La nominada secretaria de Justicia acudió a su vista de confirmación en el Senado y así reaccionó cuando fue abordada por la prensa.

La nominada secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, se amparó esta mañana en la Ley Orgánica del Departamento de Justicia para evitar comentar o rendir cuentas sobre el avance de varias investigaciones que son de conocimiento público y que son trabajadas por la dependencia que dirige.

A juzgar por las expresiones de varios legisladores esta mañana en su vista de confirmación en el Senado, Longo Quiñones será confirmada al cargo. De hecho, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, le dijo que votará a favor y ayer sostuvo que su aprobación estaba garantizada. La sesión en que se discutirá su nombramiento será mañana.

El primer senador en preguntarle sobre el estatus de varias investigaciones lo fue el popular Cirilo Tirado, quien le cuestionó sobre el avance en pesquisas como el chat de Telegram, las denuncias de Raúl Maldonado sobre la supuesta “mafia” en el Departamento de Hacienda, el mal manejo de suministros por parte del gobierno tras el paso de María y la solicitud por orden judicial de la entrega de los celulares del publicista Edwin Miranda y el contratista Elías Sánchez.

“No podemos comentar por eso mismo. Las investigaciones son un proceso confidencial bajo la ley orgánica del Departamento de Justicia. Segundo, quiero darle espacio a mis investigadores y fiscales para que hagan esas investigaciones de forma ecuánime, concienzuda y completa. Ese es mi rol”, respondió la nominada. “Quiero darles ese espacio”, agregó.

En un aparte con periodistas, Longo Quiñones insistió en su postura, aún frente a preguntas sobre trámites procesales.

Por ejemplo, se rehusó a contestar si el recurso de apelación radicado en el Tribunal de Apelaciones por los abogados de Miranda y de Sánchez, quienes buscan detener la entrega de las unidades, tenía el efecto automático de dejar sin efecto la orden del juez Alberto Luis Pérez Ocasio –solicitada por Justicia- para que sí se entregaran los celulares.

“Nosotros no vamos a discutir lo que va a pasar. Es que no vamos a discutir la investigación porque no puedo decir qué le interesa hacer el Departamento de Justicia en un caso que está en curso”, contestó Longo Quiñones a periodistas. Cuando se le insistió de que se trataba de un asunto procesal, Longo Quiñones respondió que realmente se le estaba pidiendo una opinión legal y que estaba impedida a ofrecerla.

“El deber ministerial es proteger los procesos del Departamento de Justicia y respetar las investigaciones. No es publicar lo que voy a hacer sino hacer lo que debo hacer conforme a derecho”, sostuvo la nominada, quien fue presentada en la audiencia por el exsecretario de Justicia y cabildero republicano, José Fuentes Agostini.

Fuentes Agostini fue su jefe brevemente en Justicia cuando ella se desempeñó como su ayudante especial y del también exsecretario Ángel Rotger Sabat.

Longo Quiñones sí confirmó lo que es de conocimiento público, como que Justicia está investigando el contenido del chat de Telegram y las alegaciones de Maldonado. En el primer caso, la agencia está realizando lo que se conoce como una investigación preliminar cuyo resultado sería referido a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente. Sobre Maldonado, la exsecretaria de Justicia y actual gobernadora, Wanda Vázquez, advirtió que citaría a Maldonado a testificar so pena de desacato, pero nunca se hizo esa gestión.

Longo Quiñones, sin embargo, fue evasiva cuando se le preguntó si Justicia investiga ilegalidades en el Capitolio.

“Sabes que no puedo comentar sobre las investigaciones que tenemos en curso”, contestó. Justicia sí refirió a las autoridades federales la pesquisa que dio paso a la radicación de cargos a nivel federal contra los contratistas Isoel Sánchez y Crystal Robles y el exdirector de la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado, Ángel Figueroa Cruz.

¿Hay o no hay?, se le insistió a Longo Quiñones sobre la pesquisa en el Capitolio.

“No le puedo confirmar”, señaló. “No puedo comentar con respecto a investigaciones”.

