Nydia Velázquez es parte del liderato demócrata que ha cuestionado los potenciales conflictos de la JSF. (GFR Media) (vertical-x1)
Nydia Velázquez es parte del liderato demócrata que ha cuestionado los potenciales conflictos de la JSF. (GFR Media)

Washington - La congresista demócrata Nydia Velázquez (Nueva York) ha circulado un borrador de legislación que persigue evitar los conflictos de intereses de empresas consultoras en la reestructuración de la deuda de Puerto Rico, como el que se ha denunciado de la empresa McKinsey.

Según el texto que ha circulado, la medida permitiría al tribunal rechazar compensaciones en casos de conflictos de intereses de empresas consultoras, abogados, contadores públicos autorizados u otros profesionales vinculados al proceso de reestructuración de la deuda de Puerto Rico.

La idea ha ganado respaldo dentro del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja y ha sido apoyada por importantes sectores demócratas.

Aunque ha favorecido la idea, en términos generales, la comisionada residente Jenniffer González puede estar buscando excluir a las empresas de la isla de la prohibición, según fuentes del Comité de Recursos Naturales. Ni la congresista Velázquez ni González respondieron este fin de semana mensajes de El Nuevo Día.

Las fuentes tampoco han precisado si se quiere intentar que el proyecto de ley se apruebe por consenso antes que el Congreso termine sus trabajos esta semana -si logran un acuerdo sobre el presupuesto y el financiamiento del muro de Donald Trump, principalmente- o si sus posibilidades son para 2019.

McKinsey, la firma de consultoría más grande del mundo, asesora a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que controla las finanzas del gobierno de Puerto Rico, a la vez que una de sus subsidiarias tiene, al menos, $20 millones en bonos de la isla.

Este fin de semana, un reportaje del diario The New York Times destacó cómo McKinsey es una de las empresas estadounidenses que hace negocios en países con un historial negativo en la defensa de los derechos humanos, “en ocasiones, avanzando, en vez de frenar, las tácticas polémicas de los principales rivales de Estados Unidos”.

McKinsey, por su parte, ha indicado que acepta trabajos cuando considera que puede hacer una contribución positiva y que su labor no es política, sino dirigida a ayudar a la gente a tener mejor vida.

The New York Times había destacado también, en septiembre, que McKinsey tiene deuda pública de la isla, particularmente de COFINA, cuya reestructuración –bajo críticas de economistas-, ya aprobó el ente fiscal y va en enero a manos de la jueza Laura Taylor Swain.

Según la JSF, McKinsey podrá facturar hasta $15.4 millones por sus tareas durante el año fiscal 2018-2019, cerca de una cuarta parte de todo su presupuesto, que es de $64.7 millones.

En el Congreso, los potenciales conflictos de intereses de McKinsey en el proceso de reestructuración de la deuda han llamado la atención del liderato demócrata del Congreso.

“Queremos obtener una respuesta de la JSF sobre cualquier potencial conflicto de intereses, como lazos familiares, profesionales, financieros, y de cabildeo de sus miembros y los potenciales beneficiarios de sus políticas públicas fiscales, como el Banco Popular, el Banco Gubernamental de Fomento y Santander Securities”, precisaron a principios de diciembre 34 legisladores federales, convocados por el Caucus Progresista, en una carta al presidenta de la Junta, José Carrión III.

El próximo presidente del Comité de Recursos Naturales, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), ha indicado que la agenda que quiere impulsar  en 2019 incluye examinar el potencial conflicto de intereses que puede haber en el funcionamiento de la JSF y las medidas de austeridad que impone el plan fiscal.

La carta enviada el 6 de diciembre a Carrión por 34 demócratas incluye a tres posibles aspirantes a la candidatura presidencial demócrata, los senadores Elizabeth Warren (Massachusetts), Bernie Sanders (Vermont) y Kirsten Gillibrand (Nueva York).

“La ley (Promesa) no cerró huecos para evitar conflictos de intereses”, indicó la congresista Velázquez, cuando se unió a la carta a Carrión.


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