos y en la creación de zonas industriales donde albergar las operaciones de estas fábricas. Según datos del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, para el 1949, en Puerto Rico había 55,137 personas empleadas en la manufactura. Para el 1972, la cifra ya alcanzaba las 149,748. 

“Paralelo a esto comienza la alternancia política. Ahí dejan de pasar los crecimientos altos porque no tienes un consenso para tener iniciativas a largo plazo de desarrollo económico”, indicó el economista  Gustavo Vélez.

La prioridad política de aquel entonces era  generar ahorros en el gobierno que se pudieran invertir en proyectos que mejoraran la productividad de los puertorriqueños.

Los gastos en proyectos que no impulsaran directamente la productividad, como lo sería la conservación de los recursos naturales y la recreación ciudadana, no tenían prioridad, por ejemplo, en la agenda inicial del primer gobernador electo,  Luis Muñoz Marín.


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