En otros temas, Longo Quiñones, quien fue fiscal federal por siete años, indicó que continuará la colaboración entre las jurisdicciones estatal y federal, pero aseguró que no existe una regla específica sobre qué casos son referidos por Justicia al gobierno federal. Además del caso contra Robles, Sánchez y Figueroa Cruz, Justicia también inició la investigación sobre la firma de contadores BDO Puerto Rico, que también redundó en cargos criminales contra su presidente, Fernando Scherrer.

“No hay una política sobre qué casos se refieren. Depende del caso”, dijo Longo Quiñones, quien estuvo acompañada en la vista por sus hijos, su esposo, el magistrado federal Marshall Morgan y sus padres: los doctores Concepción Quiñones de Longo y Fernando Longo Rodríguez.

También estuvieron presentes en la vista múltiples fiscales y el expresidente del Banco Gubernamental de Fomento, Marcos Rodríguez Ema.

“Va a depender de la naturaleza del cargo y va a depender de cuán adelantadas estén las investigaciones”, dijo.

En su turno de preguntas, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, trajo a colación las protestas de julio de 2019 que culminaron con la renuncia del pasado gobernador Ricardo Rosselló y cómo un grupo de manifestantes fue al Viejo San Juan “a vandalizar”.

Longo Quiñones planteó, a preguntas del también senador penepé Henry Neumann que el gobierno actuó correctamente.

“Mi impresión es que nuestro proceso jurídico y de ley funcionó de una manera en que me enorgullece. Fue un proceso en que el cual, mediante el uso de recursos del gobierno, se creó un espacio para que las manifestaciones fueran unas que terminaran en un plano de paz, que se garantizaran los derechos de expresión”, dijo.

Críticos del gobierno han señalado que la Policía pretendió abolir el derecho a la libre expresión al dar por terminadas, utilizando gases lacrimógenos y otras tácticas, las protestas frente a La Fortaleza a cierta hora de la noche.

“Fue Valioso ver el esfuerzo del gobierno de Puerto Rico por educar y adiestrar adecuadamente a los funcionarios de ley y orden… eso se vio”, dijo.

Sobre la tasa de esclarecimiento de delitos, que según cifras de la Policía se ubica en 23% al tomar en cuenta todos los delitos Tipo I, Longo Quiñones insistió en la complicada tarea de radicar un caso.

“En el Departamento de Justicia el procesamiento por cargos criminales se ciñe por la investigación de cada caso. Los procesos de investigación criminal son arduos, difíciles y cada caso tiene su ruta distinta y tiene mucho que ver con la evidencia envuelta”, dijo Longo Quiñones. “Cada caso es un mundo y a veces las estadísticas no reconocen esa realidad”.

Longo Quiñones, de otra parte, confirmó la salida, efectiva este pasado lunes, de Olga Castellón como jefa de los fiscales. Castellón llegó a Justicia mediante un destaque y regresó a su plaza de fiscal federal. La sustituye Arlene Gardón como jefa de los fiscales, mientras que Inés Carrau ocupa la posición de subjefa de fiscales.

Preguntada sobre si le interesa reclutar a la renunciante jefa de fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez a algún cargo o contrato con Justicia, Longo Quiñones fue cuidadosa al sostener que en la agencia “estaríamos muy dispuestos a terna con ella una conversación una vez ella se ponga a nuestra disposición”.

¿Lo han conversado?, se le preguntó.

“No hemos discutido los planes de la fiscal Rodríguez”, contestó.

En su turno de preguntas, la senadora penepé Migdalia Padilla le preguntó a Longo Quiñones si tenía suficiente presupuesto para que Justicia hiciera el trabajo correctamente.

“Todavía tenemos plazas o nombramientos que están pendientes y se necesitan para dar el servicio”, dijo Longo Quiñones al referirse a plazas de fiscales, registradores, procuradores y abogados. La funcionaria anunció que el jueves pasado se hizo una solicitud ante la Junta de Supervisión Fiscal para que la agencia pueda utilizar el dinero generado por las Oficinas del Registro de la Propiedad.

“Se pueden atender unas deficiencias presupuestarias en nómina y en personal. Queremos que se nos permita usar ese ingreso propio para atender necesidades”, dijo.

En el aparte con periodistas, la nominada dijo que se trata de una partida de más de $20 millones, delos cuales $1.5 millones van a lo que se conoce como el Fondo de Mecanización. Justicia aspira a tener acceso al resto del dinero, que actualmente se encuentra en el Fondo General.


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